A raíz del caso de Jennifer Lara, la desinformación sobre las custodias y los ataques al feminismo fueron de la mano. Se intentó mezclar todo tipo de datos que han contaminado toda reflexión sobre el tema (dejo aquí el enlace a la cronología del caso). Esto no es una guerra entre hombres y mujeres. Esto debe ser, ante todo, una reflexión en bien del interés superior del menor.

En primer lugar, eso de que las mujeres quieren quedarse con los niños y que el feminismo está en contra de las custodias compartidas es el mayor bulo que nos han vuelto a colar estos días. Las cifras demuestran, cada vez más, que ha aumentado el número de custodias compartidas por acuerdo. Tanto para que menores puedan crecer con una vinculación materna y paterna, como para que las mujeres puedan desarrollar con más libertad su trabajo y vida personal. Si el feminismo siempre ha pedido la mayor involucración del hombre en los cuidados, ¿cómo se puede decir que está en contra de ello? No se sostiene.

Otro tema, diferente, que es lo que se ha denunciado en otras situaciones: la custodia compartida impuesta sin escuchar a las partes. ¿Por qué? Porque en ocasiones la justicia ha impuesto custodias compartidas sin tener en cuenta antecedentes de violencia o falta de cuidados. Esto ha servido para que se pueda seguir ejerciendo violencia contra las madres, en la mayoría de los casos, a través de los menores. Sobre esto escribí ya hace años atrás en este reportaje, con testimonios reales. O también, sirve para negociar esas custodias a la “baja”, es decir, limitando cuestiones vitales para el desarrollo de las madres, como no poder trabajar en otras ciudades.

Recuerdo que tras ese reportaje que escribí, centrada en esos casos, algunas personas me decían… “pero si no han denunciado violencia de género antes”. Claro, es normal, porque recordemos que cerca del 80% de las mujeres en España no denuncia (con el propio reconocimiento de esta cifra por parte del Consejo General del Poder Judicial). Los estudios demuestran que muchas madres optan por la separación como una vía para acabar con la violencia psicológica (recordemos que esta se manifiesta de diferente forma, desde insultos, menosprecios, abandono o incluso el silencio mantenido en el tiempo) o para acabar con la violencia física. Creo que solo hay que recordar el caso de Rocío Carrasco (quien por cierto, decidió cambiar a la custodia compartida y no había denuncias previas por entonces) y cómo puede acabar el caso.

Es cuando, entonces, algunas mujeres han denunciado cómo poco a poco han sido apartadas de sus hijos e hijas de forma intencionada. Esa es una realidad que está documentada, no es ningún bulo. Los casos más extremos son aquellos, además, donde sí hay denuncias de violencia de género. Es cierto que las últimas medidas legislativas han buscado retirar las custodias y derechos a visitas a padres maltratadores en procesos penales, pero también es cierto que no han sido cambios retroactivos. Por ello, conocemos los casos de Sara, de Irune, de Juana y de otras tantas madres que ha provocado ya cinco advertencias de atención de Naciones Unidas a la justicia española de hacer mal estos procesos, donde la palabra de las madres no se tiene en cuenta y se denuncia un patrón estructural que las desprotege. Muchas de estas mujeres a las que les retiran sus hijos e hijas son acusadas de un falso síndrome de Alienación Parental que no existe.

En el caso de Jennifer no hay denuncias previas de violencia de género (lo subrayo por quienes preguntan por el último cambio legislativo, aquí no es aplicable ni procede) y hay un acuerdo previo firmado que ella pedía realizar de forma progresiva, al que no se opuso. Muchas madres, las que han denunciado y las que no o las que saben que no hay antecedentes de cuidados por parte de la figura paterna, deciden desobedecer acuerdos de custodias como medida de protección o, bien, abrir otras vías de negociación donde sentirse escuchadas. Reclaman procesos de ruptura no tan bruscos y más progresivos. Aquí hay división incluso dentro del feminismo. Quienes apoyan esa desobediencia como protección (en palabras de la ley) o quienes advierten que esa reacción irá en contra de las propias mujeres en los propios procesos judiciales, desde no ver a sus hijos a acabar ellas mismas en la propia cárcel. Casos así tenemos de sobra.

Lo que está claro es que ningún padre ni ninguna madre preocupada por cualquier hijo o hija debería permitir, por mucho que obligue la justicia, que los procesos de ruptura se realicen de forma tan abrupta y dramática para los menores (aún más en caso de lactancia), dejando de velar por su interés superior y provocando traumas emocionales. Lo que está claro es que la justicia tampoco debió nunca decir a Jennifer que “esto no es un plató de televisión” durante un juicio porque todas las partes deben ser escuchadas, y da igual que las madres sean famosas o no. Todas tienen derecho a una tutela judicial efectiva. Y que la justicia se ponga las pilas tanto en los casos de violencia de género como en aquello en que el uso de los menores puedan derivar en violencia vicaria como aquellos otros donde la falta de cuidados precedentes sean tenidos en cuenta para iniciar otros procesos de adaptación. Y asumir que los menores no son ni objetos ni cosas a las que manejar, poner aquí o allá, sino que son personas a las que proteger y cuidar. Que más allá de lo que dicen las leyes, a veces, a la justicia parece que se les olvida.