Trabajadores de la Universidad Complutense de Madrid*

Es la tercera vez en menos de un año que los antidisturbios entran en la Universidad Complutense de Madrid, concretamente en el campus de Somosaguas para lo que se requiere la petición expresa del Rector y el consentimiento de los Decanos. El motivo que se ha utilizado es garantizar el normal funcionamiento de la universidad. Sin embargo, la desproporción y el recurso a un cuerpo policial armado en vez de al diálogo y la mediación nos obliga a pensar en otras razones de mayor calado.

Las autoridades académicas hace tiempo que han renunciado a resolver los problemas que realmente impiden el normal funcionamiento de una universidad pública. En vez de hacer frente a una situación inaceptable (subida de tasas, bajada de salarios, despidos, pérdida de derechos laborales, deterioro de las condiciones de trabajo, etc.) se afanan en aplicar los recortes, renunciando al diálogo con estudiantes, profesorado, personal de administración y servicios y trabajadorxs de contratas, acabando con cualquier tipo de resistencia y recurriendo si es necesario a los antidisturbios.

Los recortes en la universidad pública implican un cambio de modelo y una transformación radical de la enseñanza pública en la misma lógica de destrucción de lo público que afecta a todo el país. La diferencia es que mientras en otros sectores como la sanidad los equipos de dirección encabezan las reivindicaciones, en la universidad se opta por imponer sí o sí los recortes. El nuevo modelo de universidad pública supone acabar con el criterio de universalidad, calidad de la enseñanza, autonomía universitaria y democracia. La universidad está dejando de garantizar una formación para todos, independientemente de su extracción social. Es una universidad para los que pueden pagar, donde la falta de recursos humanos y materiales hace imposible una docencia de calidad y prestigio y donde las únicas decisiones que toma el Consejo de gobierno son las de cómo aplicar los recortes y rendir cuentas a la Comunidad de Madrid.

Cuando desde algún centro se genera alguna oposición a la aplicación de los recortes, se recurre a la coacción y a la amenaza. Los gerentes persiguen y amonestan a los trabajadores prohibiéndo que se envíen correos sobre acciones y comunicados, obligándoles a quitarse chapas y pegatinas reivindicativas, cerrando el acceso a internet de sus ordenadores, cuando hay huelga como la de los compañerxs de la limpieza se llama a la seguridad de la universidad para generar miedo y violencia; y finalmente, se recurre a 18 furgones de antidisturbios para desalojar a un grupo de apenas 20 estudiantes que protestaban contra los recortes en educación.

La imagen de deterioro y desesperación que proyectan algunos centros, también por la imagen de los medios de comunicación alimentada por el rectorado, por ejemplo, vinculando las protestas por los recortes en educación del día 25 de abril a las movilizaciones a las puertas del Congreso no puede llevarnos a desatender la por la que pasan nuestros estudiantes, nuestros compañeros cuyo salario ya es de subsistencia, las compañeras de la limpieza obligadas a trabajar más por menos o los compañeros de mantenimiento despedidos.

Lo cierto es que los recortes no afectan a todos por igual y hay quienes consideran que su trabajo y sus intereses no están en peligro, pero anteponer la “ley y el orden” a la justicia implica que se ha renunciado al diálogo y se genera una espiral de violencia que sólo perjudica a los más débiles.

Defender la universidad pública no puede ser un mero discurso hacia los medios de comunicación ni un lazo verde en la solapa. Defender la universidad pública implica ponerse a la cabeza de las reivindicaciones de una financiación adecuada, que garantice los derechos de todos los trabajadores y de los estudiantes, desde el compromiso con lo público, sin coacciones ni amenazas, abriendo cauces para ser escuchados y defendiendo los legítimos intereses de todos.

Si el Rector y los Decanos quieren actuar con responsabilidad y realmente empezar a resolver los verdaderos problemas de la Universidad, se hace necesaria la disculpa a trabajadores y estudiantes por haber recurrido a la intervención de los antidisturbios así como un compromiso público de NO AUTORIZAR la entrada de este cuerpo policial en los campus universitarios.

*Ángeles Diez (PDI), Marta Piñeiro (PAS), Carmen Romero (PDI), Rommy Arce (PAS), Javier García ( PAS ) Caridad Maroto (PAS), Alba Artiaga Leiras ( Becaria), Antonio Poveda (PAS), Elena Casado (PDI), Pilar Montero Díez (PAS), Rosario Moreno Nuñez (PAS), Antonio García García (PDI) y más compañeras y compañeros de la Plataforma de Trabajadores de la UCM

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