RAFAEL SIMANCAS

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó recientemente por unanimidad una iniciativa propuesta por el PSOE que instaba al Gobierno a liderar una estrategia para la protección de la propiedad intelectual en el entorno digital, con pleno respeto a los derechos de los usuarios de la red, y a partir del acuerdo entre los sectores afectados: operadores tecnológicos, creadores, industrias culturales y consumidores.

Los avances tecnológicos en el ámbito de la comunicación y la sociedad del conocimiento abren un horizonte de posibilidades inmensas para el desarrollo social, económico y cultural. Con la generalización progresiva del uso de Internet, la creación cultural multiplica sus oportunidades de innovación y de difusión; el disfrute de la cultura se expande y se democratiza; y las industrias culturales disponen de nuevos modelos de emprendimiento.

Sin embargo, la consecución de un equilibrio razonable entre Internet y Cultura está aún pendiente de cómo seamos capaces de afrontar el reto de conciliar dos derechos básicos de ciudadanía y dos estrategias claves de país. El derecho a la libre circulación en los entornos digitales debe equilibrarse con el derecho a la protección de la propiedad intelectual y el derecho del creador sobre sus obras. Si el primero es inviolable, el segundo es también fundamental en una sociedad democrática y desarrollada.

Hacer de España un país puntero en la utilización eficaz de las nuevas tecnologías de la comunicación resulta imprescindible para alcanzar los niveles de desarrollo a los que aspiramos. Pero este objetivo estratégico ha de ser compatible con el objetivo no menos importante de consolidar y fortalecer nuestra industria cultural, que supone ya cerca del 5% de nuestro PIB y en torno a un millón de puestos de trabajo directos.

No sería aceptable que el empeño erróneo de una parte de la industria cultural frenase el desarrollo tecnológico de la sociedad española. Y tampoco sería razonable que las cuentas de resultados de las empresas tecnológicas se multiplicaran a costa de debilitar la industria cultural que hace posible la creación. El futuro pasa indudablemente por una convergencia de intereses y estrategias entre los operadores de las redes tecnológicas, los titulares de derechos en los contenidos culturales y los propios internautas.

La gran mayoría de los operadores en Internet actúan de manera irreprochable. Sin embargo, en la red proliferan también usos ilícitos que vulneran el derecho a la propiedad intelectual. A pesar de la actividad intensa desplegada desde el Gobierno y los principales actores institucionales, sociales y empresariales, la llamada “piratería cultural” sigue creciendo. Los problemas que ocasiona esta situación son graves y de calado. Si el creador no encuentra respeto y retribución para su obra, está razonablemente tentado a dejar de crear. Si las empresas de contenidos no recuperan sus inversiones en las producciones culturales, dejarán de promoverlas. Si el creador no crea y el productor no invierte, nuestro desarrollo cultural, nuestro turismo, nuestra economía y nuestro empleo se resienten.

No se trata de crear una especie de Gran Hermano en la red, ni de establecer controles generalizados y a priori. No se trata de restringir el uso de Internet o criminalizar a sus protagonistas. Ni siquiera se plantea acabar con el acceso gratuito a determinados contenidos en condiciones acordadas con sus propietarios. Antes al contrario, se trata de asegurar los derechos y las libertades de todos, operadores, creadores e internautas. Y todos deberán acomodar sus prácticas en la red al respeto de los derechos de los demás. Por ejemplo, unos renunciando a actividades ilícitas, y otros adaptando sus empresas a los nuevos modelos de negocio que posibilita la red.

Este es el camino que señala Europa. El Consejo de Ministros de Cultura de la Unión Europea, reunido en Bruselas el pasado día 20 de noviembre, acordó impulsar una iniciativa común para proteger la propiedad intelectual en los entornos digitales. El Gobierno de España viene desarrollando desde el año 2005 un Plan integral para la disminución y eliminación de las actividades vulneradoras de la propiedad intelectual, el conocido Plan Antipiratería, que incluye medidas preventivas, de sensibilización social, de cooperación público-privada, de formación de profesionales en la seguridad, y de modificaciones normativas.

La estrategia que acaba de iniciar el Congreso de los Diputados debería desarrollarse a partir de tres pasos. En primer lugar, la intensificación de los esfuerzos desplegados en el Plan Antipiratería en marcha, orientándolos prioritariamente al entorno digital. En segundo lugar, la invitación a todos los operadores del sector, en las empresas tecnológicas, en el mundo de la creación y las industrias de contenidos culturales, y en los consumidores y usuarios de la red, para que lleguen a un acuerdo sobre la mejor manera de acomodar derechos y objetivos. Y, en tercer lugar, la traslación de esos acuerdos en una normativa consensuada que aporte seguridad jurídica y eficacia. Ya se ha registrado en el Congreso una propuesta para crear la subcomisión que habrá de estudiar la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.

Nos jugamos mucho en este empeño. España aspira a ser una sociedad líder en la globalización tecnológica. Y este loable propósito ha de hacerse compatible con el objetivo, no menos importante, de proteger y promover la inteligencia, el conocimiento, la creación cultural y la industria que la sostiene. Ahí está precisamente buena parte de nuestro valor añadido como economía, y como sociedad.

Rafael Simancas es portavoz de Cultura del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados

Ilustración de Daniel Roldán