JUAN CARLOS MORENO CABRERA

El manifiesto por la lengua común presentado el pasado mes de junio en Madrid comienza con la siguiente afirmación: “Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas […] sólo una de ellas es común a todos […] por tanto sólo una de ellas –el castellano– goza del deber constitucional de ser conocida”. Este enunciado contiene una contradicción que recorre de arriba abajo todo el manifiesto. Consiste en afirmar, por un lado, que todas las lenguas oficiales son igualmente españolas y, por otro, que sólo una de ellas goza del deber constitucional de ser conocida. Es decir, no todas las lenguas oficiales son igualmente españolas: una es mucho más española que las demás. No sólo esto; es que además se contradice de forma palmaria el segundo punto del comunicado. En efecto, a continuación se dice que “son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas”. Si esto es así, entonces no debería haberse dicho en el punto primero que el castellano goza del deber constitucional de ser conocido, porque las lenguas no gozan de derecho o deber alguno. Aquí se percibe de forma cristalina el nacionalismo lingüístico castellanista imperante en el manifiesto: sólo son las demás lenguas españolas las que carecen de derechos; el castellano tiene todos los derechos del mundo.

Pero ¿sólo las personas individuales tienen derechos y deberes? Que se sepa, existe una entidad política denominada España, con un territorio bien definido y en el que hay una lengua oficial denominada español. Esa entidad se define, entre otras cosas, mediante el derecho a usar esa lengua en todo el territorio del Estado y en todos los organismos oficiales. ¿No está asociada España a derechos lingüísticos y territoriales? ¿No ha ejercido en más de una ocasión España, a través de sus representantes, el derecho a que el español sea reconocido en la Unión Europea como lengua oficial que es de un estado miembro?

En el punto tercero se dice “en las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua co oficial. Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta”. Conocer la lengua oficial del Estado no es un deseo encomiable, sino un imperativo legal. Por eso, quienes trabajan en las instituciones del Estado están obligados a usar el castellano. Pues bien, si el catalán es oficial en Cataluña, quienes ejercen sus funciones en las instituciones catalanas deberían igualmente estar obligados a usar el catalán. Esta obligación está legalmente legitimada por el hecho de que el catalán es lengua oficial. