La investidura que querría la monarquía

Por difícil que parezca, son muchos los monárquicos, conservadores y progresistas, que se escandalizan con este tipo de afirmaciones. Que no contemplan que la monarquía pueda perseguir fines políticos propios. Que la consideran una institución meramente simbólica, por encima de cualquier interés de clase, casi aséptica en sus actuaciones. Y, sin embargo, como se ha vuelto a constatar antes y después de las elecciones del 23 de julio, las inclinaciones ideológicas de la Corona, sus simpatías en materia económica, están ahí. Y si se intentan barrer disimuladamente bajo los muebles, en algún rincón, aunque no tardan en arremolinarse y salir a la superficie al primer golpe de viento.

El uso del artículo 99 al servicio de una investidura de ‘orden’

La primera propuesta de investidura de Felipe VI es un claro ejemplo de cómo una monarquía que la Constitución define como parlamentaria, sigue atribuyéndose márgenes de actuación que el propio ordenamiento jurídico no le reconoce. En este caso, es innegable que el PP presionó para que su candidato, Alberto Núñez Feijóo, fuera propuesto a como diera lugar. Pero no lo hubiera conseguido sin el concurso del monarca. De hecho, cuando comenzaron las consultas a los partidos, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, advirtió al Rey de algo que era evidente: que no existían las condiciones para proponer un candidato a la investidura. No sólo eso: le sugirió abrir un tiempo para explorar con calma la posibilidad de una mayoría parlamentaria. Felipe VI hizo caso omiso. A pesar de que no había ningún indicio de que el candidato del PP pudiera recabar apoyos suficientes, el monarca lo propuso como candidato a la presidencia. Y lo hizo sin apenas consultarlo con la recién elegida presidenta del Congreso, Francina Armengol, algo que el propio artículo 99.1 de la Constitución prevé.

He aquí, pues, una primera muestra de “inclinación ideológica” de la Corona confirmada por lo que se constató de inmediato. Que la dependencia de Feijóo de los 33 diputados de Vox era un obstáculo insalvable para conseguir la mayoría parlamentaria. Y que sin esa mayoría, lo único que le quedaba al candidato del PP era hacer un uso fraudulento del artículo 99 de la Constitución, para desgastar al candidato del PSOE, Pedro Sánchez, e intentar que José María Aznar e Isabel Díaz Ayuso le concedieran algo más de vida política como líder de la oposición.

En su discurso en el Congreso, Feijóo se quejó de que algunos hubieran descalificado “la coherente propuesta de Su Majestad el Rey”. Tirando de ironía gallega, sostuvo que nadie podía pretender que el monarca justificara su decisión amparándose en “las publicaciones en redes sociales de los partidos que se negaron a acudir a Zarzuela, como establece la Constitución”. Lo cierto es que no hacía falta indagar en los arcanos digitales para saber que la dependencia de Feijóo de los votos de Vox eran un impedimento claro para ir más allá de sus apoyos iniciales. Era evidente. Pero el candidato optó por burlar el precepto constitucional y contó para ello con el inestimable apoyo del Rey.

El Rey como coartada anti-Sánchez del PP

En devolución del favor recibido, Feijóo utilizó a la Corona para justificar la peculiar moción de censura anti-Sánchez que ensayó desde la tribuna del Congreso. No era difícil hacerlo. El candidato del PP tenía muy presente que uno de los momentos constituyentes del reinado de Felipe VI fue su discurso del 3 de octubre de 2017. En él, el monarca dio por buenas las cargas policiales ordenadas por el gobierno del PP contra miles de personas que dos días antes habían votado pacíficamente en Catalunya, en un referéndum sin efectos legales. Que el Rey validara esas actuaciones, auto atribuyéndose un papel exorbitante de Rey-soldado, antes que de “moderador” o “árbitro” (artículo 56.1 de la Constitución) nunca pasó inadvertido para el PP. No sorprende, de hecho, que el propio Feijóo advirtiera a Sánchez de que amnistiar a quienes facilitaron esas votaciones o a quienes protestaron por la represión era inadmisible porque equivalía a “discutir la intervención del Rey en 2017”.

Sea como fuere, lo cierto es que fue la querencia de Felipe VI por una “investidura de orden” lo más conservadora posible, lo que lo llevó a plegarse al fraude constitucional de Feijóo. Y no lo hizo con disimulo. Exhibió la misma complicidad que, ya en la legislatura anterior, exhibió aproximándose a los sectores del Poder Judicial más cercanos al PP y a Vox. Por ejemplo, cuando llamó al presidente del Consejo General del Poder Judicial y ex alto cargo durante el gobierno de Aznar, Carlos Lesmes, para decirle que “le hubiera gustado” asistir a la apertura del año judicial, a pesar de que el Gobierno que refrenda sus actos (artículo 64 de la Constitución) se lo había desaconsejado.

