La universidad de Alicante acaba de publicar un libro definitivo sobre la matanza que se produjo en la plaza de Riotinto el 4 de febrero de 1888. Su título es Humos y sangre. Protesta en la cuenca de las piritas y masacre en Riotinto y su autor es el profesor emérito de la universidad de Aix-Provence Gérard Chastagnaret, un prestigioso hispanista que hizo su Tesis de Estado sobre la historia de la minería española en el siglo XIX. Humos y sangre es una obra definitiva por dos razones. La primera es que se basa en una rica e inédita información obtenida en archivos nacionales y municipales que será difícil rebatir. La segunda razón es que el autor no se limita a narrar aquellos hechos, sino que los inserta en lo que fue la España de la Restauración.

Trataré de sintetizar el libro, cuya lectura recomiendo. La primera parte trata el origen del conflicto. En la década de 1870, dos empresas extranjeras, la Tharsis y La Rio Tinto, comenzaron a explotar a gran escala las piritas de Huelva calcinándolas al aire libre, lo que provocó emisión de gases sulfurosos que dañaban los cultivos y la vegetación y hacían irrespirable el aire. Varios ayuntamientos de la comarca elevaron sus protestas a Madrid en 1877 solicitando que se obligara a las empresas a utilizar otra tecnología no contaminante empleada en Portugal e Inglaterra que consistía en lavar las piritas. Sin embargo, en 1880 el conflicto se resolvió a favor de las empresas mineras ya que un decreto de ese año declaró de interés público las calcinaciones.

En la segunda parte del libro se analizan los hechos que prepararon una tragedia de la que fueron protagonistas cuatro actores: la Liga contra los humos, una asociación liderada por latifundistas de la comarca a la que apoyaban pequeños propietarios y arrendatarios; las empresas mineras; el Estado y el movimiento obrero. Fracasada la presión sobre el gobierno, la Liga pidió a los ayuntamientos que prohibieran las calcinaciones ya que la ley municipal de 1877 los obligaba a velar por la salud. La Rio Tinto Company utilizó una poderosa red de influencias para defender ante los poderes públicos que no existía tecnología alternativa a las calcinaciones y que los humos no afectaban a la salud, aunque sí a la agricultura, un conflicto de intereses solucionable mediante indemnizaciones. Se trata de una red bien documentada en el libro: bufetes de prestigiosos abogados; ingenieros de minas; Cámara de Comercio de Huelva; prensa local bien retribuida; diputados a sueldo en Madrid y gobernadores y jueces también a sueldo en Huelva; consejeros de la Rito Tinto Company de la envergadura de Antonio Cánovas del Castillo; el embajador británico en Madrid y los ayuntamientos de Riotinto y Nerva, cuyos alcaldes y concejales eran empleados de la empresa. El Partido Conservador y el Liberal continuaron al lado de los intereses de las compañías mineras y sólo el recién creado Partido Liberal Reformista de Romero Robledo y los republicanos dieron su apoyo a las peticiones de la Liga contra los humos. El cuarto actor de la tragedia fue el movimiento obrero. Antes de 1888, se habían producido algunos conatos de huelga en la cuenca minera, pero hubo que esperar a la llegada de obreros de ideología federalista, socialista o anarquista para que los trabajadores terminaran apoyando reivindicaciones salariales y de reducción de la jornada a las que se sumó la de que se prohibieran las calcinaciones ya que el líder obrero Maximiliano Tornet y el de Liga José María Ordónez Rincón decidieron el 23 de enero de 1888 participar juntos en una manifestación en Riotinto para obligar a este ayuntamiento a sumarse al movimiento anti humos y a mediar ante la Rio Tinto Company para que aceptara las reivindicaciones laborales de los trabajadores.

