Richard Gowan

Rara vez la Corte Internacional de Justicia atrae la atención de los medios. Su decisión de que la declaración de independencia de Kosovo no fue ilegal ha suscitado la especulación (en gran medida alarmista) sobre la posibilidad de que otros movimientos separatistas sigan el ejemplo de Kosovo.

Los hechos de la semana pasada provienen directamente de la campaña de represión de Yugoslavia contra la población albana en los años noventa. Si las fuerzas de seguridad de Slobodan Milosevic hubieran mostrado un poco de moderación en aquel momento, hoy Kosovo sería, incontestablemente, territorio serbio.

Es fácil minimizar las atrocidades yugoslavas retrospectivamente. En medio de la crisis de 1999, los rebeldes de Kosovo (muchos de ellos hoy en el Gobierno) manipularon la crisis y llevaron a cabo sus propias atrocidades contra los serbios en cuanto tuvieron ocasión.

Aun así, a pesar de la complejidad del caso de Kosovo, el hecho de que Yugoslavia utilizara brutales tácticas para suprimir a los albanos transformó un conflicto local en una crisis internacional.

Es muy importante recordar esta lección cuando asistimos a nuevos ataques a minorías, como la persecución de la minoría uzbeca en Kirguistán de este año, en la que más de 2.000 civiles han muerto a causa de la violencia de las fuerzas de seguridad kirguises el pasado junio. Y la persecución continúa.

Hasta la fecha, poco han hecho las principales potencias para solucionar la crisis de Kirguistán, salvo enviar ayuda humanitaria y autorizar una pequeña misión policial para supervisar la evolución de la situación. Esta reticencia no es sorprendente. Con los presupuestos militares recortados a causa de la crisis financiera, y la guerra de Afganistán yendo tan mal, la intervención humanitaria se ha quedado fuera de la agenda.

Las cuestiones de derechos humanos y las tensiones interétnicas reciben cada vez menos atención por parte de las capitales occidentales. Los activistas acusan a la Administración de Obama de priorizar las buenas relaciones con las grandes potencias intolerantes, como Rusia y China, en detrimento de las causas justas. Los países que lideran la UE han adoptado una línea pragmática similar. Por su parte, Alemania está centrada en reforzar sus lazos con Rusia.

Occidente parece haber aceptado que presionar a países como Burma, Sudán o Zimbabwe a cuenta de los derechos humanos es contraproducente: ahora se estila la diplomacia silenciosa con los regímenes incómodos. Puede que esto sea inevitable: cada vez es más difícil desautorizar a los gobiernos africanos y asiáticos, que prefieren una aproximación más tranquila. En las Naciones Unidas, las grandes democracias no occidentales –incluyendo a Brasil, India y Suráfrica–, se alinean junto a China y Rusia contra cualquier asunto que parezca una interferencia de Occidente en los asuntos de otros países. Algunos alegan que aquel énfasis en los derechos humanos era contraproducente. Paul Collier, de la Universidad de Oxford –a día de hoy probablemente el académico más influyente en aspectos de desarrollo– ha argumentado que un grado de represión por parte de los gobiernos quizás sea el precio que merece la pena pagar para evitar el gran horror de una guerra civil.

Esto puede ser cierto en teoría, pero existe un problema en la práctica. ¿Qué se supone que debemos hacer en casos como el de Kirguistán, donde el abuso en materia de derechos humanos es claramente el detonante del conflicto? ¿Y qué ocurre con un caso como el de Sudán, donde la escalada de violencia interétnica crece en el sur del país, en vísperas de un referéndum de secesión para la región en enero de 2011?

Por si estos escenarios pudieran parecer demasiado ajenos a los intereses nacionales europeos como para preocuparse por ellos, podemos añadir Irak a la lista. A medida que las fuerzas estadounidenses abandonan el país, el peligro de un estallido de violencia entre los kurdos y los árabes va creciendo, avivando a su vez la inestabilidad en las áreas kurdas de Turquía e Irán. Esta situación podría hacer estallar una ulterior ola de violencia en la región.

En todos estos casos parece que no va a funcionar intentar construir y reforzar complejos marcos legales para defender los derechos humanos y a las minorías. Y tratar de resolver los conflictos redibujando el mapa, al estilo Kosovo, podría causar más daño. Aunque probablemente la independencia de Kosovo no llegará a desestabilizar los Balcanes, tratar de forjar un estado kurdo independiente en Irak sería la receta para una guerra general.

Los gobiernos europeos, mientras tanto, deberían dedicar más esfuerzos a analizar cómo las violaciones y los conflictos étnicos pueden desestabilizar la ultraperiferia, la zona comprendida desde el norte de África hasta Asia central, y preparar a los mediadores para que puedan afrontar nuevas amenazas a medida que surgen. Esto debería ser prioritario para el nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior, que ganaría credibilidad a ojos de los gobiernos extranjeros si pudieran atajar este tipo de crisis.

En un momento de congelación de presupuestos, invertir más en la prevención de conflictos y en la promoción de los derechos humanos puede ser algo difícil de vender, pero la alternativa es una nueva generación de Kosovos.

Richard Gowan es investigador principal del European Council on Foreign Relations

Traducción de Borja Novoa

Ilustración de Javier Olivares