Para la mayoría de los economistas, sobre todo dentro del ámbito universitario, existe una creencia que se perpetúa hace más de medio siglo y que, entre los más ortodoxos, es rayana en la idolatría: la creencia en las bondades universales del libre comercio. Para ellos, no se trata de una hipótesis de trabajo que deba confrontarse a realidades de terreno que varían de acuerdo al lugar y al momento, sino de un dogma de fe. Si por lo menos esta teoría diera solamente lugar a coloquios de eruditos, no habría motivo alguno para otorgarle una importancia particular. Es pasar de la teoría a la práctica lo que plantea un problema: el libre comercio ha abandonado efectivamente los pies de página de las publicaciones especializadas para convertirse en un principio de organización de las relaciones económicas y sociales a escala planetaria. Esta palanca política ha sido minuciosamente construida tras la Segunda Guerra Mundial.

Todo comenzó con la producción intelectual de numerosos think tanks estadounidenses masivamente financiados por las grandes empresas con la finalidad de poner en cuestión el paradigma keynesiano estigmatizado por Friedrich Hayek, autor de Camino de servidumbre, publicado en 1944 en Estados Unidos, y premio Nobel de Economía en 1974. Esta cruzada ideológica prosiguió con la colonización de los departamentos de Economía de las universidades y con la marginalización de las voces disidentes. Una vez elaborado y predigerido este nuevo pensamiento, lo único que faltaba era inyectarlo en las sociedades. De esta tarea se encargó el aparato mediático con, en primera línea, los periodistas económicos y los “expertos” de todo tipo. Se reunían las condiciones para que la globalización neoliberal se presentara a la opinión pública no solo como natural e inevitable, sino también como algo eminentemente deseable.

Las instituciones multilaterales desempeñaron un papel capital en la santuarización de estas tesis y en la puesta bajo tutela de los gobiernos. El libre comercio se convertió así en el dogma oficial del FMI, del Banco Mundial, de la OMC y de la OCDE. Sin embargo, fue la Unión Europea (UE) el agente más activo de la traducción de este dogma en políticas concretas, tanto en su seno como en las relaciones con el resto del mundo. Los tratados europeos sirvieron de constitución común, tomando la forma de una especie de religión de Estado, en un conjunto geográfico de cerca de treinta países y de unos 500 millones de ciudadanos en la parte más rica del planeta.

Para poner en marcha este proyecto, la UE dispone de un brazo operativo: la Comisión Europea, quien impulsa sin parar medidas cuyo principio activo es el libre comercio. Este activismo parece no obstante haber alcanzado sus límites en razón de la resistencia de las sociedades. Donald Trump, por lo menos verbalmente, ha desdiabolizado la palabra “proteccionismo” y su campo semántico. Otro elemento perturbador del libre comercio: el 16 de mayo de 2017, el Tribunal de Justicia de la UE publicó un dictamen (que sentará un precedente) exigiendo que el tratado de libre comercio UE-Singapur suscrito en 2013 no sea ratificado solamente por el Consejo Europeo (los Estados) y el Parlamento Europeo, sino que sea al mismo tiempo sometido a los Parlamentos nacionales, incluso regionales en el caso de Bélgica.

La irrupción de los Parlamentos nacionales en lo que era una actividad reservada exclusivamente a las instituciones comunitarias es una concesión que apunta a neutralizar a los críticos de los tratados de libre comercio. Y puede ser también un indicio de la duda que comienza a instalarse en algunos de sus devotos…