Una sociedad de progreso y bienestar se mide, fundamentalmente, por la calidad de las condiciones de vida de las personas más vulnerables, especialmente, menores y personas de edad avanzada.

270.000 niños y niñas en situación de pobreza resulta un dato obsceno. No estamos hablando de una realidad ajena, de otra región, de otro país. Es un hecho cercano, propio y real. La Comunidad de Madrid, siendo la región más rica del Estado, registra unos índices de pobreza, en todas sus categorías, ciertamente alarmantes e insostenibles.

El informe recientemente elaborado por CCOO de Madrid con el título El Estado Social de la Comunidad de Madrid concluye, a partir del análisis de datos oficiales, que vivimos en una sociedad dramáticamente fracturada, en la que corremos el riesgo de “naturalizar” la pobreza, convirtiéndola en un hecho cotidiano. Una región en la que los instrumentos de protección social, especialmente los Servicios Sociales públicos, se encuentran profundamente debilitados, minusvalorados e infradotados, y en la que se ponen en riesgo nuestros derechos de ciudadanía, como la atención a la dependencia gestionada de forma irresponsable, discrecional, originando situaciones de desprotección intolerables.

En este mundo asaltado por las fake news que campan a sus anchas alimentando relatos míticos y tópicos, solo destinados a convertir el miedo y el odio en eje aglutinador del poder frente al débil; en un mundo deshumanizado, principal lacra de esta sociedad capitalista, en el que se imputa al individuo la responsabilidad absoluta sobre su destino, resulta imprescindible contar con herramientas del conocimiento que desmonten el discurso dominante, la política meramente gestual y se aborden, definitivamente, los problemas reales de una sociedad madrileña en claro y profundo deterioro.

Por mucho que el Gobierno Regional del PP en el poder los últimos 24 años, hoy en funciones, siga practicando esta fórmula de ocultamiento, de opacidad en el tratamiento de los resultados sociales de sus políticas, los datos son tozudos y ponen de relieve un modelo errático que está provocando realidades de auténtica emergencia social.

¿Puede una sociedad como la madrileña soportar que el 21% de su población se encuentre en riesgo de pobreza? Una región, la de Madrid, en la que crece la pobreza severa más que la media estatal, y que afecta a 350.000 personas. ¿Podemos permitirnos que generaciones completas de jóvenes madrileños se vean abocados a la exclusión social? El riesgo de pobreza se eleva al 32,5% entre las personas jóvenes de 16 a 29 años. ¿Hemos calculado las consecuencias de estas generaciones perdidas para nuestra convivencia democrática?

Una pobreza que castiga a las mujeres y que se ceba con las familias, especialmente las monomarentales, con una tasa de riesgo del 48%.

Las estadísticas nos advierten de un futuro desolador de no aplicarse, urgentemente, los correctores necesarios. Políticas de contención, sí, pero en la estrategia de una profunda transformación de este modelo social y económico que se demuestra fracasado.

Una de cada tres familias madrileñas viven de la protección, cerca de 860.000, y la mitad de los hogares en la Comunidad de Madrid tienen dificultades para llegar a final de mes. Cada vez son más las familias que sufren situaciones de grave necesidad alimentaria. Actualmente, el 4,2% de los hogares no pueden comer habitualmente carne, pollo o pescado. En 2015, en plena crisis, era el 0,6%.

El empleo dejó de ser garantía de suficiencia económica, muestra de la precarizacion de las condiciones de trabajo y el empobrecimiento salarial tras las injustas reformas laborales. 360.000 trabajadores y trabajadoras en Madrid son pobres, el 12,5% de las personas ocupadas. Sin embargo, el desempleo se convierte en el principal factor de vulnerabilidad que influye fuertemente en los procesos de exclusión social. La tasa de riesgo de pobreza se eleva hasta el 48% cuando la persona trabajadora está en paro.

La democracia encuentra en la creciente desigualdad una de sus principales amenazas. Las importantes diferencias en la distribución de la renta y de la riqueza hipotecan nuestros derechos y cuestionan los pilares más básicos de nuestro sistema de gobierno. Indicadores como el Coeficiente Gini o el cociente S80/S20, valores de medida oficialmente reconocidos, demuestran la preocupante dualización de la sociedad madrileña. Registramos valores, en términos de desigualdad, muy superiores a la media nacional, equiparándonos a regiones como Melilla o Ceuta y distanciándonos del País Vasco y Navarra, las dos Comunidades Autónomas más ricas tras Madrid. Por otra parte, el despegue de la desigualdad en nuestra región se produce, llamativamente, en los dos últimos años, coincidiendo con la supuesta recuperación económica. Se confirma, por tanto, que la riqueza que se crea se reparte de forma totalmente desequilibrada e injusta.

La Renta Mínima de Inserción, el último eslabón de protección en la Comunidad de Madrid, es un derecho subjetivo intencionadamente desvirtuado, precarizado, promoviendo reformas normativas por la “puerta falsa” que han limitado ostentosamente su capacidad de respuesta y cobertura. El 66% de las resoluciones de la RMI son negativas, se deniegan o se archivan. Un derecho que alcanza a 117.000 personas, muy lejos de resolver las necesidades de la pobreza más severa que afecta a 350.000 personas.

La Ley de Atención a la Dependencia es el mayor avance en materia de protección social desde la aprobación de las Pensiones no Contributivas, a principios de los años 90. Una Ley que no se ha librado del “mal hacer” de un Gobierno que ha convertido este derecho en un instrumento al servicio de sus intereses partidistas e ideológicos. Un escenario de desinformación, discrecionalidad que ha provocado un clima de desconfianza en la ciudadanía madrileña y situaciones de extrema desprotección. Madrid se ha caracterizado siempre por el mantenimiento de una insostenible lista de espera de personas que teniendo su derecho reconocido, no reciben ningún tipo de atención y cuya eliminación debe convertirse en una cuestión prioritaria en la agenda política inmediata. Más de 20.000 personas dependientes forman parte de ese limbo de desatención.

No resulta más alentador el estado del Sistema de Protección Social por excelencia destinado a la prevención, contención y eliminación de las desigualdades, los Servicios Sociales. Una Red Pública de Atención Social de competencia exclusivamente autonómica, según determina nuestra Carta Magna, profundamente debilitada, subsidiaria e incapaz de amortiguar las consecuencias de una crisis que pervive en las familias madrileñas. Se dedica un raquítico 9% del presupuesto regional a estas políticas y el gasto por persona en Servicios Sociales asciende a 260,70 euros por persona frente a los 286 euros de la media estatal o los 582 euros de Navarra. Se trata de la política social regional con mayor grado de privatización. El 67% del presupuesto de la Consejería de Políticas Sociales y Familia está en manos privadas, en una demostración de cesión de la responsabilidad pública. Una gestión privada, a través de las más diversas y exóticas fórmulas que ponen en peligro la propia continuidad de los procesos de intervención social y acompañamiento, además de potenciar un ambiente de oscurantismo y descontrol.

Datos y más datos oficiales que responden a realidades ciertas, con nombres y apellidos que exigen respuestas. En estos momentos, cuando afrontamos la recta final de la campaña electoral, las personas y sus necesidades se convierten en el centro de los discursos, de los debates, de las propuestas. Sin embargo, la cotidianidad de la política nos acostumbra al abandono de estas cuestiones en el cajón del olvido. No lo permitamos. Combatir la desigualdad y construir una sociedad inclusiva y más cohesionada es la forma más viable para fortalecer nuestra democracia.