MIQUEL ORTEGA CERDÁ Y GUSTAVO DUCH

Pescados contaminados en nuestras mesas y la población pesquera cada vez más diezmada. ¿En qué despachos, quién y cómo se gestionan estas calamidades? En el caso español hay muestras evidentes de que los representantes no actúan de la forma más adecuada. En el Parlamento Europeo se acusa a España de encubrir la pesca ilegal y fagocitar los recursos naturales (el 19% del pescado que llega a Europa proviene de flotas ilegales); pero cuando los pescadores protestan ante ellos por la grave situación por la que están pasado, los representantes españoles explican que en Bruselas nadie les entiende ni les respeta.

Tanto se lamentan que ciertamente pareciera que su trabajo está boicoteado o ninguneado. Sin embargo, entre mayo y junio de 2011 la Comisión Europea presentó tres informes demoledores para la gestión pesquera española.

El primero de ellos, el Informe anual económico de la flota europea de 2010, trata de evaluar la situación de la flota y su posible evolución para tomar las medidas adecuadas. Lamentablemente en él se denuncia que no puede evaluar la situación económica y perspectivas de España, pues los responsables de la Administración española no habían aportado ningún dato del año 2008 y sólo algunos parciales para el periodo 2002-2007. Con la información facilitada, los expertos simplemente fueron incapaces de dibujar cuál es el escenario actual y las perspectiva futuras.

El segundo de ellos, el Informe sobre las actividades realizadas por los Estados Miembros para conseguir un equilibrio sostenible entre la capacidad pesquera y las oportunidades pesqueras, trata de seguir, probablemente, el aspecto más importante para garantizar la viabilidad económica de la flota, su adaptación a los recursos pesqueros existentes. En él se hacía una evaluación cuantitativa de la calidad y cantidad de información facilitada a los servicios de evaluación y seguimiento de la Unión Europea para cada país. España era el país peor valorado en ambos aspectos.

El tercero de ellos, el informe sobre la Aplicación del programa de recuperación de la merluza europea y la cigala, trata de evaluar si se estaban aplicando correctamente los planes diseñados para gestionar ambas especies. En los dos casos España tiene un rol principal, pues dispone del 64% de la cuota de merluza y del 41% de la de cigala. El informe apunta a que posiblemente no existe un control adecuado de los desem-

barques por parte de España, y que probablemente hay un desajuste entre la potencia del motor de las embarcaciones registrada y la real. Ambos aspectos favorecen los desastrosos resultados que indican que las capturas de ambas especies han sido 2,4 y 2,8 veces superiores a las toneladas permitidas. En términos económicos la Comisión no deja lugar a dudas, el incumplimiento ha salido caro y saldrá muy caro: “la aplicación plena del programa de recuperación desde 2006 habría incrementado los beneficios netos actuales para todo el periodo”. Pero en cambio, ahora España, sin duda, será penalizada en la cuota correspondiente en los próximos años, con consecuencias dramáticas para la pesca artesanal, que tiene en algunos segmentos una dependencia muy alta de la merluza.

Si los exámenes en Bruselas tienen tan malos resultados, cuanto menos tan alarmante es la reciente información facilitada por la organización Oceana, donde demuestra que el Gobierno ha ocultado, durante siete años, un informe que, bajo la etiqueta de confidencial, advierte sobre los altos niveles de contaminación de algunos tiburones como el pez espada, el marrajo o la tintorera. Ha sido necesario acudir a los tribunales para disponer de un informe contratado por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, pagado con recursos públicos y elaborado por el Instituto Español de Oceanografía, otra institución pública.

Y ahora, en pleno debate de la reforma de la Política Pesquera Común, las primeras propuestas de los representantes, desde nuestro punto de vista, van totalmente desencaminadas, defendiendo que es imposible hacer una buena política socio-económica si se prioriza la gestión ambiental. Por ello, desde muchas organizaciones sociales, agrupaciones pesqueras y organizaciones ecologistas se traslada la necesidad de una reacción rápida y contundente por parte de la Administración pública. Empezar aseando nuestro patio es el primer paso para ganar credibilidad y sumarse a posturas que apuntan a un modelo de pesca con futuro, es decir, que premie a las flotas más selectivas, con menos impactos ambientales, que más distribuyan la riqueza; que no privatice los recursos pesqueros; que priorice la pesca artesanal sostenible; que acabe con el incumplimiento legislativo; y que no se pesque más allá de los niveles que garantizan sostenibilidad. ¿Sabremos hacerlo? Nos va en ello el prestigio, el ecosistema marino y el sistema socioeconómico pesquero.

Miquel Ortega Cerdá es coordinador político en España de OCEAN 2012

Gustavo Duch es coordinador de la revista ‘Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas’