Recuerdo los últimos meses de mi abuela en una residencia de Toledo, que dependía del arzobispado de la capital manchega. Fueron momentos aterradores, al menos así lo percibí yo, hasta el punto de que mi abuela llegó a decir que no se comía un cocido peor desde la posguerra. Algún familiar y yo decidimos poner cartas en el asunto y mostramos nuestro enfado ante tal agravio. No era solo eso, se equivocaban con la medicación que les daban, había personas sin atender, las mismas trabajadoras llegaron a reconocer de manera anónima que los residentes estaban desatendidos, que eran muy pocas para todos los cuidados que necesitaban. Ni que decir tiene que la Sor que dirigía el cotarro hizo caso omiso de nuestras reclamaciones, y mi abuela falleció al poco tiempo de aquello. Esos hechos y los acaecidos en esa residencia me marcaron sobremanera y cuando llegó la pandemia de covid y vi cómo murieron miles de personas en las residencias de la Comunidad de Madrid -hablo de donde vivo y lo que he podido conocer más de cerca-, reviví esos momentos de dejadez hacia las personas más vulnerables. No puedo comprender que se trate con esa falta de empatía a toda una generación que contribuyó con todo su sudor para que gozáramos de derechos y de bienestar social. Echo de menos mayor implicación institucional y social a la hora de abordar un tema tan delicado, que nos afecta directamente a la sociedad entera aunque prefiramos mirar hacia otro lado por no querer ser conscientes de un futuro que será similar o peor al que están viviendo en las residencias madrileñas.

Comida caducada, podrida o en mal estado, calor por la falta de aire acondicionado, habitaciones con temperaturas que pasan los 30 grados, qué más tiene que ocurrir para que nos movilicemos en masa y protejamos a estas personas que sufren en silencio porque casi nadie les da voz. ¿Qué más tiene que pasar?, ¿acaso tienen que morir más de 7.000 personas sin atención médica? Mucho tiempo antes de eso, de esa pandemia mundial que asolaría al planeta entero y que se llevaría a los más vulnerables, habíamos salido a las calles pidiendo una sanidad pública universal y de calidad. No se nos escuchó, muy al contrario, se decidió llevar a cabo una de las mayores privatizaciones sanitarias y fue en la Comunidad de Madrid, la misma en la que después no habría respiradores para todos, ni camas para todos, ni atención para todos.

Hemos presenciado momentos que jamás imaginaríamos, hemos visto de cerca el infierno y hemos preferido cerrarle la puerta para no quemarnos. Pero el fuego sigue ahí, esperándonos a cada uno de nosotros, se trata de si queremos mirarlo de frente y afrontarlo y cambiar el estado de las cosas o mantenernos impasibles, como una sociedad individualista y sumisa.

Creo que las instituciones deberían intervenir y regular el mercado de las residencias, creo que debería de tratarse de un servicio público estatal, en el que se pueda controlar todos los agravios que sufren los residentes y se deba responder por ello. Las instituciones deben aportar más profesionales de los cuidados y remunerarles como es debido, para que puedan hacer su trabajo de una manera digna y de este modo, aportar calidad de vida y dignidad en nuestros últimos años. No podemos hablar de democracia o estado de derecho si se vulneran los derechos de las personas más vulnerables, sean cual sean, no podemos hablar de bienestar social cuando una parte de la sociedad sufre y no es atendida o escuchada.

Viene una nueva ola de calor, que será dura especialmente sin los medios adecuados para hacerle frente. En habitaciones que pasan los 30 grados de calor y que remueven el aire caliente con ventiladores precarios, no se puede hacer frente a las inclemencias del tiempo. El Gobierno Central debería intervenir si no se cumplen adecuadamente las condiciones de vida digna, y todo parece indicar, tras cientos de denuncias interpuestas, que en muchas residencias de la Comunidad de Madrid se está ignorando el bienestar de los residentes. Me pregunto por qué la concesión de licencias para instalar residencias de ancianos concertadas y su gestión dependen de la Comunidad de Madrid y no del Gobierno central.

Los mayores lo dieron todo por nosotros, devolvámosles algo de lo mucho que nos dieron.