Hace ya casi un año de la ruptura del alto el fuego en el Sáhara Occidental y la situación no ha parado de deteriorarse en este tiempo. Las dos patas de un mismo cuerpo de las que siempre hablan los saharauis, la población en el interior del país que vive bajo ocupación militar marroquí y la población refugiada de los campamentos de Tindouf, vive realidades muy diferentes, pero igualmente condicionadas por el conflicto con Marruecos. Tal y como he podido comprobar esta semana en la misión a los campos de refugiados de Tindouf en la que he participado, la primera después de la pandemia, el pueblo saharaui vive un momento político marcado por el recrudecimiento del conflicto y los cambios geopolíticos en el Magreb. En su voluntad por consolidar y perpetuar su ocupación del territorio saharaui, Marruecos no ha parado en este periodo de pandemia de tomar medidas para bloquear el cumplimiento del derecho internacional y las resoluciones de la ONU sobre el Sáhara Occidental. Pero estos pasos no los da solo, sino que hay toda una serie de actores económicos internacionales que juegan un importante papel en todo el proceso, a cambio de beneficiarse de esta violación de los derechos del pueblo saharaui.

Desde que el pasado 14 de noviembre se rompiera el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario ante las continuas violaciones por parte de Marruecos de los acuerdos existentes en la zona del Guerguerat, en la frontera del Sáhara Occidental con Mauritania, el Ejército marroquí y el Frente Polisario se enfrentan en un conflicto armado. A pesar de que aún no ha habido combates cuerpo a cuerpo, ya se cuentan decenas de víctimas incluyendo el asesinato con un dron marroquí de Adaj el Bendir, jefe de la Guardia Nacional saharaui. Durante los primeros días de la guerra, Marruecos ya recibió un apoyo importante de sus aliados tradicionales, otras monarquías conservadoras del mundo árabe como Arabia Saudí, Jordania o Kuwait, también acostumbradas a las violaciones cotidianas de los derechos humanos. Pero en estos meses también hemos visto como a través del negocio del armamento han aflorado otras relaciones privilegiadas de Marruecos que, hasta ahora, se mantenían ocultas. Este es el caso de Israel.

A pesar de que no hubo un reconocimiento formal de Israel por parte de Marruecos hasta diciembre de 2020, las relaciones informales y, en mayor o medida, ocultas se venían dando desde hace décadas. Esta cooperación fue particularmente intensa en todo lo relacionado con la ocupación del Sáhara Occidental y la represión de la población saharaui, y se ha reforzado en el actual contexto. Lo último ha sido la firma hace poco más de una semana de sendos contratos con las empresas israelíes Rafael e Israel Aerospace Industries para la obtención de misiles Spike y drones suicidas Harop. Estas armas permitirán al régimen marroquí no sólo continuar con su represión en los territorios ocupados, sino posiblemente extender la guerra más allá del muro. Es importante que el aumento de las tensiones entre Marruecos y Argelia, cuyo último episodio es la retirada por parte de Argelia de su embajador en Rabat hace unos días, tiene una consecuencia directa sobre el Sáhara Occidental y hace que haya quien augure un conflicto armado de dimensiones regionales. Además, en las últimas semanas Marruecos también ha empezado a recibir los drones de ataque que compró recientemente a Turquía por 59 millones de euros, y sigue negociando con el Gobierno de Erdogan un acuerdo similar para la compra de helicópteros de combate. Con estos movimientos, Marruecos refuerza a la vez su capacidad militar y sus alianzas internacionales, regadas por el dinero que generan estos negocios, con algunas de las fuerzas más conservadoras que operan a nivel regional.

La situación en los territorios ocupados durante este último año no ha dejado de deteriorarse, puesto que la guerra en el frente ha hecho que Marruecos haya redoblado su represión en el interior contra cualquier movimiento de reivindicación de sus derechos por parte de la población saharaui que vive bajo ocupación militar marroquí. Como con la guerra, también hay una tupida red de intereses económicos que contribuyen a que se perpetúe la brutal ocupación militar en el Sáhara Occidental. La mina de Bucraa’ contiene la mayor reserva de fosfatos del mundo (mineral que supone un 20% de las exportaciones de Marruecos) y esto, junto a otras importantes reservas minerales y el rico caladero marítimo saharaui, hace que sea un territorio clave para la actividad económica de muchas empresas multinacionales. Se calcula que las exportaciones de recursos pesqueros expoliados al Sáhara Occidental, principalmente a países de la Unión Europea, tienen un valor anual de más de 1.300 millones de euros, y la industria agrícola está principalmente en manos francesas. Además, la minera canadiense Metalex controla importantes recursos de oro y uranio. Mientras los en torno a 150.000 refugiados y refugiadas saharauis en Tindouf dependen de la ayuda humanitaria internacional para subsistir, la riqueza del Sáhara Occidental a escasos kilómetros de distancia (pero detrás del infranqueable muro de la vergüenza construido por Marruecos) queda en manos de empresas extranjeras.

