Muchos observadores consideran que la situación actual de la universidad es consecuencia de un plan general que se pone en práctica desde la implantación, sin financiación, del llamado Plan Bolonia —educación barata—, que consiste en debilitar a la universidad pública, con la puesta en marcha de un proceso de macdonalización —fast education—, recurriendo a la formulación acuñada por Ulrich Beck.

¿Cómo conseguirlo? Mediante la reducción de las horas lectivas (lo que antes se estudiaba en cinco años, ahora se estudia en cuatro), con cursos de media docena de asignaturas comprimidas por cuatrimestre, con horarios maratonianos de clase y sin tiempo suficiente para estudiar entre el fin de las clases y los exámenes.

Por el contrario, hay quién considera esta interpretación fruto de una visión exagerada e insiste en la matraca de que tenemos la juventud más preparada de la historia. Una cháchara complaciente, “estamos mejor que nunca”, que a veces suena interesada y para indicar que no queda bien mantener una actitud crítica, o que la crítica se hace solamente para mantener un postureo decorativo. No menciona, sin embargo, que los recortes derivados de la crisis económica se han ensañado con las plantillas y con la investigación; que los profesores son cada vez más viejos; que en los contratos de los profesores jóvenes predomina la precariedad, mientras que los laboratorios se han quedado vacíos y el tejido investigador de los departamentos (“la hojarasca”) está desapareciendo. Un análisis de la situación actual de la universidad nos indica que sí, que hay razones para la preocupación, y que las universidades han perdido estos últimos años un 20% de financiación pública.

El mayor reto, no obstante, viene desde dentro de la propia institución. La universidad, que ha quedado tocada, tiene que dar síntomas de cambio. Si no emitiera señales de renovación, de querer realizar algunas reformas imprescindibles para lograr el interés de la sociedad y, eventualmente, conseguir el apoyo social que necesita, el desencuentro se percibiría cada vez más como insalvable. Si esto no fuese urgente, no estaríamos reclamando restaurar la credibilidad del sistema universitario español como si fuera uno de los desafíos importantes de nuestro país. Hay ciertas actividades clientelares, verdaderos tejemanejes que han salido a la luz con los últimos escándalos, que se tienen que terminar. Los episodios vergonzosos que se han producido han puesto de manifiesto una subordinación inaceptable del mérito al amiguismo, además de una actitud de sometimiento a intereses espurios de nuestros gobernantes. Y a esto se suma otro hecho, al menos tan determinante: ha habido connivencia de profesores universitarios.

Esta situación preocupante no ha sido siempre así. Hubo un tiempo en que los programas de becas posdoctorales sirvieron para que los profesores jóvenes ampliasen su formación e investigasen en universidades extranjeras. Paralelamente, muchos proyectos de investigación de pequeños grupos que se formaron en los departamentos por toda la geografía universitaria española recibieron una financiación adecuada. Eso impulsó a la universidad española de una manera determinante. ¿Para qué han servido los recortes en inversión pública de los últimos años que han hundido el gasto en investigación? Para que muchos laboratorios hayan tenido que cerrar y para que la financiación se concentre en pocas manos, sobre todo en los grandes grupos que se han ido formando en centros e institutos de investigación, muchas veces alejados de los departamentos y del control de las propias universidades. Se ha producido una gran pérdida de masa crítica dedicada a la I+D: los investigadores de los departamentos universitarios que no han seguido la senda oficial y no se han ido con los grandes grupos, se han quedado en su mayoría sin poder continuar sus proyectos. Hay que recordar que son los responsables de esos grupos “del vértice de la pirámide” (como han sido denominados), mediante su presencia en los comités de decisión, quienes deciden las fórmulas de adjudicación de los fondos públicos destinados a la I+D, muchas veces atendiendo más a sus intereses corporativos que a intereses generales.

Urge volver a dotar a las universidades de un amplio tejido de grupos de investigación y financiarlos oportunamente mediante convocatorias especiales, cofinanciadas por las comunidades autónomas. Para este camino, y para que nuestro país no se quede definitivamente rezagado en la carrera tecnológica, sería esencial conectar la universidad y la investigación con las prioridades y los sectores sociales. En el mundo investigador español se pone el énfasis fundamentalmente en publicar artículos, obsesionados por los índices de impacto, y mucho menos en transferir la investigación para que la sociedad se beneficie de la misma. Se trata de unos requisitos básicos a los que sería importante prestarle atención. Ahí habría margen de mejora en nuestra universidad y no en derivar cada vez más capacidad de decisión a agencias opacas (ANECA y CNEAI) con evaluadores nombrados a dedo, que no se someten a dictado público alguno ni tampoco investigan a los profesores que falsean sus méritos, reparten títulos como en una tómbola y ascienden académicamente de forma meteórica y fraudulenta, para saber si se merecen los méritos que les reconocieron.

Ya Manuel Sacristán, en La universidad y la división social del trabajo (1972), cuando todavía no dominaba la dictadura de los índices de impacto de las publicaciones científicas, aludía a este fenómeno perverso que es el carácter parasitario de una buena parte de la investigación, determinada por la necesidad de las cátedras de ganar honores en la carrera universitaria.

Mientras tanto, se ha logrado uno de los objetivos, no proclamado pero principal, del Plan Bolonia: el descrédito de la universidad pública ha sido de grandes proporciones (hasta el extremo que se ha ido de las manos con los últimos episodios). Y no deberíamos olvidar una de las enseñanzas más alegóricas de nuestro refranero: la de que siempre hay pescadores que obtienen ganancias a río revuelto. Aquí la ganancia es en forma de trasvase hacia las universidades privadas que se han creado al calor de la mercantilización de los másteres que trajo consigo el nuevo plan. En España, ninguna de ellas tiene prestigio y, sin embargo, imparten másteres con unos precios de matrícula muy elevados, con lo que todo esto significa de cristalización en desigualdad social. Las universidades privadas imprimen la huella de la clase social en el éxito educativo y profesional. La educación, que ha de servir para favorecer la igualación social, la movilidad social ascendente, sirve así para perpetuar las diferencias de clase. Y no hay que olvidar que en nuestro país llueve sobre mojado, porque el desplazamiento del ascensor social desde el esfuerzo hacia el dinero empieza mucho antes: desde que la inversión en educación encarama a la educación concertada frente a la pública.

Ante esta preocupante realidad, la Universidad debe adoptar un compromiso firme de renovación con la sociedad y esta debe hacer y exigir una defensa firme de los valores que siempre han definido a la educación y a la formación de las personas: el respeto por el saber para ser libres e iguales, para no tener que avergonzarnos de vivir en un país con unas élites gobernantes que menosprecian el esfuerzo de los títulos universitarios y que dan más importancia al hurto de dos botes de crema en un supermercado.