Lecciones de una cumbre latinoamericana

AUGUSTO ZAMORA

No fueron pocos los que, en el mundo, observaron entre perplejos y atónitos el desenlace de la XX Cumbre de Río, durante la cual los presidentes de Colombia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua intercambiaron durísimas palabras, a raíz de la crisis abierta por la incursión militar colombiana en territorio de Ecuador. El panorama que precedió a la cumbre anunciaba –para quien desconociera la región– fuego y plomo. Quienes conocían la diplomacia regional sabían que, salvo una catástrofe impensable, la sangre no llegaría al río. Que la crisis podría prolongarse en el tiempo, pero, con el tiempo y aplicando los mecanismos políticos y jurídicos interamericanos, se resolvería pacíficamente y el ruido de sables quedaría en eso. En ruido.

Leyendo lo publicado sobre la crisis andina podía medirse el desconocimiento que sigue habiendo sobre Latinoamérica. Como ocurre con tantas cosas, sin conocer historia y antecedentes es imposible situar en su perspectiva la dinámica de los hechos.

Comencemos por el foro. El Grupo de Río fue creado en 1986, como hijo directo de aquel inmenso esfuerzo mediador que fue el Grupo de Contadora, nacido en 1983 para impedir una invasión de EEUU contra la Nicaragua sandinista y promover un acuerdo entre los países centroamericanos. Creado por Panamá, México, Venezuela y Colombia, en 1985 –tras el fin de las dictaduras militares– se sumaron Perú, Argentina, Brasil y Uruguay. Se trataba del mayor esfuerzo político realizado por Latinoamérica desde la independencia, para enfrentarse unida a EEUU, cuya política en Centroamérica podía provocar una catástrofe que arrastraría a la región. Contadora fracasó, por el boicot de EEUU, en lo referente a lograr un acuerdo de paz, pero triunfó en cuanto a detener los planes estadounidenses. Las guerras continuaron, pero no hubo invasión.

Pese al fracaso parcial, la experiencia de Contadora marcó un hito regional. Los países latinoamericanos tomaron conciencia, tanto de su peso como región si actuaban coordinadamente, como del valor de mantener el sistema de reuniones para tratar los propios temas, sin presencias extrañas (léase EEUU). En la reunión de 1986, en Río de Janeiro, los ocho países decidieron hacer del Grupo de Contadora “un mecanismo permanente de consulta y concertación política” para, entre otros objetivos, “propiciar soluciones propias a los problemas y conflictos latinoamericanos”. Reducido, en sus inicios, a ocho, se fue ampliando con los años, hasta incluir hoy a todos los países.

En otro ámbito, los países centroamericanos envueltos en conflictos armados de distinto tipo pusieron fin a los mismos, en los años noventa. Nicaragua, en 1990; El Salvador, en 1992 y Guatemala, en 1996. El único país que se ha sustraído a la dinámica de paz ha sido Colombia, que sigue arrastrando una guerra civil centenaria como Sísifo su piedra.

Desde su fundación, varias han sido las situaciones que el Grupo de Río ha desactivado. La X Cumbre, celebrada en Cochabamba, en 1996, permitió la primera visita de un presidente chileno a Bolivia en 43 años, países enfrentados desde la Guerra del Pacífico de 1879, que privó a Bolivia de su salida al mar. La XI Cumbre de 1997 resolvió la contradicción entre Brasil y Argentina por el puesto de Latinoamérica en el Consejo de Seguridad, acordando demandar dos puestos

para la región.

La crisis más grave que ha sufrido la región ha sido el conflicto territorial conocido como Guerra del Cenepa, que enfrentó a Ecuador y Perú entre el 28 de enero y el 2 de marzo de 1995. Como había ocurrido en anteriores ocasiones, el inicio de los combates fue seguido, de inmediato, por una intensa movilización de la diplomacia regional, que logró poner fin al conflicto. Decididos a no permitir nuevos choques, los países latinoamericanos lograron el compromiso de Ecuador y Perú para delimitar, de una vez y para siempre, la frontera, lo que quedó resuelto en 1998. Era la mejor manera de asentar que la guerra no tenía ya sitio en el ámbito latinoamericano.

Los conflictos de diversa índole, políticos y también territoriales, han seguido presentes en las relaciones regionales. Lo relevante no es eso, sino el hecho de que Latinoamérica viene gozando, desde hace casi dos décadas, de un periodo de paz inédito en su historia, merced, entre otras cosas, al fortalecimiento de los sistemas democráticos y al ascenso irresistible de las fuerzas de izquierda. Los conflictos políticos se resuelven políticamente y los contenciosos territoriales se someten a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Por vez primera en la historia, ocho Estados de la región se encuentran litigando en el tribunal mundial. Nicaragua y Colombia, por las áreas marinas y submarinas en el mar Caribe; Argentina y Uruguay, por las papeleras en la ribera del fronterizo río Uruguay; Costa Rica y Nicaragua, por los derechos de navegación en el río San Juan; Perú y Chile, por la línea divisoria marítima en el océano Pacífico.

Latinoamérica respira paz y la voluntad de cooperación e integración regional, con todas las dificultades que puedan existir, rebasa las expectativas más optimistas. De ahí el shock que provocara la inesperada e ilegal acción militar de Colombia en Ecuador. Por eso el rechazo general de los Estados de la región y la reacción de Venezuela y Nicaragua, países que mantienen controversias políticas y territoriales con Colombia. No era en absoluto admisible que un país se arrogara el derecho de atacar el territorio soberano de otro, en contra de las normas más sagradas del Derecho Internacional. Más cuando ese ataque armado a territorio ecuatoriano era derivación de un conflicto interno anacrónico, que se arrastra desde hace casi 200 años.

En Santo Domingo el presidente Álvaro Uribe debía escoger entre el aislamiento regional o la rectificación. Que optara por la segunda vía fue obra del conjunto de presidentes latinoamericanos. Porque en la región, de la misma manera que han quedado desterradas las dictaduras militares, debía quedar claro que también está desterrada la amenaza y el uso de la fuerza. Colombia vive una anomalía regional, pero toca a los colombianos salir de su laberinto. Les queda, ahora, seguir el ejemplo centroamericano y abrir las puertas a la paz. Puede que, en algún momento, Colombia necesite su propia versión del Grupo de Contadora.

Augusto Zamora es embajador de Nicaragua y profesor de Derecho Internacional Público en la UAM

Ilustración de Iván Solbes