GONZALO BOYE TUSET

Mientras leía ayer, en Público, La sala de la humillación me venía a la memoria aquellas ocasiones en que he tenido que prestar asistencia jurídica a compatriotas retenidos en la sala de las humillaciones de Barajas. Allí me he encontrado ante situaciones humanas en

las que difícilmente se logra encontrar una respuesta jurídica, porque esas salas son la mejor versión de lo que podríamos denominar

“limbo jurídico” y que no han salido a la luz hasta que Brasil, amparándose en el principio de reciprocidad, ha puesto a ciudadanos españoles en igual situación a la que en Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas se sitúa a muchos extranjeros

cada día.

La sala de inadmitidos de la Terminal 1 de Barajas ha sido habilitada sobre el tejado de la Terminal, sufriendo en verano los rigores propios de la mala construcción, el hacinamiento, la arbitrariedad, las malas condiciones higiénicas, la falta de derechos y la desesperación; ahí los “rechazados”, como único nexo con el resto del mundo, cuentan con un teléfono que unas veces funciona y otras no.

Se trata de un sitio del cual todos nos tenemos que sentir avergonzados y en la que por horas, días o semanas se aparca a seres humanos por la simple razón de incumplir requisitos subjetivos dejados al arbitrario criterio de funcionarios policiales que, hoy en día, son quienes realmente regulan la política migratoria española.

Es lamentable que de esas situaciones tan reiteradas como arbitrarias nada se haya sabido en España hasta que Brasil decidió actuar de igual forma con los españoles; no pensamos que llegar a esos extremos sea la solución pero, sin duda, en las relaciones entre Estados soberanos la reciprocidad es un principio, y alguien tenía que hacer ver a las autoridades españolas, de forma eficaz, que es inviable dejar la regulación del flujo migratorio en manos de funcionarios de policía y que si realmente se pretende establecer unos criterios objetivos para el ingreso en España entonces ese control habrá de realizarse en origen mediante la imposición de visados a los ciudadanos de los países latinoamericanos, asumiendo responsablemente el costo político que ello conlleva.

Durante el primer semestre de 2007, más de 400 turistas chilenos fueron rechazados a su llegada a España, otros tantos en el segundo semestre. Sin embargo Chile no actuó con la misma energía que Brasil, pero sí expuso a las autoridades españolas su preocupación y malestar por tan discriminatorio trato, pidiendo que se adopten medidas serias y honestas para evitar el atropello constante que también muchos chilenos están sufriendo en los aeropuertos españoles. No sólo se trata de solucionar problemas puntuales sino de rebajar el nivel de animosidad que en los países de Latinoamérica se está generando en contra de “lo español” producto de una visión unilateral de lo que han de ser las relaciones entre países con tanta historia y futuro común.

Si España pretende mantener unas relaciones maduras, cordiales, estables y en un plano de igualdad con los países de Latinoamérica deberá, entre otras cosas, definir cuál será el trato que dispensará a los ciudadanos de esos países. Y, también, cómo se posicionará respecto a los abusos que contra ellos se cometen al amparo de una Ley de Extranjería que no configura ni define lo que debe ser una política migratoria; también deberá afrontar la realidad innegable de que muchos latinoamericanos, la mayoría, a España sólo vienen como turistas y que debería tratárseles tan bien o mejor, incluso, que a los rubios europeos que masivamente visitan este país durante los meses de verano.

Gonzalo Boye Tuset es abogado

Ilustración de Iván Solbes