En la tercera parte del libro, Chastagnaret relata de modo minucioso lo ocurrido el 4 de febrero y ofrece pruebas sobre dos hechos hasta ahora no aclarados: quién dio la orden de disparar y cuál fue el número de víctimas. La manifestación fue pacífica y en ella participaron unas 12.000 personas venidas de los municipios agrarios y de Riotinto y Nerva que corearon consignas como ¡Viva la agricultura! ¡Abajo los humos! y ¡Viva el orden público! cuando pasaron delante de la guardia civil en la entrada del pueblo. Una comisión de la Liga y otra de los mineros entraron en el ayuntamiento solicitando al alcalde que se sumara a la petición de suprimir las calcinaciones y mediara ante la compañía para que aceptara las reivindicaciones de los obreros. Hacia las cuatro de la tarde, llegó al pueblo el gobernador civil acompañado de 120 soldados del regimiento Pavía mandados por un teniente coronel. Tras escuchar a las dos comisiones, el gobernador les dijo que no se tomaría ninguna decisión bajo presión y salió al balcón para ordenar a los manifestantes que se disolvieran amenazando con el uso de la fuerza si no obedecían. Hubo “fueras” y silbidos. El gobernador entró en el ayuntamiento y dijo “Ya ven señores. No se puede con esta gente”. Unos minutos más tarde, el teniente coronel salió al balcón y ordenó a los manifestantes disolverse amenazando también con hacer uso de las armas de no ser obedecido. Acto seguido, la tropa comenzó a disparar tras una señal del teniente coronel ya que, siguiendo instrucciones del gobierno, él y el gobernador civil habían decidido durante el viaje en tren desde Huelva a Riotinto que harían uso de la fuerza si no se mantenía el orden. El resultado fue una masacre: 200 muertos, la mayor matanza europea fuera de períodos revolucionarios o bélicos. Estos hechos desmienten la versión oficial de las autoridades y la de la Compañía de Rio Tinto, que justificaron los disparos como legítima defensa ante actos de violencia de los manifestantes y que cifraron en 13 el número de víctimas.

La cuarta parte del libro está dedicada a las consecuencias de la tragedia. Hubo una sesión en Cortes donde Romero Robledo denunció con dureza lo ocurrido. Sin embargo, la petición de crear una comisión de investigación no prosperó porque 176 diputados votaron en contra y 19 a favor. No hubo dimisiones. El Ejército continuó en la zona. La prensa fue censurada y hubo detenidos entre quienes habían participado en la manifestación. Ahora bien, los hechos habían sido tan graves que el gobierno se vio obligado a ordenar que las calcinaciones cesaran en un plazo de tres años.

En la quinta parte del libro, Chastagnaret estudia cómo la Compañía de Rio Tinto logró detener esa orden de 1888. Diputados y periodistas a sueldo iniciaron una campaña en defensa de la industria minera y del empleo. Bufetes de abogados amenazaron con recurrir a la vía contencioso administrativa exigiendo al Estado indemnizaciones millonarias si la orden entraba en vigor ya que ya que las minas de Rio Tinto no eran una concesión, sino que habían sido compradas por la empresa británica. Contra el criterio de la Junta Nacional de Sanidad y de los médicos de Huelva, la Academia de Medicina certificó que los humos no eran nocivos para la salud. Finalmente, poco antes de que se cumpliera el plazo para detener las calcinaciones, la Rio Tinto despidió a 200 obreros justificando la decisión en la inmediata entrada en vigor del decreto de 1888 y de este modo logró que hubiera en Riotinto manifestaciones a favor de las calcinaciones. El resultado de toda esa presión se plasmó en un decreto de 18 de diciembre de 1890 que derogó el de 1888 porque “la salud pública no parece afectada ni comprometida por el estado actual de las calcinaciones”. Cánovas del Castillo era entonces presidente del gobierno y Romero Robledo había vuelto a las filas del Partido Conservador.

Las calcinaciones desaparecieron entre 1903 y 1907 sustituidas por el lavado de las piritas y este cambio de tecnología se debió a razones empresariales de costes y precios. Los costes de las calcinaciones al aire libre se habían encarecido por las indemnizaciones, por las interrupciones en el trabajo como consecuencia de la atmósfera irrespirable y también por los mayores precios del carbón. Por otro lado, la calcinación desperdiciaba el azufre cuando sus precios estaban creciendo.

Dije que Humos y sangre es un libro con información rigurosa que, además, la inserta en lo que fue la España de la Restauración. Prueba de ello es un epílogo donde Chastagnaret denuncia un sistema político antidemocrático y corrupto que toleró que los intereses de unas empresas extranjeras se situaran por encima de la salud y el bienestar del pueblo y que permitió que el ejército disparara contra ese mismo pueblo con una finalidad que deja clara uno de los informes del gobernador civil rescatado por el autor del libro. Esto escribió el gobernador: “Lo ocurrido debe servir de escarmiento para lo venidero”.