El finalizar el año es siempre un buen momento para hacer un balance de la legislatura, en este caso de los aspectos relativos al laicismo y al gobierno. Debemos subrayar, en primer lugar, los avances que se han hecho en algunas cuestiones; a nivel del gobierno central y durante los dos primeros años se cultivó una simbología laica de las ceremonias oficiales como, por ejemplo, el juramento no confesional de los ministros o la ceremonia laica en memoria de los fallecidos por la covid; aunque fue un impulso que se limitó solo a los primeros años ya que después se volvieron a mantener las celebraciones religiosas de Estado como, por ejemplo, el anacrónico ofrecimiento de la nación al apóstol Santiago, por no hablar de todas las ceremonias religiosas que se hacen oficiales en la mayoría de los ayuntamientos y Comunidades Autónomas o en el seno del Ejército.

En el ámbito de la memoria histórica, pese a todas sus limitaciones, la nueva ley abre la vía para exigir la supresión del simbolismo católico fascista en muchos lugares y también debiéramos exigirlo para el Valle de Cuelgamuros. En cuanto a los derechos individuales cabe hacer mención al avance de los derechos de las personas como ha sido la inclusión del aborto en el sistema público hospitalario- aunque aún no está claro cómo se implementara -o la garantía de los derechos de las personas transgénero; la promulgación de la ley de eutanasia ha sido un avance muy significativo pese a las deficiencias en su aplicación donde hay casos particulares que han llamado la atención.

Pero más allá de esto nos encontramos con una frustración ya que las principales promesas del programa del gobierno de coalición no se han realizado, como la prometida reversión de las inmatriculaciones o la promulgación de una ley de libertad de conciencia por no hablar de la derogación de la ley mordaza, pese a que se prometió que se haría en el primer año de la legislatura; además, la modificación proyectada de la ley mordaza contiene una concepción del orden público basada en la seguridad interior y el control policial y no en la garantía de la libertad de manifestación y expresión, como bien ha señalado Amnistía Internacional; la derogación de la tipificación penal de la blasfemia, eufemísticamente denominada de “ofensas a los sentimientos religiosos”, ni siquiera está en la agenda de las reformas del Código Penal pese a que se han modificado, con carácter de urgencia, tipificaciones más controvertidas como la rebaja de penas de la malversación de fondos públicos, algo inexplicable para lo que significó históricamente el 15 M y de cuya cantera tomó los votos Podemos o la peligrosísima introducción de los denominados “desórdenes públicos agravados”, algo que parece una amenaza a la libre manifestación y refleja una concepción autoritaria del orden público .

En cuanto a las inmatriculaciones, se dio a la luz pública un listado incompleto de las mismas que, por lo demás, ya había prometido el PP y nada más. Incluso la supervisión, por medio de patronatos, de algunos bienes emblemáticos declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad – caso de la mezquita de Córdoba- fue echado para atrás ya que se paralizó la reforma de la Ley de patrimonio histórico, donde estaba prevista la constitución de estos patronatos de supervisión.

Por lo que respecta a los privilegios de la Iglesia católica el gobierno ha mantenido una actitud de consolidación de los mismos y particularmente en las leyes educativas donde el sistema de centros concertados en ningún momento ha sido cuestionado, sino más bien ha salido consolidado como demuestran las cifras de escolarización en la escuela privada que han crecido en todos los niveles pero, especialmente, en la Formación Profesional y en la educación infantil, por no hablar de las universidades privadas que han aumentado de forma espectacular su alumnado y donde la flamante y poca ambiciosa ley de Universidades se mostrará incapaz de poner freno a este nuevo desorden universitario que apunta a un nuevo tipo de segregacionismo social. En el capítulo de la educación ni siquiera se ha conseguido sacar la religión confesional católica de los colegios públicos.

