Quiero tanto a la vida que eliminaría la pena de muerte para los tiempos de guerra, lo que todavía admite nuestra Constitución. Tantas ganas de vivirla, que en momentos de “bajona” recurro a Coldplay y su Viva la Vida. Tanto, tanto, que en aquellos instantes maravillosos de nuestra existencia, me acuerdo de Violeta Parra y Mercedes Sosa con su “Gracias a la vida, que me ha dado tanto”. Pero para vivirla, debe ser con un mínimo de dignidad. Porque cuando no se puede disfrutar de una calidad vital mínima, por enfermedades terminales, incurables e insufribles, en las que ni los cuidados paliativos la hacen llevadera, el derecho a decidir, a despedirnos o no de este viaje, debe existir.

Lo tiene claro una mayoría social que lleva años reclamando que se regule la eutanasia o “buena muerte”, como ya sucede en Bélgica, Holanda, Canadá, Colombia o parte de Estados Unidos. Afortunadamente el objetivo parece más cercano, a la vista de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia. Así, asistimos actualmente al tercer intento por regular este nuevo derecho, traducido en una ley que ya ha pasado el trámite de su aprobación por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, y que ha visto como el dictamen sobre dicha proposición de ley, ha sido aprobado por el Pleno de la Cámara.

Una norma que, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, supondrá una nueva conquista social, esperada por muchas personas y familias que pasan lamentablemente por este durísimo trance. Como reza su preámbulo, se trata de dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista, a una demanda sostenida de la sociedad actual, compatibilizando los derechos a la vida y a la integridad física y moral, con valores superiores del ordenamiento como la libertad, la dignidad y la autonomía de la voluntad.

Porque con esta Ley, no se daña a nadie, ni se coarta la libertad de persona alguna. Se logra precisamente que cada individuo libremente (repito libremente y sólo quien quiera) decida cuándo y cómo dar por concluido su existir, en supuestos como una enfermedad grave e incurable, o de una enfermedad grave, crónica e invalidante, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptable. Por eso no es una Ley ideológica, ni partidista, sino una exigencia de libertad, que bien podrían suscribir todas las formaciones políticas, pues supera las siglas, creencias, convicciones, clases sociales o territorios. Se trata de que cada uno decida, llegado el momento que se nos ayude a morir, a acabar con un tormento incompatible con la vida.

Y tal es la seguridad jurídica que el legislador (consciente de la sensibilidad y transcendencia de esta norma) contempla en sus primeros artículos lo que debe entenderse por consentimiento informado; padecimiento grave, crónico e imposibilitante; enfermedad grave e incurable; medico responsable, prestación de ayuda para morir… Tanto, que establece que debe haberse formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, dejando una separación de al menos 15 días naturales entre ambos. Tanto, tanto, que crea una Comisión de Garantía y Evaluación, amén de la intervención de médico o médica responsable como requisitos previos.

Espero que nadie tenga que utilizar esta futura ley, lo que desgraciadamente será imposible, pero llegado el caso, tendremos el derecho a decidir con plenas garantías, seguridad y en libertad. Hasta un ex-beatles como Paul MacCartney lo tenía claro: “Vive y Deja Morir”.