El apoyo de Felipe VI a un pacto restaurador del viejo orden

Esta disposición del Rey a actuar de manera menos deferente con la mayoría parlamentaria cuando esta no es de derechas no supone una excepción. Es verdad que durante el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos el monarca se cuidó de no llevar la tensión al límite. Así, cuando varios actores de orden, como el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, dieron su apoyo a los indultos a dirigentes del Procés, el Rey se avino también a “dejarlos pasar” y prestó su aval a pesar de la rabiosa presión de la ultraderecha para que no lo hiciera.

Ninguno de estos gestos, sin embargo, puede darse por descontados. De momento, por ejemplo, la Casa Real ha evitado gesto alguno que pueda indicar un apoyo a la amnistía para los encausados por los hechos acaecidos en los últimos años en Catalunya. Ha dado, eso sí, algunas pistas. No inequívocas, pero reveladoras, una vez más, de sus “inclinaciones ideológicas”.

El 19 de septiembre, una semana antes de la investidura fallida de Feijóo, Felipe VI acudió a una velada convocada por el diario La Vanguardia. Con José María Aznar o Isabel Díaz Ayuso como invitados, la Casa Real consintió un gesto relevante. Al acabar la cena, el monarca se acercó junto a su mujer, Letizia Ortiz, a saludar “simpáticamente” a Jordi Pujol, defenestrado unos años antes por acusaciones de corrupción.

Este saludo a alguien tan polémico como el ex presidente de la Generalitat de Catalunya decía muchas cosas. Era un acercamiento, no tanto a Junts, como a la vieja Convergència i Unió. Era un saludo al partido nacionalista conservador, de orden, con el que Felipe González, Aznar y el propio Juan Carlos I de Borbón habían trabado relaciones privilegiadas durante la edad de oro del imperfecto bipartidismo monárquico español.

Uno de los casos más de esas relaciones privilegiadas salió a la luz en enero 2017, cuando fuentes vinculadas a los servicios de inteligencia españoles informaron que se estaban negociando tratos judiciales de favor a Pujol y a sus hijos a cambio de que el primero no desvelara información sensible sobre Juan Carlos de Borbón. Concretamente, que este tenía dinero en la cuenta suiza Soleado, en la que también ocultaba dinero el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, estrechamente vinculado al PP.

Con la foto pública de reconciliación entre Felipe VI y Pujol, la Casa Real enviaba un mensaje político sutil pero nítido: que su eventual apoyo a una amnistía o a una nueva fase de diálogo con Catalunya no era indiferente al tipo de escenario resultante de ellas. Que pasaba por la restauración de un viejo orden caracterizado por vínculos políticos, y sobre todo económicos, previos al Procés. El apoyo a una ‘investidura de orden’ que sirviera para rehabilitar las políticas de la antigua Convergència estaría al alcance tanto de Feijóo como de Sánchez. Pero el mensaje era claro. Si sus respectivos partidos la aceptaban, Felipe VI podía dejar atrás al fiero Rey-soldado del 3 de octubre de 2017 y dar paso al amable Rey-moderador que, ya en una visita a Barcelona en 1990, en pleno entendimiento entre Pujol y su padre Juan Carlos I, se consideraba “tan heredero de Jaime el Conquistador como de Carlos V o de Felipe V, lo que me obliga a asumir el pasado como totalidad, sin buenos ni malos ni separaciones entre los unos y los otros”.

La construcción de Leonor como heredera

Todos estos movimientos de la Corona durante la investidura han transcurrido sobre un telón de fondo no menor: el de la construcción de Leonor de Borbón como futura heredera al trono. Al alcanzar la mayoría de edad, la princesa de Asturias debería jurar la Constitución ante las Cortes el próximo 31 de octubre. Su juramento es relevante, ya que simboliza la continuidad de la monarquía en la familia Borbón. A partir de él, si Felipe VI muriera, abdicase o se declarase incapacitado, Leonor asumiría automáticamente la Jefatura de Estado, sin necesidad de una regencia.

