Javier San Vicente Maeztu

Activista en defensa de los derechos humanos

La noche del 1 de diciembre, el gobierno hondureño decretó la suspensión de garantías constitucionales en el país por 10 días, incluyendo la imposición de un toque de queda de 6 de la tarde a 6 de la mañana por ese periodo. En las horas siguientes surgieron múltiples reportes sobre violencia policial y al menos dos personas (una de ellas simpatizante opositora) fueron abatidas por balas militares y policiales. La zozobra se extendía irremediablemente por Honduras. Desde horas de la mañana del 30 de noviembre, en todo el territorio hondureño se habían multiplicado las revueltas, que conforme evolucionaban los acontecimientos se convertían en saqueos en determinados puntos del país.

El temor a que un fraude electoral permita al actual mandatario Juan Orlando Hernandez reelegirse como presidente, sumado a la lentitud y falta de transparencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la transmisión de resultados de las elecciones del 26 de noviembre generaron un clima de tensión que explotó 4 días después de la celebración de los comicios. A las barricadas en las calles y barrios de ciudades como Tegucigalpa o San Pedro Sula, las dos ciudades más grandes de Honduras, se sumaron posteriormente tomas de puentes y carreteras en las principales vías del país. El estado hondureño, que parece haber perdido el control de la situación, respondió lanzando a militares y policías a las calles y reprimiendo con dureza las protestas. Desde horas de la mañana del jueves se reportaba el uso de gases lacrimógenos contra los manifestantes en varios puntos de la capital, y al pasar las horas iban aumentando las denuncias por el uso de bala viva contra los manifestantes. Algunos de los videos que circulaban a través de redes sociales mostraban escenas más propias de un conflicto armado, en las que se podía observar a decenas de efectivos de las fuerzas armadas disparando armamento de guerra durante el desalojo de manifestantes en el caribeño departamento de Colón. En Tegucigalpa, la situación de mayor gravedad se produjo en el popular barrio de El Pedregal, donde se reportó un muerto y varios heridos de bala, incluyendo un niño de 12 años. Situaciones de violencia se reportaron en diversos puntos del país. Según el recuento de la Alianza Opositora, a la medianoche del jueves ya se contabilizaban 250 tomas en todo el país, en las que la represión habría causado al menos 3 muertos y decenas de heridos. El país quedaba paralizado por las protestas.

De esta forma, se cumplían los peores augurios sobre lo que podía ocurrir tras los comicios del 26 de noviembre, celebrados en un clima tenso y polarizado, marcado por la candidatura a reelección del actual presidente Juan Orlando Hernandez (JOH), considerada ilegal e inconstitucional por los principales partidos opositores. Los ánimos comenzaron a caldearse la misma tarde de las elecciones, cuando saltaron las alarmas entre la oposición ante el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no ofreciese ningún dato sobre el escrutinio de los votos, cuando había asegurado poder dar resultados para las 7 de la noche. Hacia las 2 de la madrugada del día 27, el TSE actualizó su página por primera vez con casi el 60% de las mesas contabilizadas y dando una ventaja de casi 5 puntos al candidato opositor Salvador Nasralla. Estos datos, que, según el magistrado del TSE Marcos Ramiro Lobo, constituían una tendencia irreversible a favor de Nasralla, provocaron una explosión de júbilo entre los simpatizantes de la Alianza Opositora. En las horas siguientes no se produjo ninguna actualización de los datos, y el TSE reportó una caída de su servidor en la mañana del lunes, que obligó a resetear el sistema y comenzar el conteo de nuevo. Según Marco Ramiro Lobo se habían tomado todas las previsiones para que esto no sucediera, e incluso el sistema del TSE se había renovado completamente para estos comicios. Para Lobo, estos sucesos deben ser aclarados mediante una investigación independiente con participación de supervisores internacionales y los partidos políticos de Honduras.

En este convulso escenario, el lunes por la tarde Juan Orlando Hernandez se autoproclamaba ganador con base a encuestas a boca de urna y movilizaba a sus activistas en las calles del país. En respuesta, horas después el candidato opositor Salvador Nasralla también se declaraba ganador con base a los resultados ofrecidos por el TSE y llamaba a movilizar a sus bases ante la institución electoral para presionar por una presentación de resultados definitivos rápida y transparente.

Durante los días posteriores el TSE no fue capaz de ofrecer un resultado definitivo, y el proceso de transmisión de datos estuvo plagado de irregularidades. El sistema de conteo de votos volvió a fallar en varias ocasiones y el avance en el escrutinio se producía a un ritmo muy lento. Al mismo tiempo, salían a la luz multitud de denuncias de supuestas irregularidades cometidas por activistas del gobernante Partido Nacional y la distancia entre Salvador Nasralla se iba reduciendo progresivamente. Según denuncias de la Alianza Opositora el TSE estaba metiendo al sistema las actas que favorecían a Juan Orlando Hernandez y mandando a “escrutinio especial” las que favorecían a Salvador Nasralla. En la tarde del miércoles, el conteo de TSE daba la ventaja al candidato-presidente Hernández.

Ante esta situación, la noche del miércoles, activistas de la Alianza Opositora se dirigieron a un local que el TSE había habilitado como centro de recepción de maletas electorales. El objetivo de los activistas era proteger estas maletas y evitar la introducción o sustracción de material electoral. Fue durante esa noche cuando se produjeron los primeros incidentes violentos tras los comicios, al realizar los militares duras cargas con gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Tras estos hechos, la dirigencia opositora convocó protestas para la defensa de los resultados electorales a partir del día siguiente.

