Hace una semana recibimos una buena noticia. Parece que por fin el Estado español va a empezar a cumplir con su obligación y va a ampliar la formación en género que reciben los jueces y las juezas, especialmente de quienes juzgan casos de violencia de género. Aunque mucha gente no lo sepa, buena parte de este logro se lo debemos a Ángela González.

Fue Ángela González la que consiguió que, en el año 2014, el Comité CEDAW de la ONU condene a España por no haber protegido ni a ella ni a su hija de la violencia ejercida por su expareja, un maltratador. Como parte de la condena, el Comité dictó una serie de recomendaciones, entre ellas, la necesidad de que España formara a sus jueces y juezas en una perspectiva de género. Recomendación que el nuevo gobierno va a empezar a cumplir ahora, cuatro años después, con la proposición de ley presentada la semana pasada.

Pero hablemos más de Ángela y de lo que ha conseguido. Ángela es la mujer que lleva 15 años reclamando justicia por el asesinato de su hija. Ángela es un ejemplo. Es un ejemplo de lucha y superación, pero también es el ejemplo de cómo los prejuicios y los estereotipos de género en la justicia provocan un daño real. No son algo abstracto ni teórico, sino que tienen un impacto en la capacidad de la justicia para proteger a las personas de la discriminación y de la violencia.

En el año 2003 su hija Andrea, de tan solo 7 años de edad, fue asesinada por su expareja, el padre de la niña, durante un régimen de visitas sin supervisión impuesto por una jueza. La niña se vio obligada a pasar la tarde con su padre, a pesar de que no quería y de que Ángela había denunciado que corría peligro con él. Pero en el pensamiento de la jueza predominó la idea, el estereotipo, de que lo más importante es que un niño o una niña esté con su padre, incluso aunque sea un maltratador. Puede ser que pensara “qué exagerada, qué manipuladora, qué histérica”, o algún otro adjetivo que tanto se usa para hablar de las mujeres que huyen de situaciones de violencia.

Tras el asesinato de su hija, durante 11 largos años, Ángela buscó justicia en los tribunales de España, pero el Estado no asumía su responsabilidad. Agotada la vía nacional, decidió acudir a la ONU buscando una justicia que el Estado español le negaba. Después de la condena de Naciones Unidas, en 2014, el gobierno se negó reiteradamente a cumplir con las medidas, excusándose en que los dictámenes de la ONU no son vinculantes. Mientras, las cifras de niños y niñas asesinados como parte de la violencia de género no han dejado de aumentar; y las sentencias machistas y discriminatorias, plagadas de estereotipos y prejuicios, como la de La Manada, se han seguido dictando una tras otra. Y Ángela ha estado ahí para verlo, sabiendo que existían medidas para evitarlo.

Ángela pudo haber desistido, pudo habernos dicho a Women’s Link, que la acompañamos legalmente desde el año 2012, que no merecía la pena continuar. Al fin y al cabo, lo que ella más quería, su hija, nadie se la iba a devolver. Pero no lo hizo.

La sociedad española le debemos mucho a Ángela González. Le debemos haber contribuido a posicionar en la agenda pública el mensaje de que un maltratador no es un buen padre. Le debemos su perseverancia, su creencia de que igual no para ella, pero que su acción puede servir a otras mujeres que intentan proteger a sus hijos e hijas. Ella, que no tiene ningún afán protagonista, no querrá admitirlo, pero sí, la sociedad española le debe mucho.

Pero hay quien le debe aún más. El Estado español le debe cumplir con todas las recomendaciones del Comité CEDAW, no solo con la parte de la formación, que marcaban una hoja de ruta para luchar contra la violencia de género. Pero, sobre todo, España le debe a Ángela una disculpa pública que nunca se ha producido y una indemnización acorde al daño sufrido. El Estado debe admitir su responsabilidad en el asesinato de su hija. Unos gestos que podrían empezar a reparar el daño que la justicia española le infligió.