La campaña de Europa Laica pidiendo que en la declaración de la renta no marquemos ninguna de las dos casillas que nos ofrece el impreso del IRPF, ni la de la Iglesia católica ni la de fines sociales, persigue algo tan sencillo y de sentido común como recordarnos que todas las confesiones religiosas deben autofinanciarse y pagar impuestos, como el resto de organizaciones sociales.

Es decir, nos piden que no colaboremos en mantener un privilegio antidemocrático y anticonstitucional, por el cual se entregan cada año 11.600 millones del dinero público a la Iglesia Católica, mientras se recortan 12 mil millones en Sanidad (entre 2009 y 2015) y otros 9 mil millones en Educación (entre 2009 y 2015).

La financiación privilegiada de la jerarquía católica se justifica en los Acuerdos anticonstitucionales de 1979 con el Vaticano, firmados en las postrimerías del franquismo, que conculcan el principio de igualdad ante la ley (artículo 14 de nuestra Constitución), discriminando a la ciudadanía en función de sus creencias. Acuerdos que ya exigían que la iglesia “lograra por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”, y que cuarenta años después ningún gobierno ha hecho cumplir.

El objetivo de esta campaña es, por tanto, suprimir la financiación de la iglesia y de todas las confesiones religiosas a través del IRPF. Es decir, que el Estado (todas las personas contribuyentes) dejemos de subvencionar sus actividades de culto y clero. Las creencias son un asunto particular y, por tanto, deberían ser financiadas, exclusivamente, por las personas que las profesan, como cualquier otra entidad sin ánimo de lucro.

La casilla de “asignación tributaria a la iglesia católica” es anticonstitucional. Marcar esa casilla significa, como muy bien explica Europa Laica, restar el 0,7% de la cuota de la declaración a la caja común del Estado para los gastos públicos (sanidad, educación, dependencia…). De esta forma, quienes la marcan contribuyen sólo en un 99,3% a los gastos generales, de toda la población. No contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica, como establece el artículo 31 de la Constitución. Y gozan del privilegio de decidir a qué dedicar ese 0.7% de sus ingresos, privilegio del que no gozan los demás. Financiando así actividades de interés particular (religiosas) en detrimento de las necesidades de interés general (sanidad, educación, dotaciones sociales…).

El problema de fondo es la decisión política de mantener esta casilla en la declaración de IRPF. Porque los gobiernos que la han mantenido (tanto PSOE como PP) vulneran el principio constitucional por el que ninguna religión debe tener carácter estatal. Además de quebrantar el principio de igualdad ante la ley, discriminando por razón de creencias. En definitiva, las personas que marcan la casilla a la iglesia católica, están pagando menos impuestos y, sin embargo, los ritos y actividades de los católicos los estamos pagando toda la ciudadanía, sean nuestras creencias religiosas o no.

Marcar la casilla de fines sociales es “antidemocrática”. Quizá a alguien le extrañe que pidan también que no se ponga una cruz tampoco en la casilla de “asignación tributaria a fines de interés social”. Pero debemos recordar, como analiza Europa Laica, que esta opción realmente privatiza el deber de atención a los fines de interés social, una elección que debe ser pública y cuyos criterios y prioridades deben ser definidos y fiscalizados por el Parlamento, sede de la soberanía popular. La política de financiación de estos fines debe ser definida por el Parlamento y, por tanto, debe formar parte de una política del Estado. Así pues, debe canalizarse a través de los correspondientes debates presupuestarios, en función del interés general y siempre teniendo en cuenta las prioridades políticas emanadas de la voluntad popular. En todo caso, las políticas sociales no pueden depender de decisiones individuales marcando una X a favor de estos fines en su declaración de la renta. Distinto sería si, como dice Europa Laica, además del impuesto, el contribuyente pagara un 0,7% más para otros fines (de la iglesia u otros), en cuyo caso sí sería una donación voluntaria, lo que no es el caso en el modelo actual. Además, realmente en el fondo, sirve de doble financiación a la Iglesia católica, pues más del 30% de esta asignación se entrega a organizaciones y fundaciones católicas.

