Lara Hernández García

Activista de la Marea Granate y candidata de las federaciones del exterior de IU al Parlamento Europeo

Es un hecho que la salida de población en busca de nuevos empleos se halla estrechamente vinculada a la crisis económica que surgió en 2008 y a las políticas de austeridad iniciadas en la Unión Europea y en España a partir de mayo de 2010. Estas políticas de austeridad, que incluyen las reformas laborales de los gobiernos del PSOE de 2010 y del PP en 2012, no han hecho sino profundizar en la crisis y alargarla en el tiempo. Crisis y austeridad han dado lugar a tasas de desempleo sin parangón y al incremento alarmante de la pobreza en España. El año 2013 cerró con una tasa de paro general de un 26,03% y de paro juvenil de un 56,55%.

Las personas jóvenes son uno de los grupos sociales a quienes más está castigando esta crisis, si bien no sólo se nos excluye cuando llega una crisis económica. También en los años de supuesta “bonanza” económica hemos tenido una situación estructural de precariedad y temporalidad que afectaba a nuestras condiciones de vida. Las sucesivas reformas del PP y el PSOE desde los años 80, a través de las cuales se ha “flexibilizado” y desregulado el mercado laboral han generado peores condiciones de trabajo y de vida que todavía hoy día sufrimos: las personas más jóvenes sufren las tasas de temporalidad más elevadas (un 40% de contratos temporales son para jóvenes de entre 25 y 29 años).

Algunos de los expertos que integran las filas del Gobierno afirman que el ratio de diferencia entre la tasa de desempleo total y las diferentes tasas de desempleo por tramos de edad se ha mantenido prácticamente constante a lo largo de 20 años. Llegando incluso a asegurar que es hasta cierto punto normal que el desempleo juvenil se sitúe por encima del desempleo total. Lo que no es normal es que el paro juvenil dependiendo de la franja de edad duplique y triplique a la tasa de paro general.

Estas cifras son sencillamente dramáticas y demuestran que la juventud ha sido el sector demográfico más resentido por la destrucción de empleo. La mayoría de los empleos juveniles destruidos han sido los que estaban en condiciones precarias, lo que contradice los argumentos de que hace falta mayor flexibilidad laboral, ya que precisamente aquellos sectores con mayor desregulación y flexibilidad externa son los que más empleo están destruyendo.

En este contexto, podemos afirmar que no existe una apuesta por el empleo juvenil, simplemente se utiliza la mano de obra joven para presionar a la baja los salarios y los derechos laborales con el objetivo de incrementar los beneficios empresariales. Las consecuencias de esto empiezan a asomar en la palestra mediática. Hannah Arendt decía que “nada podri?a ser peor que una sociedad de trabajadores sin trabajo”. Una sociedad en la que “sobre el particular so?lo quedan preocupaciones y perplejidades”. En una sociedad así el sentido de lo político cambia.

Belén Fernández Suárez, profesora del Departamento de Sociología y Ciencia Política y de la Administración de la Universidade da Coruña (UDC), hacía uso de esta idea para expresar que consecuencia natural de esta situación es la salida de un núcleo amplio de población en busca de trabajo fuera de las fronteras del Estado español. Pero la idea de Arendt hoy debe ser actualizada. Somos una sociedad en la que, además el empleo se define por la precariedad, por la ausencia de perspectivas de progreso, por una devaluación de los salarios e incluso por una demanda de méritos por encima de las capacidades requeridas para desempeñar un puesto de trabajo. La cada vez más exigida flexibilidad interna es una medida emprendida por las empresas para protegerse de los cambios tecnológicos acelerados. Si antes medían la capacidad del liderazgo y de coordinación de equipos, ahora se mide la capacidad de los trabajadores de deshacer lazos familiares y sentimentales. Que miles de jóvenes encuentren en la emigración laboral la alternativa al paro o la precariedad es consecuencia natural de sus políticas. Es por ello que cada vez son más las voces procedentes de la izquierda, las que están poniendo sobre la mesa cifras, estudios e investigaciones que pretenden dibujar de forma objetiva el marco del debate: ¿se está produciendo de hecho un fenómeno de exilio económico juvenil? ¿Son sólo jóvenes quiénes se van? ¿Cuál es el perfil de las y los nuevos emigrantes? ¿Es sólo una fuga de cerebros?

La tesis que voy a sostener es que este fenómeno se está produciendo de facto y para justificar esta tesis, voy a intentar reunir en las líneas que siguen algunos de los principales argumentos y datos que han sido publicados al respecto con el objetivo de visibilizar y denunciar la falta de voluntad política acoplada a una retórica oficialista empeñada en ocultar e invisibilizar los nuevos fenómenos migratorios.

