La lucha de Nissan en el horizonte colectivo

El pasado 5 de agosto, la primera gran batalla contra el cierre de la planta de Nissan en Barcelona alcanzó un receso. La dirección de la empresa y las administraciones – Generalitat y Gobierno central – habían puesto sobre la mesa una propuesta que los sindicatos, esta vez sí, estaban dispuestos a aceptar. El cierre se retrasa un año, hasta diciembre de 2021, en un periodo en el que si bien no habrá despidos, sí que habrán pérdidas de puestos de trabajo en forma de una prejubilaciones con unas condiciones por encima de lo que marca la ley. Las indemnizaciones se elevan hasta 60 días por año trabajado sin límite de mensualidades y los mayores de 50 se podrán acoger a diversas modalidades de jubilación, de forma que garantizan su futuro.

Estas mejoras pueden sentirse como una victoria por parte de muchos trabajadores afectados por el pacto, si además se atiende a una larga lucha de 95 días de huelga con múltiples y constantes movilizaciones que han llevado a una mediatización del conflicto. También es de admirar la consecución de una caja de resistencia que ha permitido sostener el conflicto.

Sin embargo, el buen resultado en las jubilaciones tiene como contrapartida desde un análisis de clase la grave derrota en el proceso de socialización y nacionalización de las plantas de Nissan. La pata débil del acuerdo es el inexistente compromiso de reindustrialización y la consecuente seguridad en los puestos de trabajo (sean directos o indirectos). No en vano, el objetivo inicial de la lucha no era un buen plan de jubilaciones, sino el mantenimiento de la actividad, porque sólo esto garantiza el trabajo para miles de personas. Y en estos miles entra también la cuestión de los indirectos, porque el acuerdo sólo afecta a la planta de Nissan y puede tener consecuencias nefastas en los más de 20.000 empleos indirectos. En efecto, un probable cierre en 2021 sería motivo suficiente para que las subcontratas de Nissan puedan poner en marcha despidos por condiciones objetivas que suponen la forma más barata de deshacerse de un trabajador. ¿Qué debe suceder para que esto no tenga lugar? Una reindustrialización, pero el acuerdo no recoge ninguna propuesta concreta de inversores, que han quedado en el lugar del rumor y la confidencia de pasillo, y la única obligación de Nissan en la búsqueda de inversores se reduce a cargar con indemnizaciones que sumarían algo más de sesenta millones de euros: una cuenta que una multinacional asumiría sin pestañear.

No es difícil ver qué obtiene la empresa con este acuerdo: al cuantificar el cierre con un coste asumible, consigue la paz social y además lo logra desactivando la unidad de intereses entre las trabajadoras de Nissan y de las subcontratas. La ruptura de los intereses comunes es una enorme ventaja para la dirección empresarial, que además ve revestido el acuerdo con la participación de las administraciones; éstas, por su parte, dejan caer el peso de sobre la empresa y obvian una vez más la única solución posible, que pasa por la socialización de la empresa y la puesta en marcha de un proceso de reconversión en clave ecosocial. El gobierno, por su parte, hace una clara dejación de funciones, situándose como árbitro de la negociación en lugar de asumir el papel central que debería tener a la hora de sentar las bases de una reindustrialización fuerte y en clave ecológica, un papel, recordemos, que nadie puede sustituir, puesto que el capital privado jamás abordará una reconversión costosa y larga. No sólo esto: al negar su función, deja a las trabajadoras luchando sólas contra una multinacional y abona el terreno para que la ultraderecha haga continúe con su política de agitación.

En el escenario laboral que se abre en esta fase de post-pandemia, no hay previsión de que capitales privados recuperen la inversión y reactiven ni la planta de Nissan ni ninguna otra. Más bien al contrario: si ya antes de la crisis de la Covid se había reducido la plantilla de empresas como Renault en Palencia, y en plena crisis llegaba el anuncio del cierre de Nissan, ¿de dónde saldrían ahora los inversores? La automoción es un sector en decadencia que sólo permite atisbar cierres y reducciones: en este marco el acuerdo es sólo un retraso del cierre que la multinacional acepta para eliminar el conflicto social y eliminar el coste de un cierre sin concesiones.

En el horizonte, si la actividad sólo puede recuperarse saliendo de la lógica del capital privado y asumiendo que la producción de vehículos privados ya no tiene ni sentido ni futuro. Todo esto, en un contexto de crisis ecológica y social masiva que exige una reconversión completa del sistema productivo. Una reconversión que debe darse sin ingenuidades y sin purismos absurdos, asumiendo que las industrias que hasta hoy contaminaban no pueden simplemente desaparecer, sino que deben pasar al patrimonio colectivo para ser reutilizadas. No podemos dejar que instalaciones industriales clave se desmantelen sin más, porque necesitaremos industria para preparar la transición y producir las herramientas que permitan una movilidad, una energía y, en general, una producción sostenible. Evidentemente, el capital privado jamás compartirá estos intereses que son sociales y no privados. Sólo la propuesta de nacionalización garantiza la inversión y sólo un poder público puede tener el interés en el bien colectivo. Para lograr este objetivo será imprescindible una lucha sostenida y permanente de todas las plantillas afectadas. Un frente único y solidario entre los 25000 puestos de trabajo, apoyado por organizaciones obreras y movimientos sociales., que obligue a implicarse de lleno a las Administraciones Públicas. Que se protejan los intereses sociales y no los particulares/privados de las multinacionales. La próxima batalla del conflicto será evitar la cascada de despidos y EREs que habrá en las empresas subcontratadas como son los casos que ya estan encima de la mesa de Marelli con 57 personas afectadas por el ERE o Acciona que quiere realizar un ERE a más de 500 trabajadores.

La tarea pendiente, por lo tanto, es armar una plataforma común entre trabajadores de Nissan y demás empresas para seguir exigiendo la socialización y la puesta en marcha de un proyecto de transición ecosocial que ya está sobre la mesa y que sí garantizaría un futuro común para las trabajadoras y para el conjunto de la sociedad. En esa clave, los intereses de las trabajadoras de Nissan y de las subcontratas se vuelven a unir, más allá de lo que plantea el acuerdo. Por supuesto, esto exigirá también que el resto de la sociedad estemos a la altura, construyendo un apoyo político y social amplio para que se dé un proceso que pueda mantener el proyecto para las plantillas de las empresas implicadas, y, desde ese conflicto concreto, para el sector de la automoción y para el conjunto social.