Javier Sánchez Serna

Portavoz de educación de Podemos en el Congreso

El lamentable espectáculo que está ofreciendo el Partido Popular, con el continuo reguero de imputaciones y entradas en la cárcel de dirigentes del partido, está eclipsando uno de los momentos más importantes de cualquier legislatura: los Presupuestos Generales del Estado. Aunque no retumbe en las calles, ni se estén haciendo eco de ello en las tertulias televisivas, esta semana estamos celebrando (es un decir) una serie de comparecencias de altos cargos del Estado que acuden al Congreso de los Diputados para dar cuenta de los presupuestos que presentan.

Este miércoles le tocaba el turno al Secretario de Estado de Educación, FP y Universidades, Marcial Marín. Como era de esperar, el leit motiv de su intervención se ha centrado en el (supuesto) incremento del presupuesto de educación para el ejercicio 2017. Pero es que esto es cierto sólo desde un punto de vista meramente cualitativo, e incluso, ni mirado así podemos aplaudir los presupuestos en Educación. Si nos quedamos sólo con las cifras, el presupuesto de Educación cuenta con 2.525 millones de euros, lo que supone un aumento de apenas 40 millones respecto a los presupuestos del año anterior, es decir, un 1,7% más. Pero para hacer una valoración con perspectiva, aunque siga siendo estrictamente cuantitativa, no debemos perder de vista que en el año 2010 la financiación que manejaba el Ministerio de Educación, justo antes del giro austericida de Zapatero, era de casi 3.100 millones de euros.

Pero como decíamos, la valoración del presupuesto de Educación no debe limitarse sólo a las cifras, por muy buenas o malas que sean, sino que ha que tener en cuenta a qué se destina el dinero y de qué manera. Desde este punto de vista, el presupuesto sigue siendo insuficiente, precario y, sobre todo, no está en condiciones de abordar los problemas estructurales a los que se enfrenta nuestro Sistema Educativo. Por ello, muchas de las dudas y cuestiones que quería exponerle hoy en el Congreso al Secretario de Estado tenían que ver con cuestiones fundamentales que se me antojan contradictorias o no suficientemente claras.

En los presupuestos generales del Estado, que el Gobiernos del Partido Popular presenta para sostener y mejorar la educación, contamos con 600 millones menos de inversión de los que tenía el Ministerio en 2010. Esto, además, se suma a los recortes de los años anteriores y que nos mantienen como un país con uno de los niveles de inversión más bajos de la media europea: 4,3% frente al 5,6% de la media de los países de la OCDE, y más lejos aún de los países con mejores resultados en PISA, que invierten una media del 7%. Por lo tanto, lo cuenten como lo cuenten, estos no son los presupuestos de la vuelta a la normalidad, sino unos presupuestos para normalizar la excepción que persiguen que la gente se acostumbre a unos servicios públicos devaluados y, en concreto, a una educación pública infrafinaciada.

Son, además, unos presupuestos que consolidan la desigualdad, ya que se recorta en partidas muy importantes. En concreto, disminuye la financiación del programa de formación permanente del profesorado (576.000 euros menos), en el programa de Educación Infantil y Primaria (2.300.000 euros menos); en Educación Secundaria y Profesional (35 millones de euros menos); en educación en el exterior (pierde casi un millón de euros); y en Educación Compensatoria (460.000 euros).

Entre todos estos recortes, resulta especialmente sangrante el de la formación del profesorado, máxime cuando el PP nos dice todas las semanas -en la Subcomisión por el Pacto Social y Político por la Educación- que la formación del profesorado es la pieza clave para mejorar el sistema educativo. Sin duda, resulta contradictorio mantener este tipo de afirmaciones y que no se vean reflejadas en los presupuestos.

También es penoso el bajo presupuesto en el programa de Educación Compensatoria, apenas 4.600.000 euros, lo que unido a la desaparición absoluta del Programa de Educación Especial nos da alguna clave de las razones que ha podido llevar al Gobierno a cambiar el rumbo respecto a las reválidas y ahora anuncie que se podrá titular con dos suspensos. De no ser así, y con tales presupuestos, las cifras de fracaso escolar se les dispararían.

Por mucho que el Gobierno anuncie sus presupuestos con frases bonitas de prosperidad educativa, si no se atiende a las necesidades del alumnado, se está desatendiendo de facto la premisa de la educación universal porque escolarizar, en el sentido de tener a alguien dentro de cuatro paredes, no es lo mismo que atenderle y educarle. Y para eso hace falta presupuesto.

Estos presupuestos tampoco abordan una de las demandas más repetidas por la comunidad educativa, la universalización de una red pública en la etapa de 0-3 años. Está claro que los cheques guardería, en las comunidades en las que los hay, deben de ser un negocio muy suculento, dadas las reticencias a incluir la gratuidad en esta etapa educativa.

El programa de becas es, por otra parte, el programa estrella de los presupuestos, pues de los 2.525 millones destinados a educación, casi 1.500 están dedicados a este capítulo. Se trata, en todo caso, de un incremento claramente insuficiente para unas familias que, a pesar de todo el discurso gubernamental, no perciben recuperación alguna y viven con temor la llegada de sus hijos e hijas a la universidad. No sabemos tampoco los criterios que piensan aplicar para el acceso a estas becas (que ya endurecieron en otros ejercicios), ni la cuantía de las mismas.

Pero, sin duda, el titular de la jornada ha llegado cuando el ínclito Secretario de Estado ha anunciado una bajada de las tasas universitarias. Será, sin duda, la noticia que todos los medios recojan. Sin embargo, lo que Gobierno pretende no es bajar las tasas sino pasarle la “patata caliente” a las Comunidades Autónomas y a las universidades públicas. Es muy difícil que una Comunidad Autónoma asfixiada, y fuertemente intervenida por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pueda afrontar este reto. Distinto sería que el Gobierno se planteara algún tipo de excepción en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que los entes autonómicos pudieran invertir en esta materia. Pero no parece ser el caso, de modo que este anuncio se queda en la categoría de fuegos artificiales. Marcial Marín no ha despejado ninguna de nuestras dudas y, por el contrario, ha generado otras. La conclusión principal a la que podemos llegar, con los datos que proporcionan los distintos programas, es que estamos ante las cuentas que consolidan los recortes y el abandono de la educación como política pública.

No estamos, en ningún caso, ante unos presupuestos que reparen el daño infligido años atrás, sino ante unas cuentas que abandonan a su suerte a los alumnos con necesidades y que confirman el deterioro a la atención a la diversidad certificando la falta de compromiso del Partido Popular con el principio de la igualdad de oportunidades. Pero es que son también las cuentas de la insolidaridad con el profesorado.

Por más que el Gobierno de Rajoy haga ingeniería con los números y lo adorne con palabras, de ser aprobados estos presupuestos, la educación pública va a seguir sufriendo una espiral de desinversión. De hecho, al ritmo que fijan estos presupuestos, tardaríamos 20 años en revertir los recortes del PP y PSOE. Un camino a ninguna parte.