Lo que está en juego: una democracia de agenda abierta

Javier Franzé

Profesor de Teoría Política. Universidad Complutense de Madrid

Lo que está en juego en España tras el 20D es la continuidad de una democracia de agenda cerrada o la construcción de una democracia de agenda abierta. El tiempo de esta disputa es el medio y largo plazo, y en principio sus protagonistas son, por un lado, los partidos de la Transición —Partido Popular, PSOE y Ciudadanos— y, por el otro, Podemos.

El murmullo de esta tensión no se deja oír bajo el ruido de lo inmediato, las negociaciones para formar gobierno. La política encerrada en los estrechos márgenes del sistema político a menudo no deja ver lo central: la lucha por la reconfiguración de la comunidad política.

Pero ambas dimensiones están conectadas. Podemos ha intentado con éxito desde la misma noche electoral llevar la iniciativa política y trazar una frontera con los partidos de la Transición, que al final no es otra que el referéndum en Cataluña. No es el referéndum en sí lo central, sino su significado: la sustitución del nacionalismo españolista por la democracia como cemento del proyecto de país. Por eso puede operar como frontera a diferencia de, por ejemplo, demandas vinculadas a los derechos sociales, más fácilmente asumibles por el PSOE e incluso, por Ciudadanos y el PP.

El derecho a decidir sintetiza bien la impotencia de los partidos de la Transición para renovar la legitimidad de la democracia de 1978. La “unidad indisoluble” de una comunidad política no se construye legalmente, sino a través de la relación de identificación entre actores y sistema. La legalidad es el remate de ese vínculo, no su motor. Si no se entiende el carácter de ese lazo, no se comprende el modo de cultivarlo. Independencias y revoluciones han sido en su inmensa mayoría ilegales. Y lo seguirán siendo. Porque son consecuencia de una pérdida de legitimidad, no su causa.

El derecho a decidir no es en sí la clave central de esta lucha, sino un síntoma de todo un modo de entender la relación entre ciudadanía y Estado. La democracia construida por la Transición se caracterizó por presentarse antes como evitación de la guerra civil que como construcción continua y abierta de derechos y libertades. Cuando un actor intentaba recolocar algún elemento del esquema inicial, el discurso de la Transición rechazaba ese movimiento en nombre de la estabilidad del conjunto. Este inmovilismo, que no era otra cosa que una confesión de debilidad, no sólo operó al inicio, sino que se mantuvo inconmovible durante más de tres décadas. Así reaccionó el PP —y buena parte de la vieja y dominante guardia del PSOE— a la reforma del Estatuto catalán y a la ley de Memoria Histórica propuestas por Zapatero quien, al fin, osaba ensayar una renovación de la Transición ampliado su capacidad de contener demandas.

El cierre de la agenda condenó a cualquier reivindicación alternativa —soberanismo, 15M, Mareas— a desbordar el sistema político, algo que no habría ocurrido si los partidos dominantes hubieran sido capaces de abrirse al diálogo con otras perspectivas, demandas, actores y sensibilidades. Pero los estrechos esquemas juridicistas impiden incluso el más tenue transformismo.

Podemos ha logrado resignificar el derecho a decidir. Si para la Transición significaba el fin de la democracia porque implicaba la ruptura de España, para Podemos representa la construcción de un país basado en la identificación de las distintas voluntades que lo integran gracias a la democracia. No casualmente ha sido la primera fuerza en Cataluña, País Vasco y Galicia. La reconversión del contrapunto entre nacionalismos (español, vasco, catalán y gallego) que amenazaba asfixiar la política española, en una dinámica democrática constituye el primer paso de esa reconfiguración de la comunidad política en una democracia de agenda abierta que se propone Podemos.

Lo que está en jaque hoy es esa democracia de agenda cerrada, custodiada por las elites políticas, económicas y culturales, que construyó la Transición. El tan mentado “fin de ciclo” no consiste en que de ahora en más sean cuatro en lugar de dos quienes confeccionen esa agenda cerrada, sino en que la ciudadanía pueda escribir en esa agenda sus demandas sin tutela de las elites. Para eso no basta con un nuevo gobierno, sino una nueva voluntad colectiva que democratice la democracia y la sociedad de 1978.