La reciente sentencia del Tribunal General de la Unión Europea declarando nulos los acuerdos comerciales y pesqueros entre la Unión Europea y Marruecos precisamente porque no diferenciaban entre el territorio marroquí y el territorio saharaui ocupado, aplicándose también en este último, es una buena noticia, pero no parece que vaya a afectar inicialmente a empresas como Mercadona, directamente beneficiada de este expolio de recursos patrocinado por Marruecos. No sería la primera vez que las instituciones europeas ignoran una decisión de los tribunales de justicia sobre este tema, como ocurrió con el anterior acuerdo pesquero que fue invalidado por los mismos motivos. En las instituciones comunitarias pesan más estos beneficios económicos que el derecho internacional, y en el Parlamento Europeo sólo la Izquierda y los Verdes han apoyado la posibilidad de abrir un debate sobre la implementación de esta sentencia, quedando lejos de formar una mayoría. Salvo excepciones como la minera alemana Continental, que abandonó el Sáhara Occidental el pasado febrero ante el incremento de las tensiones, no parece que estas empresas vayan a renunciar a su parte del pastel. La Unión Europea tiene la obligación de poner en marcha medidas concretas que fuercen a las empresas a salir de un territorio saharaui en el que se encuentran de manera ilegal – ayudando además así a que Marruecos perpetúe su ocupación.

La energía se encuentra en medio de las tensiones de las últimas semanas en la región del Magreb, con la polémica generada por la decisión de Argelia de exportar su gas directamente a Europa sin atravesar territorio marroquí, acabando así con el porcentaje de la venta que se llevaba el país. Este movimiento deja a Marruecos en una situación de debilidad sin precedentes. Aún así, las autoridades marroquíes explotan los recursos energéticos saharauis de forma impune, y han dado licencias de explotación petrolíferas sobre tierras y aguas que no les pertenecen a empresas como Kosmos Energy (con sede en las islas Bermudas) o San León Marruecos Ltd (con sede en Irlanda). Marruecos también se apunta a dar un lavado de imagen verde a sus políticas de colonización basando su supuesta transición ecológica, uno de los ejes de su propaganda en el exterior, en plantas energéticas en el Sáhara Occidental. Así empresas como la española Siemens Gamesa, la italiana Enel o la saudí ACWA Power recibirán cuantiosos beneficios por formar parte de una violación masiva del derecho internacional instalando macroproducciones de renovables en territorio saharaui.

Cualquier explotación en territorio saharaui debería negociarse con el Frente Polisario, el único representante legítimo del pueblo saharaui tal y como recuerda la sentencia del TGUE. Estas empresas, sin embargo, siguen la línea de Trump, que proclamó pocas semanas antes de dejar el gobierno y a través de un tweet una supuesta soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental que va en contra de lo aprobado en la ONU. Como en otras ocasiones, Trump podría sorprender por unas formas poco tradicionales, pero actuaba en firme defensa de las élites económicas que siempre han mandado en su país

La complicidad entre la ocupación marroquí y las empresas que se lucran es imprescindible para que la ocupación del Sáhara Occidental se mantenga en el tiempo. Se trata de una vía de doble dirección, en la que las empresas obtienen beneficios a través de las condiciones generadas por Marruecos, y Rabat blanquea su imagen internacional y consigue una suerte de reconocimiento de facto de sus pretensiones coloniales en el Sáhara Occidental.

En cualquier caso, tras los últimos acontecimientos y pese a lo que intenta argumentar Marruecos, el statu quo está roto, si es que alguna vez hubo uno. No estamos ante un conflicto congelado y antiguo que pueda resolverse con una suerte de autonomía que barra los problemas debajo de la alfombra, sino ante un problema real, con una guerra en marcha, que sólo puede solucionarse en base a las resoluciones ya aprobadas por las Naciones Unidas que garantizan el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui mediante un referéndum. Cualquier otra salida sería un intento de retrasar la descolonización que no haría sino alargar el sufrimiento del pueblo saharaui. Por todo esto, es urgente que se tomen medidas concretas para evitar que el capital europeo siga enriqueciéndose a costa del desposeimiento del pueblo saharaui, y deben exponerse y juzgarse las violaciones del derecho internacional que cometan, empezando por el sector de la seguridad con empresas como Indra – cuyos sistemas de vigilancia se utilizan en las ciudades de El Aaiún, Smara y Dajla, posibilitando la brutal represión de activistas sociales y políticos saharauis.

En el Sáhara Occidental sólo hay que seguir al dinero para entender cómo, 46 años después de la Marcha Verde, Marruecos puede seguir violando impunemente los derechos de la población saharaui y colonizando su territorio. Pese a los vientos de cambio que recorren el desierto saharaui, aún hay una parte del pueblo sometida a la violencia del ejército marroquí y la otra que sobrevive refugiada en durísimas condiciones en medio de un desierto, pero a escasos kilómetros de la riqueza natural que les roban cada día.