A partir del jueves, los acontecimientos se precipitaron y la violencia se extendió por todo el país. A las protestas pacíficas, reprimidas con violencia por las autoridades, siguieron situaciones de caos, en las que se produjeron saqueos de comercios en las principales ciudades del país. En la mañana del viernes se podía observar la llegada de jóvenes con el cuerpo cubierto de hollín dispuestos a encender nuevas barricadas en las principales vías de la capital. La violencia se había vuelto a desatar en varios puntos del país, incluyendo la capital industrial San Pedro Sula.

La tensión es palpable en el actual ambiente insurreccional, que podría agravarse al declarar el TSE ganador al Juan Orlando Hernández. La falta de legitimidad del tribunal electoral es evidente, teniendo en cuentas los fuertes cuestionamientos realizados por el magistrado Lobo, que declaró que “el domingo (el TSE) no quería dar la tendencia porque sencillamente iba ganando la Alianza”. La figura del presidente de esta institución, David Matamoros Batson, contribuye todavía más a la deslegitimación del organismo, ya que es una figura ligada a lo más corrupto de la política tradicional. En los años noventa, este magistrado tuvo que abandonar su puesto como Director General de Aduanas por denuncias de corrupción en su contra. El trabajo de Matamoros Batson ya fue duramente criticado durante los comicios de 2013, cuando también era presidente del Tribunal Supremo Electoral, ya que en esta ocasión también hubo denuncias de fraude en el conteo de las actas que llevaron a la presidencia a Juan Orlando Hernández.

Pero las dudas sobre la limpieza de los comicios van mucho más allá del papel del TSE. El hecho que la convocatoria electoral se realizase con base en un censo electoral no depurado en años, y en el que según la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2013 había un 30% de personas fallecidas o migradas, provoca suspicacias acerca de la posibilidad de que se estuviese “resucitando” a los muertos para votar. También produce gran recelo la participación en las elecciones de 6 pequeños partidos sin base electoral, a los que se entregó un gran número de credenciales de mesas electorales, las cuales se sospecha fueron vendidas al Partido Nacional para dominar las votaciones a la hora del conteo de votos. El manejo opaco de varios impuestos y programas sociales que ha caracterizado al gobierno de Hernandez genera también dudas sobre las posibilidades de que se estuviese utilizando fondos públicos para comprar votos en favor del Partido Nacional.

Según Gerardo Torres, Director Internacional de la Alianza de Oposición, la falta de credibilidad en el proceso electoral es total, a tal punto que “nunca en la historia reciente del país se dieron tantas protestas como en este momento”, lo cual pondría de manifiesto “el profundo rechazo de los hondureños hacia Juan Orlando Hernandez y sus políticas”. Torres manifiesta que “el TSE quería nombrar a Juan Orlando ganador el miércoles, pero la presión popular se lo impidió. Lo mismo pasó el jueves”. En su opinión, el hartazgo de la sociedad hondureña con el actual mandatario se basa en múltiples causas, como los altos niveles de violencia, el aumento de los impuestos, el encarecimiento del costo de la vida, así como la percepción que tras la llegada de los nacionalistas al poder en 2010 “el país fue entregado al narcotráfico, como lo han revelado las múltiples conexiones con el crimen organizado del hermano de Juan Orlando y del anterior mandatario Porfirio Lobo”. La corrupción ha sido otra de las causas de este hartazgo, reflejado en el ataque por parte de los manifestantes a lo que Torres califica como los “símbolos de la impunidad” del actual gobierno, entre los que destaca la destrucción de varias estaciones del conocido como Trans 450, un sistema de tranvías construido en Tegucigalpa hace más de tres años y que nunca entró en funcionamiento; o el derribo (y decapitación) de la estatua del fundador y primer presidente hondureño del Partido Nacional Manuel Bonilla en un parque de Tegucigalpa.

El viernes 1 de diciembre, la situación continuaba siendo de gran incertidumbre. Sumado a la declaración de estado de sitio, se llegaba a la noche con el conteo de actas terminado y con la tarea pendiente de revisar en “escrutinio especial” unas 1,031 actas electorales que suponen el 6% de la carga electoral del país. Desde la Alianza Opositora se habían exigido 11 puntos por escrito al tribunal la presencia, como la inclusión en dicho conteo de representantes de los 3 principales partidos y de observadores internacionales. Parte de ellos fueron satisfechos por el TSE, aunque existen dudas sobre si el sábado se comenzará el proceso de conteo dado que se han suspendido las garantías constitucionales y que no hay un acuerdo claro entre la oposición y el TSE. Más teniendo en cuenta que el sábado se realizaba la denuncia de la muerte de varias personas por disparos de militares y policía durante el toque de queda. Tras los eventos de esta semana, surgen razonables dudas sobre la capacidad de Juan Orlando Hernandez para dirigir un país en el que causa tanta animadversión, y en el que se han aliado en su contra amplios sectores políticos y sociales, que incluyen a todo el espectro de la izquierda, pero también a sectores centristas, y empresariales. En la opinión del magistrado Marco Ramiro Lobo, la única salida aceptable pasaría por realizar una auditoría del 100% de las actas. Está por ver si su propuesta es aceptada por el pleno del TSE.