Ley de memoria, la premura del reconocimiento pendiente

Cruza la puerta. No te detengas. Si tienes dudas, siempre a la izquierda (‘La eternidad’, la comparsa de Antonio Martínez Ares)

Hace 12 años, aquel 26 de diciembre de 2007, arrancaban los efectos de la Ley 52/2007, comúnmente conocida como Ley de Memoria Histórica. La primera ley humanitaria que establecía derechos y reconocimientos a las víctimas de la guerra civil y dictadura como fueron: acceso a archivos, retirada de simbología, reconocimiento general a víctimas y asociaciones memorialistas, ilegitimidad de los Tribunales franquistas, prestaciones, Valle de los Caídos, edificaciones mediante trabajos forzosos, nacionalidad española a los brigadistas internacionales, o la finalidad principal, la reparación, es decir, la exhumación, hacer posible que muchas familias pudieran, por primera vez en la vida, llevar una flor a la sepultura de sus padres.

Aquella publicación de la Ley en el BOE de 27 de diciembre, vino precedida de su emotiva aprobación en el pleno del Congreso de los Diputados, con el respaldo de todos los grupos, a excepción del Partido Popular y de Esquerra Republicana.

Pero el espíritu en la memoria, de la “Ley a la Ley, a través de la Ley”, surgió casi dos décadas antes, cuando un joven diputado por León, logró en el Congreso sacar adelante una iniciativa por la que se equiparaban las prestaciones de los militares republicanos a las del resto. Ese joven diputado por León y profesor de Constitucional, que será investido presidente del gobierno en abril de 2004, y que redactará en 2007 de su puño y letra la exposición de motivos de la Ley de Memoria: el espíritu de reconciliación y concordia, y de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas, que guió la Transición, nos permitió dotarnos de una Constitución, la de 1978, que tradujo jurídicamente esa voluntad de reencuentro de los españoles, articulando un Estado social y democrático de derecho con clara vocación integradora...

Con carácter previo a la votación, la primera acción visible del gobierno socialista del presidente Zapatero, fue la retirada del primer vestigio de exaltación franquista, la estatua ecuestre del general Franco, en la plaza San Juan de la Cruz en Madrid, durante la madrugada del 17 de marzo de 2005. Ese mismo día, se celebraba en Madrid el 90ª cumpleaños de Santiago Carrillo, exsecretario general del PCE. Quince años después, se constituye la Dirección General para la Memoria Histórica y el último vestigio franquista retirado, ha sido el propio cuerpo del dictador en octubre de 2019, también por un gobierno socialista.

Las víctimas nunca podrán ser reparadas, no se puede compensar al hijo cuyo padre fue fusilado, pero sin duda, la generosidad con las víctimas, es una invitación a la democracia. Suárez y Aznar propusieron inhumar el cuerpo del presidente Azaña en el Valle de los Caídos, a lo que su viuda se negó, sin tragar saliva, y Rajoy redujo a cero euros las ayudas a la exhumación. El gobierno de Felipe González otorgó las primeras prestaciones a las víctimas republicanas, el presidente Zapatero promulgó la Ley de Memoria y Pedro Sánchez, ha exhumado a Franco. Los gestos son ideología, y la ideología en derechos humanos, decencia con las víctimas.

No han sido pocas las críticas sufridas por el único partido parlamentario fundado con anterioridad a la promulgación de la Constitución Española de 1977, y que es el único partido parlamentario que lleva la “E” de España en sus siglas. Como escribió José Andrés Torres Mora, ponente de la Ley en el Congreso: “de hecho, si el nuevo presidente nacional del PP se leyera los veintidós artículos, ocho disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales, de la ley, se llevaría la grata sorpresa de no encontrar ni una sola de las «paladas de rencor», que denunciaba el otro día en Ávila, ni siquiera un dedal de rencor, nada, ningún rencor”.

En el momento en que las víctimas fueron ejecutadas, especialmente por sus ideas, perdimos todos. La promulgación de la Ley de memoria, ampara a muchos, a todos, a gente que está viva, que tiene a sus familiares “tirados” en cunetas y que busca enterrarlos con dignidad, afecta al nombre de nuestras calles, a mandos militares heredaros o no de la época de los “generales”, afecta a la misma forma de democracia que nos atiende. Va siendo hora de liberarnos, sin verborrea.

En 2007 España comenzó a comprender su papel con los Derechos Humanos relacionados con la memoria. Sin embargo aún hoy la derecha considera que la emigración, la educación, la violencia de género o la memoria, son problemas de una parte de la sociedad, y no de todos. La primera víctima del franquismo fue la verdad, la segunda, la cultura. El error de las grandes revoluciones como la rusa o la francesa, fue la ejecución de los bolcheviques sobre la familia zarina, o de Robespierre sobre Danton. Las víctimas del franquismo reivindican sus derechos, desde dentro del estado de derecho, y la Ley de memoria hizo posible ese marco constitucional. Las leyes del gobierno del Presidente Zapatero, convirtieron algunos sueños en derechos, y lo hicieron para todos los españoles, para todas las españolas. Para que importara menos el partido promotor de los cambios, que el parlamento y la razón democrática que los hacía posibles.

Cuando se oscurece la recuperación de la memoria histórica, lo que se produce es una doble ejecución de la víctima, la primera fue en el siglo XX y la segunda en el s.XXI. El franquismo les aplicó el tiro de gracia, y cuando el Ayuntamiento de Madrid, con su desplante, destruye un monumento dedicado a las víctimas tirando a la basura 200000 euros de los madrileños, por nostalgia de la peor etapa de la historia de España, o cuando los órganos judiciales miran hacia otro lado a la hora de cumplir con el deber de investigar, se envilece la democracia. Las familias poseen el recuerdo y la emoción, las instituciones, tienen la obligación de mostrar la piel, el amparo y la implicación. La transición fue posible, recuperar a nuestros olvidados, también debe serlo.

Como escribe José María Calleja “lo mejor de todo es que Franco sigue muerto y gracias a una ley democrática ya no se le pueden hacer homenajes en el Valle de los Caídos”. Lo peor, que esta legislatura es la última oportunidad para dar continuidad a la Ley de memoria y recuperar a nuestros olvidados. Sin más demora.