ARYEH NEIER

Hace poco más de quince años se creó el primero de los tribunales internacionales contemporáneos para procesar a quienes cometen crímenes de guerra, crímenes contra la Humanidad y genocidio. Esa corte, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, podrá pronto enjuiciar a un nuevo acusado, tras el arresto en Belgrado de Radovan Karadzic, líder de los serbios de Bosnia durante la guerra.

No obstante, hay ya un tema persistente de críticas hacia tales tribunales: en su esfuerzo para hacer justicia, están obstruyendo la consecución de un objetivo más importante, la paz. Esas quejas se han expresado de forma más vociferante cuando se ha acusado de crímenes a jefes de Estado en ejercicio. Los cargos, presentados por el fiscal del Tribunal Penal Internacional contra el Presidente de Sudán Omar Hassan al-Bashir, por crímenes contra la Humanidad y genocidio en Darfur, son el último ejemplo. De hecho, esta vez las denuncias del proceso judicial son más intensas y vehementes que en el pasado.

También fueron fuertes las quejas en 1995, cuando el fiscal del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TIAY) procesó al presidente de la República Serbobosnia, Karadzic, y a su jefe militar, el general Ratko Mladic, y fueron incluso más fuertes cuando volvieron a ser procesados más adelante, en el mismo año, por la matanza de Srebrenica. Lo que espoleó en particular a los críticos fue el momento elegido para ese segundo procesamiento, pues se produjo justo antes de que comenzara la conferencia de paz de Dayton.

Pero resultó que su ausencia no impidió a las partes alcanzar un acuerdo. De hecho, puede que ayudara, mientras los dirigentes de Bosnia, Croacia y Yugoslavia negociaban el fin de la guerra en Bosnia.

En 1999, el TIAY procesó a Slobodan Milosevic, presidente de Yugoslavia, acusado de los crímenes cometidos en Kosovo. Una vez más, hubo denuncias centradas en el momento elegido para ello. La intervención de la OTAN en Kosovo estaba en marcha y los críticos afirmaron que, al procesar a Milosevic, el tribunal se convirtió en un arma de la OTAN, lo que impediría la consecución de un acuerdo. Esa predicción estaba equivocada. Milosevic capituló dos semanas después de ser procesado y la guerra acabó.

El siguiente jefe de Estado en ejercicio que fue procesado fue el presidente de Liberia Charles Taylor. Aunque el fiscal del Tribunal Especial para Sierra Leona procesó a Taylor en marzo de 2003 por sus crímenes en la guerra que había devastado ese país, no se hizo público hasta tres meses después. Una vez más, el momento elegido para ello fue un factor principal para desencadenar la indignación. El procesamiento se hizo público en junio de 2003, mientras Taylor asistía a una conferencia de paz en Ghana encaminada a poner fin a la guerra civil en su país.

Como anfitriones de la conferencia, los ghaneanos fueron los que más se enfurecieron porque se les pidiera que hiciesen una detención en semejantes circunstancias y se negaron a hacerla. Aunque es posible comprender su actitud, en vista de que se encontraban en una situación muy embarazosa, el procesamiento intensificó las peticiones de destitución de Taylor, quien huyó al exilio en agosto, lo que puso fin a la guerra. Ahora se está juzgando a

Taylor en La Haya y, después de dos decenios de un conflicto horrendo, Liberia está en paz y en reconstrucción con un gobierno democrático.

No podemos descartar la posibilidad de que hacer justicia en Darfur dificulte más la consecución de la paz en esa región. La justicia y la paz son valores independientes. Cada uno de ellos es inmensamente importante por derecho propio. A la larga, hacer justicia parece una forma de contribuir a la paz, pero no podemos estar seguros de que así sea en todas las ocasiones.

Sin embargo, basándonos en lo sucedido hasta ahora, parece justificado cierto escepticismo sobre la afirmación de que la justicia obstaculizará la consecución de la paz. Al fin y al cabo, el conflicto de Darfur se ha prolongado durante cinco años y medio. Fuerzas controladas en última instancia por Al-Bashir han matado a unas 300.000 personas y 2,7 millones de personas, aproximadamente, han resultado desplazadas forzosas. Justo una semana antes del procesamiento, siete miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la Unión Africana y de las Naciones Unidas resultaron muertos y 22 heridos en una emboscada de milicianos bien armados. No existe intención seria alguna de examinar la posibilidad de conseguir un acuerdo de paz, conque, ¿qué base existe para afirmar que el procesamiento de Al-Bashir está obstaculizando un acuerdo? ¿Qué acuerdo existe que se pueda obstaculizar?

Conviene observar que la causa de Darfur fue remitida al TPI por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El tratado por el que se estableció el TPI faculta al Consejo de Seguridad para aplazar un procesamiento, en caso de que sea necesario para lograr un acuerdo de paz. Así pues, corresponde a los críticos del procesamiento la carga al menos de la demostración ante el Consejo de Seguridad de que es probable un acuerdo de paz, si desean que el Consejo actúe.

El mundo se lanzó a la creación de tribunales penales internacionales hace un decenio y medio para acabar con la impunidad con la que jefes de Estado y dirigentes de grupos guerrilleros cometen crímenes atroces. Como lo demuestra el arresto de Karadzic, esa empresa va dando resultado poco a poco. El procesamiento de Al-Bashir, quien tiene derecho a la presunción de inocencia como cualquier otro acusado, es un importante hito en el largo camino que se debe recorrer para alcanzar el fin que el mundo se fijó.

Aryeh Neier es presidente del Instituto de la Sociedad Abierta y fundador de Human Rights Watch

Ilustración de Daniel Roldán