De ahí que la jerarquía católica anime a señalar ambas casillas, tratando de justificarlo como forma de seguir realizando su labor social o caritativa, cuando la realidad es que el IRPF que obtiene se dedica, casi en su tu totalidad, a pagar el salario del clero diocesano, el de los obispos y algunos seminarios y para financiar sus medios de comunicación. A Cáritas solo va el 2% de la recaudación. El resto es para salarios de sacerdotes, obispos, culto, labor pastoral, publicidad, etc., pero no es para labor asistencial, al contrario de lo que se publicita.

De hecho, entre toda la ciudadanía, según los datos oficiales recogidos por Europa Laica, financiamos 183 millones de euros para el sueldo y seguridad social de los obispos, cardenales, arzobispos y 20000 sacerdotes; 650 millones de euros para el sueldo y seguros sociales de 25000 catequistas de religión en los centros de enseñanza pública o concertada, la conferencia Episcopal, las facultades eclesiásticas o la Pontificia de Salamanca; 600 millones de euros para el mantenimiento del patrimonio católico, que la jerarquía no gestiona al servicio de los intereses generales, sino que se apropia de la totalidad de los ingresos de sus visitas; y 4750 millones de euros en subvenciones a 2450 centros concertados católicos y conciertos sanitarios con 68 hospitales. Además, la iglesia católica está exenta de pagar impuestos por sus miles de inmuebles (el IBI), del impuesto de construcciones y obras, del impuesto de sucesiones y donaciones, del de transmisiones patrimoniales, del de actividades económicas, de actos jurídicos documentados, etc. (que supone más de 2000 millones de euros).

Los sucesivos gobiernos, tanto del PSOE como del PP, son los responsables de mantener estos privilegios heredados de la dictadura franquista y que, como analiza Enrique Ruiz, obligan al Estado “a colaborar con la Iglesia en la consecución de su adecuado sostenimiento económico”. Por tanto, mientras no se derogue dicho Acuerdo, el Estado está obligado (al menos mientras los sucesivos gobiernos tengan voluntad política para ello, dado que los gobiernos de PSOE y PP han incumplido e incumplen otros muchos acuerdos internacionales firmados) a mantener a 116 obispos y cardenales, 18.500 sacerdotes, 23.000 parroquias, seminarios y demás gastos de los denominados “de culto y clero”, independientemente de las “X” que marquen las contribuyentes. El eslogan de campaña de los obispos, para hacer honor a la verdad, debería ser: “No importa que marques la casilla, porque el Estado (todos los contribuyentes) nos tiene que sostener obligatoriamente”.

En nada ayuda que en los programas informáticos diseñados por el gobierno no figure claramente una casilla de “no asignación”, donde explícitamente el contribuyente pueda señalar dicha opción, sino que, muy al contrario, salta un aviso al confirmar la declaración recordando que no se ha marcado una de las dos casillas destinadas a la iglesia católica o a los fines sociales y que todavía se está a tiempo de hacerlo.

Por eso, Europa Laica y la sociedad cada vez de forma más mayoritaria exigen al Estado que deje de ser el recaudador de la Iglesia y elimine de una vez los privilegios económicos, educativos y jurídicos, heredados de la dictadura franquista, de los que sigue gozando, como es la financiación pública, la exención del pago del IBI, las inmatriculaciones o la religión en las escuelas. Algo que desde el Grupo de Pensamiento Laico apoyamos plenamente y que promoveremos activamente. Un primer paso es exigir al gobierno que elimine de forma inmediata las casillas del IRPF dedicadas a la Iglesia católica y a Fines Sociales por inconstitucionales y antidemocráticas. Y para esto solo es necesario voluntad política.