Xosé Manuel Pereiro

Decano del colegio de periodistas de Galicia

Hace tiempo, en una galaxia muy lejana, tanto que yo me estrenaba como periodista y en las ruedas de prensa se hacían preguntas, tuve a tiro de interpelación a dos altos cargos de Interior. Estaban recientes una serie de delitos, algunos particularmente odiosos, cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. La gota que desbordó el vaso había sido el asesinato alevoso y racista de Lucrecia Pérez, una dominicana de 33 años, que llevaba un mes en España. Le tocó una de las balas (“les he dado tres plomos, que se los repartan como puedan”, se jactó su asesino) que disparó un guardia civil a un grupo de inmigrantes que se refugiaba en una discoteca abandonada de Aravaca. “Ya sé que me van a decir que son solo excepciones en amplios colectivos que cumplen con su deber, pero ¿no creen que algo está fallando en la formación o en el control para que se reiteren estos hechos?”, pregunté. “Bueno, en todos los colectivos hay manzanas podridas, pero yo le aseguro que la inmensa mayoría…”.

El caso del guardia Manuel Arbesú González no fue tan grave. Él se limitaba a reírse cuando un amigo suyo vejaba y agredía sexualmente a una señora de 60 años en público, en un tren. A reírse y a grabar todo con su móvil (y no precisamente para presentarlo como prueba de cargo, porque en cuanto se presentaron agentes de verdad, huyó como un conejo y se ocultó, primero detrás de unos arbustos y después detrás de la placa). El colmo de la gracia hubiera sido que la ciudadana hubiera dicho eso de “¡mire que llamo a la guardia civil!” y él respondiese: “¡Es que yo soy guardia civil!”. Para mondarse todos. Él, su amigo rijoso, la señora y el ciudadano que sí intentó intervenir y se llevó unos golpes del agresor. El guardia Arbesú fue condenado por la Audiencia Provincial de Asturias —todos los pormenores de su chiquillada los conocemos como hechos probados precisamente gracias la sentencia— por omisión del deber de perseguir delitos a una pena de inhabilitación para cargo público de seis meses, lo que suponía su expulsión del cuerpo. La sentencia fue confirmada por el Supremo.

Pero honrados montañeses que transmiten los valores tradicionales a sus hijos y les exigen su cumplimiento pase lo que pase ya solo se pueden ver en las reposiciones de las películas de John Ford. Ni siquiera quedan en agrupaciones del PP como la de Pola de Lena. El padre del mozo, portavoz municipal y presidente local del partido, es una persona comprensiva. “Lo que él nos contó no es así. Todo lo que sucedió fue en un marco de cachondeo; eran dos jóvenes que volvían de fiesta y la conversación con la mujer fue en ese contexto de diversión”. Así que removió Pola con Santiago y aparecieron hasta el despacho del abogado de la agredida apoyos al guardia “con membretes de partidos políticos como el PP o IU, de entidades sociales, de asociaciones locales, de colegios, de jefes y de mandos de la Guardia Civil”. Todo para “evitar destrozarle la vida al chaval”. Como sabrán, al Gobierno le dio la real gana de indultarlo y sustituir la expulsión de la Guardia Civil por, según el Real Decreto 385/2014 del pasado 30 de mayo, una multa de 500 euros. El padre, que se sepa, no ha emprendido ninguna cuestación popular para sufragarla.

De entrada, a mí la sentencia de la Audiencia asturiana ratificada por el Supremo no me parece condena alguna. Era la constatación pura y simple de que el tipo no servía para guardia civil, ni en general para ningún cometido de servicio público. Asumir el papel de cómplice de un agresor sexual de forma pública, notoria, ante testigos, las cámaras de seguridad del tren y por si fuese poco, grabando él mismo la jugada, no parece el mejor currículo para ser garante de la seguridad de las personas. Ni para ser delincuente, la verdad. Lo que no quita que pueda ser –sin ánimo de señalar- un buen panadero o un apreciable calafateador de buques. Lo de “destrozarle la vida” con la inhabilitación es una licencia de papá consentidor. Si quiere ejemplos de vidas destrozadas, los tiene a pares en T. V. y A. O., las chicas pontevedresas condenadas a tres años de prisión por formar parte de un grupo de personas entre las que “alguien” —no está probado que fuesen ellas, y aunque lo fuesen— arrojó pintura a una piscina en el curso de una protesta laboral. O Carlos Cano y Carmen Bajo, sentenciados a la misma pena en Granada por actuar como piquete en una huelga general.

El felizmente recuperado para la represión del delito Manuel Arbesú no es el único caso de agente policial reintegrado por gracia gubernamental. Es el más reciente y el más… ¿estúpido? El más contumaz ha sido el de los cuatro mossos de escuadra condenados por torturas a un ciudadano rumano. El Gobierno los indultó una vez, pero como la Audiencia de Barcelona estaba empeñada en ejecutar la sentencia, tuvo que indultarlos otra vez para dejarles fuera de prisión y dentro del cuerpo. También indultó a otro mosso que amenazó con la pistola a un anciano en una discusión por una plaza de parking, y después alegó que pensaba “que en asuntos privados también podía intervenir como mosso” (el día en que explicaban esa pequeña diferencia debió faltar a clase). Según informaba este diario hace exactamente un año, en los cinco anteriores el Supremo había condenado a 22 agentes de diferentes cuerpos policiales por torturas, lesiones, u otro tipo de maltrato a detenidos. Y algunos habían zafado de prisión gracias al hada madrina gubernamental. No solo policías, claro. También banqueros, jueces prevaricadores y militares (los del Yak 42) no han visto “destrozadas sus vidas” por decisión de un Consejo de Ministros De todos, pero de unos más que otros. Según la 15Mpedia, los presidentes socialistas tuvieron una media de 1,20 indultos por día de legislatura (1,21 Felipe González, para ser justos), y los de derechas rondan el 1,36 de Calvo-Sotelo y el 1,38 de Rajoy, aunque este siempre puede subir la media y alcanzar al líder, Aznar, que ostenta, como en todo, el récord: 2,04.

Lo malo de los delitos de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad es que, en su momento, se cometieron porque muchos compañeros de profesión cerraban los ojos. Cuando el asesino racista Luis Merino iba de Madrid a Aravaca en un coche lleno de pegatinas ultras por fuera y otros tres neonazis dentro, se saltó dos semáforos en rojo y una patrulla de la policía local salió en su persecución. A pesar de ello, y de que uno de los niñatos que iba de pasajero los increpó, los municipales los dejaron seguir cuando Merino sacó su placa. El muy profesional, para dificultar el trabajo de la policía científica, intercambió el cañón de su pistola con el de la de un compañero (¿qué le dijo?: “¿Me dejas tu cañón?, es para ver cómo le queda a mi pistola”), ignorando que el percutor personaliza las balas igual que el ánima. Por el tiempo de mi rueda de prensa con los cargos de Interior, un policía nacional en A Coruña le disparó tres tiros en la cabeza a su esposa, después de varios años de malos tratos, mientras estaba viendo la televisión con su hija adolescente. Varias veces se había arrogado falsamente un cargo en la brigada de extranjería para obtener gratis prestaciones sexuales de prostitutas. Sin embargo, su superior lo catalogó de “buen policía” y señaló que la única sanción que le impuso fue por no retirar el coche de un lugar reservado. Fue condenado a 16 años y el Estado no fue declarado responsable subsidiario por no quedar probado que sus superiores conociesen sus hábitos de beber. Tenía entonces 47 años. Antes de los 50, había logrado ya la jubilación por incapacidad permanente.

En el caso del jocoso Arbesú, me gustaría leer un improbable reportaje sobre su vuelta a la oficina y la reacción de sus compañeros. Afortunadamente, está internet. En el Foro del guardia civil, de 53 opiniones (hasta el 28 de junio) solo tres consideraban que la expulsión era demasiado castigo —uno de ellos con el argumento de que “indultan a terroristas y asesinos; y nos tiramos la mano a la cabeza por esto”—, aunque otros ponían la salvaguarda de “si es cierto lo que dice la prensa” (hasta que un teniente coronel enlazó a una página judicial con la sentencia). Pueden comprobar que algunos comentarios superan el nivel de la publicación más izquierdista. Una reacción más que lógica. Si, como dice la publicidad institucional, lo que no pagan los defraudadores lo suplimos los demás, los indultos por conductas de este tipo son un insulto a los agentes de policía que sí cumplen su cometido, sin la tentación del atajo, o los “marcos de cachondeo”. Así que si no es para crear una tendencia favorable entre los partidarios del orden, es porque el mensaje del Gobierno es otro, y está dirigido tanto para los cuerpos de seguridad como para los ciudadanos en general: la ley será la ley, pero el grado de impunidad, o de castigo, depende de nuestro arbitrio. O como decía el conde de Romanones, "ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento".

Por cierto, aquellos altos cargos de Interior se llamaban Rafael Vera y Luis Roldán.