La agenda previa al juramento de la princesa también ha venido cargada de una simbología que la Casa Real no ha descuidado. La más relevante de todas, dejar claro que la heredera al trono ejercerá, ante todo, la jefatura de las Fuerzas Armadas. Este mensaje ha aparecido reforzado por el ingreso de Leonor de Borbón en la Academia General Militar, para llevar a cabo una formación de tres años. Desde entonces, la Casa Real ha ido facilitando a los medios de comunicación todo tipo de fotografías dirigidas a construir la imagen de la Reina-soldado: la dama cadete Borbón Ortiz reptando bajo una alambrada; sobreviviendo en una piscina con el agua al cuello y cargada con equipo de combate; preparándose para disparar un fusil o recibiendo el sable de oficial de manos de un veterano.

Tan intensa ha llegado a ser la presencia mediática de la instrucción militar de la heredera al trono, que hizo acto de presencia incluso en la fallida investidura de Feijóo. Durante una de las sesiones, el diputado de ERC Gabriel Rufián espetó al líder de Vox, Santiago Abascal, que Leonor de Borbón tenía “más mili” que el líder ultra. Mientras tanto, la agenda militar de la princesa ha experimentado un vertiginoso in crescendo. 6 de octubre, participación en una ofrenda a la Virgen del Pilar, junto a otros cadetes de la academia militar. 7 de octubre, juramento a la bandera, un hito relevante de la formación militar que se consuma con un beso a la enseña como símbolo del compromiso de la heredera al trono de defender a España. 12 de octubre, más que posible participación en el desfile militar presidido por sus padres en ocasión de la llamada “Fiesta Nacional”. 31 de octubre, juramento de su cargo ante las Cortes y posterior reencuentro, en una reunión familiar, en el Palacio de El Pardo, con su abuelo Juan Carlos I, ya con residencia fiscal en Abu Dabi, donde sigue adquiriendo bienes con dinero de origen dudoso, y cada vez más presente en la vida española con la excusa de su participación en las regatas del Real Club Náutica de Sanxenxo.

Obviamente, ninguno de estos hitos con los que se intenta preparar el acceso al trono de Leonor de Borbón configura una institución simbólica, imparcial, por encima de intereses sociales o religiosos. Más bien lo contrario: configura a la monarquía como una institución conservadora, estrechamente ligada al Ejército, a la Iglesia Católica y a un nacionalismo de Estado poco disimulado.

Por una investidura plurinacional, ecosocial, feminista y republicana  

Toda esta operación, vastamente publicitada, contrasta con la idea de que Leonor vendría a modernizar la Corona y a adaptarla a los nuevos tiempos. Por el contrario, reafirma la idea de que las monarquías hereditarias son instituciones vetustas, que frenan, en lugar de propiciar, avances democráticos impostergables en el siglo XXI.

La prueba más acabada de esto último fue la relación de la Casa Real con el papel de la selección española en el mundial femenino de fútbol en Australia. La Reina Leticia Ortiz y la infanta Sofía de Borbón se saltaron todos los protocolos para celebrar el triunfo de las jugadoras de la selección. No obstante, tras el escándalo producido por el beso no consentido y por la arrogante actitud del ahora ex presidente de la “Real” Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, tomaron distancia absoluta, sin ofrecer ningún apoyo público a Jenni Hermoso y al resto de las futbolistas.

Esta actuación de los miembros de la Familia Real echa por tierra la idea de que un eventual reinado de Leonor de Borbón implicaría una modernización “feminista” de la institución. Antes bien, corrobora su carácter fundamentalmente patriarcal en la que la posición de las mujeres siempre aparece condicionada por una moral conservadora y represiva.

Habrá que ver cuál es el papel de Felipe VI en la eventual investidura de Sánchez como nuevo presidente de Gobierno. Lo cierto es que la Corona no llega a este momento como una institución neutral, sin inclinaciones ideológicas, y homologable a cualquier otra monarquía parlamentaria europea. Lo hace buscando imponer sus intereses y valores, siempre más cercanos a los de la derecha política y los grandes grupos económicos, y sin atreverse a renegar públicamente, cuarenta y cinco años después de la Constitución del 78’, de su oscuro vínculo con el franquismo.

En este contexto, las fuerzas democráticas capaces de habilitar una investidura plurinacional, con un mínimo sentido ecosocial y feminista, deberían mantener el republicanismo como una exigencia programática irrenunciable. Primero, porque a estas alturas resulta intolerable que la monarquía siga beneficiándose de espacios de opacidad y de privilegio que hieren de manera frontal el principio de igualdad ante la ley. Pero sobre todo, porque esta opacidad y estos privilegios están en la base de un modelo económico que, al hacer imposible la satisfacción de “las cosas del comer” para el conjunto de la población, es una fuente constante de desprestigio de la democracia y de desafección política.