FÉLIX POBLACIÓN

El 31 de mayo de 1906, el anarquista Mateo Morral lanzó una bomba desde un balcón de la calle Mayor de Madrid al paso del cortejo real, que regresaba a palacio una vez celebrada la boda de Alfonso XIII

y Victoria Eugenia de Battenberg en la iglesia de los Jerónimos. El atentado no consiguió su objetivo, al tropezar el artefacto con el tendido del tranvía, y los reyes salieron ilesos de la potente deflagración, pero murieron 23 personas, entre militares y civiles, y más de un centenar resultaron heridas como consecuencia de aquel regicidio frustrado. Pocos días más tarde, el autor del atentado se suicidaba cerca de Torrejón de Ardoz después de matar a quien lo había detenido.

La anómala muerte de Morral acabaría por dejarlo ante la historia como único ejecutor y responsable del hecho, sin trama o complot que lo respaldara en su proyecto y realización. Sí figuró como presunto instigador en un principio, entre los varios encausados que fueron condenados como encubridores, Francesc Ferrer i Guàrdia, el pedagogo racionalista fundador de la Escuela Moderna, centro en el que Mateo Morral había sido bibliotecario. Absuelto Ferrer, la sentencia que lo dejó en libertad bajo fianza hizo constar “las ideas disolventes y anarquistas del procesado, sin que fueran motivo legal suficiente para entender que tuvo que ser partícipe en el delito cometido por su amigo y cooperador Mateo Morral”. Una gran campaña mediática europea defendió entonces la inocencia del maestro anarquista, defensor de una enseñanza libre y racional frente a la España autoritaria y dogmática, sin que esa campaña pudiera erradicar la creencia entre buena parte de la ciudadanía, tal como sostienen hoy muchos historiadores, de que Ferrer i Guàrdia pudo haber intervenido de alguna forma en aquel atentado.

Dos años después, esa misma España a la que el librepensamiento

europeo había tildado de inquisitorial e intransigente iba a tener oportunidad de procesar nuevamente a Francesc Ferrer i Guàrdia (grado 31 de la masonería) como consecuencia de la huelga convocada en Barcelona el 26 de julio de 1909 en protesta por la movilización de tropas de reemplazo para proteger las minas del Rif, algo que para los soldados españoles sin medios para pagar la cuota que les eximiera de la milicia suponía riesgos de masacres muy similares a las sufridas en Cuba y Filipinas. La huelga derivó en una revuelta popular espontánea que se prolongó durante siete días y es conocida como Semana Trágica, sin que, a pesar de su en verdad trágico balance (en torno a un centenar de muertos, de los que sólo tres eran militares), sufrieran merma los intereses de los bancos, las empresas o las fábricas. También murieron tres religiosos, uno de ellos de infarto, y recientemente hemos conocido, por la documentación inédita extraída del Archivo Secreto del Vaticano, el testimonio de una de las monjas francesas del convento de la Asunción de Poble Sec: los huelguistas llamaron a la puerta para advertir a la hermana tornera de que iban a saquear el lugar.

Como resultado de los incidentes, magnificados como un movimiento revolucionario y separatista por parte del Gobierno que tan duramente los reprimió, hubo dos millares de detenidos, 739 procesamientos y 17 condenas a muerte, aunque sólo se llegaron a ejecutar 5. Entre estas últimas, la de Francesc Ferrer i Guàrdia, que fue acusado como autor y jefe de la rebelión. Sin embargo, la revisión objetiva de los más de 600 folios de la causa abierta contra el pedagogo catalán permite afirmar que su fusilamiento en el castillo de Montjuic, hace ahora un siglo, fue un crimen judicial. Como tal lo conceptúa Francisco Bergasa, que este mismo año, con motivo del centenario de la Semana Trágica y de aquella ejecución, ha puesto en la calle su libro ¿Quién mató a Ferrer i Guàrdia?, una pormenorizada y diáfana crónica periodística de la causa procesal que llevó al maestro anarquista ante el pelotón de fusilamiento.

Además de ser un pedagogo muy avanzado para su tiempo, propulsor de la educación libre, racional y laica, integral e igualitaria, es reconocido el carácter que como revolucionario conspirador, anticlerical y antimonárquico distinguió al maestro de Alella. En respuesta al título que puso a su libro, Bergasa estima que su muerte fue en buena parte obra de todos. Molestaba al rey, obviamente, pues aparte de su supuesta y no probada intervención o instigación en el atentado de Madrid contra Alfonso XIII,no faltan indicios que lo podrían relacionar con el que tuvo lugar en la calle Rohan de París un año antes. Tanto al Gobierno como a la Iglesia les afectaba en su intereses la proyección y competencia que la nueva escuela de Ferrer i Guàrdia comportaba en el ámbito de una enseñanza confesionalmente católica. La derecha lo odiaba, pero tampoco era grato a la izquierda, y así lo demuestran las declaraciones de sus compañeros republicanos y sindicalistas en la denominada Causa contra Ferrer i Guàrdia instruida por la jurisdicción de Guerra. Los primeros pretendieron evadirse de sus responsabilidades en los hechos y los socialistas y anarquistas nunca lo apreciaron como uno de los suyos, pues lo consideraban, según Francisco Bergasa, un burgués enriquecido de costumbres libertinas.

Contra Ferrer i Guàrdia se orquestó un proceso judicial falto de toda garantía y saturado de irregularidades, fruto de las filtraciones a la prensa interesada, que fomentó una intensa campaña para culpabilizarlo a base de declaraciones falaces y juicios paralelos. Si los periódicos librepensadores europeos presionaron al Gobierno español para que la justicia lo dejara en libertad en 1907 por falta de pruebas, la prensa española más reaccionaria lo quiso reo de muerte en 1909, también sin pruebas, y así fue como mediática, política y efectivamente fue ajusticiado.

Félix Población es escritor y periodista.

Ilustración de César Vignau