El pasado dos de mayo, día de la Comunidad de Madrid, tuvo lugar un nuevo choque institucional entre el Gobierno de España y el madrileño. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, no solo no fue invitado al acto de celebración, sino que además se le impidió subir a la tribuna de autoridades. Una tribuna en la que sí estaban tanto la ministra de Defensa, Margarita Robles -en lugar de quedarse abajo ante el desprecio a su compañero-, como Alberto Núñez Feijóo. El senador gallego estaba en calidad de líder de la oposición, un título no oficial que, según el Ordenamiento General de Precedencias del Estado, es un cargo de menor graduación que cualquier ministro. Este desprecio a Bolaños supone un importante agravio, además de una deslegitimación de su derecho a estar presente en el acto, solo porque su partido no coincide con el que gobierna en la Comunidad.

No es la primera vez que se dan situaciones llamativas en la celebración del dos de mayo. De las cuatro presididas por Isabel Díaz Ayuso, la única 'normal' fue la del año pasado. En 2020, Pablo Casado (entonces líder del PP) pasó revista a los sanitarios de Madrid. En 2021, en vísperas de la jornada de reflexión, Nacho Cano convirtió el acto en una celebración no ya de Madrid, sino de Ayuso, provocando denuncias ante la Junta Electoral Central. Y ahora, en 2023 y con nuevas elecciones a la vuelta de la esquina, se niega a Bolaños la presencia en la tribuna. Una presencia que, cabe destacar, sí tuvo el ministro en 2022. Ayuso provocó un nuevo choque institucional entre los gobiernos madrileño y nacional, uno más en una lista cada vez más larga en sus menos de cuatro años como presidenta: desde los cierres perimetrales a los fondos europeos.

Esta situación es consecuencia de un grave problema con varios partidos en nuestro país: piensan que determinadas instituciones les pertenecen. Al Partido Popular le pasa con los gobiernos de Madrid, Murcia o Galicia. A ERC, CiU y sus sucesores, con Cataluña. Al PNV con Euskadi. Y al PSOE, al menos hasta hace unos años, con Andalucía. Piensan que las instituciones son suyas y, por tanto, pueden hacer lo que quieran con ellas. Y, si alguna vez sienten su poder amenazado, harán todo lo que esté en sus manos para revertir la situación.

Ejemplos recientes hay muchos. Los desafíos de Ayuso al Gobierno central, las respuestas del presidente de la Diputación de Ourense al ser pillado a más de 200 kilómetros por hora, el 'procés', la impunidad contra la corrupción del PNV que denunció el fiscal jefe de Álava durante el juicio del caso De Miguel en 2018, o los temas de corrupción como los casos Lezo y ERE demuestran el sentimiento de propiedad de algunas instituciones por parte de varios partidos. Y, para ver qué pasa cuando temen perderlas, no hay más que ver la búsqueda de tránsfugas por parte del PP en Murcia hace dos años. Estos partidos creen que las instituciones que gobiernan o han gobernado son de su propiedad, sobre todo si ese gobierno se mantiene durante varias legislaturas. Y, como les pertenecen, pueden hacer con ellas lo que quieran. Estas situaciones pueden generar importantes problemas cuando el Gobierno central no se ajusta a los deseos de algunos ejecutivos autonómicos. No hay más que ver el caso de Cataluña con el Gobierno de Rajoy y con el Gobierno de Sánchez. O, a menor escala, el caso de Madrid en el dos de mayo de 2018, con dos ministras en la tribuna; y en el dos de mayo de 2023, del que ya hemos hablado.

Por si fuera poco, el sentido de Estado del PP parece desaparecer en cuanto sale del Gobierno de España. La consecuencia más sonada actualmente es la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva cuatro años y medio con el mandato caducado. Pero no es la única. La reunión de Feijóo con una serie de fiscales para prometerles derogaciones puede entenderse como un nuevo intento de controlar la Justicia desde atrás, como admitió -con bastante torpeza- un senador popular en 2018. Desde el primer momento, el PP ha deslegitimado los gobiernos de Pedro Sánchez, tanto en solitario como con Podemos, como si considerara que solo los populares tienen derecho a gobernar. Desde las críticas a una moción de censura aprobada de una manera pírrica al "Gobierno Frankenstein" y el "Que te vote Txapote", han sido cuatro años de una crítica al Gobierno que supera los límites del partidismo tradicional.

Como consecuencia de estas acusaciones, algunos sectores de la derecha y la extrema derecha están ya jugando con el cuestionamiento de los resultados de las próximas generales. Deslegitimando una elección siete meses antes de que se celebre. Porque algunos parecen pensar que el Gobierno es suyo, y si no lo ganan en las urnas, no permitirán que otro lo haga. En junio de 2022, por ejemplo, González Pons afirmó falsamente que Indra lleva a cabo los recuentos electorales, y que Pedro Sánchez estaba tratando de controlar esta empresa. Vox empezó incluso antes, exigiendo que se recontaran los votos en las dos elecciones generales de 2019. Confío en que el PP, sea por recuperar su sentido de Estado, sea por presiones de Europa o sea por lo que sea, no lleve más allá este tipo de insinuaciones. Porque son peligrosas, y cualquier persona demócrata con un poco de sentido común lo sabe. Los tristes ejemplos de Estados Unidos y Brasil nos demuestran que incluso democracias consolidadas pueden sufrir este tipo de situaciones.

También confío en que ni PSOE ni ninguna otra fuerza grande a su izquierda asuman esta misma dinámica en el caso de que pierdan las próximas elecciones. Si el PP continuara con esta estrategia y algún partido de la izquierda parlamentaria la adoptara, la democracia española sufriría profundamente. Si a partir de ahora el principal partido de la oposición, sea cual sea, se dedica a restarle legitimidad al partido que gobierne, perderemos un componente fundamental de nuestra democracia: el reconocimiento de la legitimidad en la derrota. El cuestionamiento continuo del Gobierno desde hace casi cinco años es una consecuencia de la amplia polarización que afecta al país. Es responsabilidad de todos los partidos y de sus votantes perpetuar esta situación o revertirla. Esa responsabilidad empieza por no permitir a nuestros gobernantes sentirse propietarios de las instituciones, desde los gobiernos de cada comunidad autónoma a los poderes judiciales. Y, sobre todo, a aceptar las normas del juego democrático, se pierda o se gane.