En un Estado fallido como el iraquí, cualquier norma o ley por extravagante que sea resulta creíble. Iraq tiene un dramático historial teñido de crisis, conflictos y guerras. Los gobiernos del anterior régimen del Baaz sumieron al país en un profundo mar de disputas y enfrentamientos, tanto con países vecinos como con potencias internacionales, que dejaron unas huellas trágicas imborrables a nivel social, político y económico. Tras la invasión estadounidense del país en 2003, la situación empeoró considerablemente en todos los ámbitos. Quedó así una sociedad enfrentada por razones étnicas y confesionales bajo la ausencia casi total de los tres poderes del Estado. Pronto Estados Unidos entregó Iraq al vecino Irán de los ayatolas para infiltrarse con su medieval ideología en todas las articulaciones del poder. Un poder controlado por milicias armadas proiraníes que han causado estragos cometiendo asesinatos, limpiezas étnicas y elevando la corrupción administrativa y económica a unos niveles desconocidos hasta el momento. Según el Global Corruption Barometer, Iraq es uno de los países más corruptos del mundo junto a Afganistán, Somalia, Yemen, Sudán o Libia. Una corrupción estructural que afecta a la justicia, los ministerios y toda la administración sin excepción. Implica a destacados políticos y miembros de los sucesivos gobiernos desde 2003 y a los partidos políticos, especialmente del ámbito religioso. Esta panorámica de ascendente deterioro ahonda aún más en las divisiones culturales y sociales. Y dentro de este lamentable espectáculo se enmarca el actual intento de infiltrar un proyecto de ley que en caso de aprobarse afectará gravemente al ya dañado tejido social del país.

De nuevo la sociedad iraquí se encuentra inmersa en un profundo debate sobre un proyecto de ley que pretende introducir una serie de modificaciones en el Código de Estatuto Personal iraquí (Código de familia) número 188 del año 1959, considerado el más progresista en Oriente Medio. Ya en 2014 el entonces ministro de justicia, Hasan al-Shammari, presentó ante el consejo de ministros un proyecto de ley con las mismas características que el actual, aunque no llegó a buen fin. En octubre de 2017, el Gobierno iraquí aprobó el mismo proyecto de ley y lo envió al parlamento, pero por la presión social ejercida por los intelectuales, la sociedad civil y las asociaciones de defensa de los derechos humanos no consiguió ser aprobado. El proyecto se conoce como al-Qanun al-Ya’fari (la ley chií) por estar inspirado en las enseñanzas de esta confesión basadas en la obra del VI Imam chií Ya’far al-Sadiq (699-765) y de otros clérigos posteriores. Las modificaciones propuestas afectan solo a las dos ramas del islam, suníes y chiíes, sin mencionar a otras confesiones o religiones. Básicamente pretende desmontar el matrimonio civil y sustituirlo por otro religioso. En su segundo artículo, punto quinto, permite que los clérigos de las dos confesiones, suní y chií, puedan formalizar el contrato matrimonial y los jueces están obligados a aceptarlo. Los clérigos de ambas ramas del islam admiten tradicionalmente el casamiento de niñas a partir de los nueve años lunares (ocho años y nueve meses), porque así lo hizo el Profeta del islam. En cambio, la edad de los varones será de quince años. El Código de Familia en vigor prohíbe el matrimonio antes de los dieciocho años para los dos sexos y solo en casos excepcionales admite el matrimonio de menores a partir de quince años con una autorización jurídica.