Los números fallan

Cualquiera que lea los datos de las últimas encuestas de la población activa, publicadas por el INE puede observar fácilmente que las cuentas empiezan a fallar. Hay menos personas paradas en volumen total, pero la tasa de desempleo se incrementa y al mismo tiempo —y ahí está la clave del retroceso de personas en paro— la población activa cae, es decir, al haber menos personas en disposición de trabajar, también hay menos que se declaran en paro. Y esta caída se concentra además en la población más joven. No hace falta dar muchas vueltas para concluir que las estadísticas están obviando alguna que otra variable. ¿Dónde están los números que faltan, qué foros se han habilitado para debatir esto, dónde están las medidas que el Gobierno y las administraciones deberían articular? Y sobre todo, ¿dónde están estas personas entonces? En el Estado español, no.

Desde inicios desde 2011, el flujo migratorio se invierte (es decir, son más las personas que abandonan España que las que llegan a ella). Ya en febrero de 2012 el Barómetro del CIS revela que un 48% de los españoles decían estar dispuestos a trasladarse a vivir a otro país. En muchos casos, las palabras se transformaron en hechos: el pasado mes de noviembre, sin ir más lejos, el EUROSTAT publicó un informe que revela que España es el país de Europa que más población pierde a causa de la emigración y la crisis. Dicho informe nos confirma además que las fuentes españolas que manejan los dos principales partidos subestiman la realidad. Las cifras anuales del PERE (Padrón de Españoles residentes en el extranjero), del CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) o de la EVR (Estadística de Variaciones Residenciales) no son un indicador preciso ni de cuántos españoles se marchan ni de en qué momento lo hicieron, son una muestra pequeña y sesgada de la gente que se ha ido en los último dos, tres, cuatro o cinco años. Se limitan a registrar el inicio y el fin de la línea: es decir, contabilizan los procesos de salida del Estado español a través de los registros consulares en los países de destino o los procesos de entrada o retorno al darse de alta en el padrón de nuevo. Lo que ocurre en el durante es algo que prefieren ignorar y así lo muestran los métodos de medición empleados que encuentran su traducción política en medidas como la recientemente aprobada eliminación de la atención sanitaria a personas que residan en el exterior por un tiempo superior a 90 días.

Las inscripción en los registros consulares trae más inconvenientes que ventajas por lo que es necesario hacer uso de nuevas herramientas que nos permitan analizar y entender el fenómeno y poder así hacer política. Amparo González Ferrer publicó un estudio en el que compara la evolución de las cifras del INE con las cifras de la inmigración española publicadas por organismos del Reino Unido o Alemania. Esta comparación concluye que la emigración a estos países sería entre cuatro y siete veces mayor de lo que indican nuestras cifras. En otras palabras, tenemos que irnos fuera e investigar los datos publicados por otras instituciones para saber qué es lo que está pasando en el marco del Estado español. Sólo por poner dos ejemplos: en el año 2012, casi 30.000 personas procedentes de España se dieron de alta en los registros de población alemán. En ese mismo año, la EVR (Estadística de Variaciones Residenciales) registra como salidas a Alemania a 4.800 personas. En el caso del Reino Unido es más sangrante todavía: 37.721 españoles de entre 18 y 59 años se registran (solicitan el National Insurance Number), mientras que las cifras españolas hablan de 5.217 salidas al Reino Unido.

Son datos como el número de Seguridad Social, requisito para poder trabajar en el Reino Unido o el número de personas dadas de alta en el padrón en ciudades alemanas (sin este papel conocido como Anmeldung en el caso de ciudades como Berlín no puedes ni siquiera abrir una cuenta bancaria o hacerte un carnet para la biblioteca), las fuentes a las que el Gobierno está obligado a acudir. El INE se limita a limpiar y publicar los datos que recogen los consulados siguiendo las instrucciones del Real Decreto que obliga a contabilizar como emigrante sólo a quién puede demostrar que vivirá al menos un año en el extranjero y decide inscribirse. Quizás corresponde adoptar una definición diferente de emigrante ante la realidad cotidiana de miles de personas que nos encontramos fuera.

En conclusión, podemos decir que esta táctica de no-reconocimiento de las salidas del país, esta “no-política” del Gobierno frente a los nuevos fenómenos migratorios, como señala Belén Fernández, es ya una política en sí misma y es que reconocer estas salidas implica el fracaso de los distintos gobiernos y el sector empresarial para crear las condiciones necesarias en el mercado laboral que permitan la absorción de esta mano de obra. La otra cara de esta “no-política”, más amarga si cabe, la hemos visto recientemente en la comparecencia del Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ante la muerte de 15 personas en las playas de Ceuta.

Insisten en hacernos creer que hay un nosotros contra ellos, que la persona (in)migrante es ese sujeto extraño a la sociedad y causante de muchos de sus males. Pero desde las playas de Ceuta hasta la ciudad de Berlín, todos y todas somos víctimas del mismo poder y del mismo modelo excluyente y voraz que nos expulsa de nuestras tierras. La integración se construye sin represión ni marginación y desde todas (las) partes.