En el caso de los abusos sexuales de menores en la iglesia católica y su prevención se trasladó su investigación parlamentaria al Defensor del Pueblo de la cual se han descolgado las principales asociaciones de afectados y no se quiso incluir medidas de obligatoriedad específicas para la iglesia católica en la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia pese a la insistencia de asociaciones como la nuestra que exigíamos una mención específica

Ni que decir tiene que el Gobierno no ha tomado la iniciativa de recortar la financiación de la iglesia más bien ha incrementado ésta a través de la financiación de su obra “social” y ONGS y ni una palabra se ha pronunciado sobre la denuncia del Concordato.

En resumen, el Gobierno ha mantenido una actitud de no trasformar el marco privilegiado de relaciones con la Iglesia Católica incluso ensalzando, siempre que ha tenido oportunidad, la figura del Papa de Roma pactando, a través del Vaticano y en un total secretismo, la estabilidad en estas relaciones siendo el Gobierno muy consciente, debido a la frágil mayoría parlamentaria que lo sustenta, que lo principal era realizar un cortafuegos entre la derecha política y la Iglesia católica y en cierto sentido,hasta ahora, se ha conseguido pero a costa de no realizar reformas secularistas, sobre todo, en la educación, en la financiación de la Iglesia católica o en la gestión del patrimonio histórico cultural. De hecho, este ha sido el Gobierno de izquierdas, en la historia de la democracia, que menos criticas ha tenido de parte de la jerarquía católica, aunque la nueva ultraderecha de Vox se nutra del entramado del fundamentalismo juvenil católico, muy activo en nuestro país y los católicos se decanten cada vez más sólidamente hacia los partidos de la derecha.

Más allá del gobierno, algunas Comunidades Autónomas han pactado por sÍ mimas, acuerdos de cooperación privilegiada con el catolicismo como ha sido el mini concordato firmado por la Comunidad Valenciana con los herederos de Monseñor Cañizares; en general ,todas las CCAA y muchos ayuntamientos se están caracterizando por impulsar acuerdos de cooperación con las religiones en lo que denominan la “gestión de la diversidad religiosa” y todo ello auspiciado desde el Ministerio de la presidencia y desde la nefasta Fundación Publica denominada “pluralismo y convivencia" y que no es más que una fundación para promover el multiconfesionalismo y ello en pugna con aquellos pocos municipios, como el de Gijón ,que intentan implementar reglamentos de laicidad municipal.

En cuanto a los tribunales destacar tres sentencias: una del Tribunal Constitucional, que ha amparado la financiación de los colegios concertados que segreguen por sexo; otra del Supremo, que ha amparado las becas públicas para estudiar en las Universidades privadas; y, por último, la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha santificado la legalidad del simbolismo católico en los municipios, en este caso defendiendo la legalidad del Ayuntamiento de Cádiz de imponer medallas a la Virgen del Rosario. Si estas interpretaciones de los tribunales son tan desfavorables para el laicismo lo son porque el marco legal es favorable a mantener un Estado pseudo confesional y porque también existe un sesgo ideológico de los magistrados claramente confesional .

Podríamos hacer referencia también a la fragilidad de nuestro modelo de asistencia social (residencia de ancianos, menores tutelados, pobreza extrema etc. ) en donde la Iglesia Católica ocupa el primer lugar en este negocio; el gobierno en vez de implementar planes de reversión de estos sectores asistenciales privatizados sigue amparando la mercantilización de este amplísimo sector que, en muchas ocasiones, revierte la forma de asistencia caritativa católica cuando en verdad contiene un verdadero negocio mercantil fuertemente subvencionado.

Pero más allá de todos estos comentarios el gran fracaso, desde la perspectiva del humanismo laicista, ha sido la beligerancia del Gobierno en relación a la guerra, donde se ha optado por inflar la bomba del belicismo y el incremento de los gastos militares siendo el Museo del Prado testigo de un encuentro donde se ensalzaron, en contra de la declaración de los derechos humanos, los valores de la guerra y la amenaza y no los de la negociación y la resolución pacífica de los conflictos internacionales.