Entre otras perlas del nuevo proyecto encontramos que la esposa solo pueda solicitar el divorcio por dos motivos: que el esposo sea impotente o que haya sufrido la amputación de su miembro viril. En cambio, el esposo lo podrá solicitar por numerosas causas, dos de las cuales tienen que ver con problemas de piel de la esposa. El proyecto permite la poligamia y prohíbe que el hombre pueda casarse con una mujer no musulmana, en contra de lo que venía siendo la norma de que un hombre musulmán podría contraer matrimonio con una cristiana o judía (gentes del libro). Permite la violación dentro del matrimonio; prohíbe a la esposa abandonar el hogar familiar sin el consentimiento del esposo; obliga a la esposa a cohabitar con la familia del esposo si no se dan las circunstancias para independizarse; otorga la custodia de los niños al padre a partir de los dos años en caso de divorcio; priva a los nietos de la herencia de los abuelos si el padre o la madre fallece antes que los abuelos. La viuda recibirá una cantidad mínima de herencia y no tendrá ningún derecho hereditario si se trata de bienes inmuebles (vivienda, finca, terreno, edificio…). Este nefasto proyecto concede amplia competencia y autorización a la clase clerical, cuyas decisiones serán definitivas en relación con el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y la economía de la mujer, que resultará la mayor damnificada en todo esto. Según el proyecto, los cónyuges que deciden recurrir a las disposiciones de la sharía en vez de a los juzgados deben elegir la confesión religiosa para la formalización del matrimonio. En caso de un matrimonio mixto, solo el marido tendrá competencia para decidir cuál será la confesión. También abre la puerta a la celebración del matrimonio fuera de los juzgados. Los clérigos de las distintas confesiones tendrán autorización para celebrar el matrimonio sin la obligación de registrarlo a continuación en los juzgados o en el registro civil. Esta grave norma traerá serios problemas, especialmente para la esposa, que se verá sin ningún tipo de protección. En caso de conflicto no contará con ningún documento que demuestre esta relación, incluso pueden surgir otro tipo de problemas, como el reconocimiento de la paternidad de los hijos, y en consecuencia habrá mayores tensiones sociales, enfrentamientos de carácter sectario y mayor desigualdad entre los dos sexos.

En fin, es un proyecto que, en caso de ser legislado, significaría un terrible drama para la sociedad iraquí y una catástrofe jurídica. Devolvería al país a los peores momentos de la historia, abriría las puertas a la pederastia y agudizaría aún más el carácter sectario del país, muy presente desde la invasión norteamericana en 2003. Afortunadamente, los dos primeros intentos fracasaron por el rechazo de organizaciones civiles, individuos, intelectuales y asociaciones que se pusieron en pie de guerra para evitar su legalización. Pero sus defensores dentro del gobierno iraquí y muchos parlamentarios chiíes han estado esperando la oportunidad para volver a presentarlo y aprobarlo en el parlamento y han vuelto con más insistencia a proponerlo. Una de las consecuencias directas de este proyecto del 2017 fue la aparición de decenas de miles de carteles expuestos en espacios públicos en Bagdad y otras grandes ciudades iraquíes que exigían a la mujer vestirse de forma recatada y no salir a la calle excepto por una necesidad inevitable.

Detrás del proyecto está la coalición proiraní conocida como Marco de Coordinación, que pertenece a partidos chiíes y cuenta con 130 miembros de un total de 329 apoyados por las instituciones religiosas de la ciudad de Najaf. Y como está pendiente de aprobación otro proyecto de ley referente a la amnistía general para poner en libertad a decenas de miles de presos de mayoría suní encarcelados desde hace años y acusados de actos de terrorismo, la coalición chií pretende hacer un intercambio, condicionando la aprobación de esta ley al apoyo de los partidos suníes a la suya.

Desde 2003 la mujer iraquí ha ido perdiendo a pasos agigantados derechos que había conseguido con gran esfuerzo. La mujer se ha convertido desde entonces en el objetivo preferente del ataque y la crítica por parte de los religiosos. Desde hace dos décadas, una de las finalidades de la clase clerical ha sido la abolición de la ley 188 del año 1959. La realidad actual de la mujer iraquí es triste. UNICEF calcula que el 28% de ellas se casa fuera de los juzgados antes de alcanzar los 18 años. El Fondo de Población de Naciones Unidas viene observando desde hace años el incremento alarmante del número de suicidios entre las mujeres iraquíes por la violencia de género y por obligar a las menores a contraer matrimonio. Destaca también el Fondo la falta de servicios sociales y de protección para la mujer acosada y violentada. Y por razones sociales solo un pequeño porcentaje de los actos violentos contra la mujer se denuncian en las comisarías de policía y los juzgados.

Para concluir, tenemos fe en que la sociedad civil, así como las asociaciones feministas y defensoras de los derechos humanos, serán esta vez también capaces de frenar este funesto proyecto de ley y que la mujer iraquí, en vez de retroceder en su vida y sus derechos pueda seguir avanzando, siendo un modelo en materia de derechos y libertades para la mujer árabe.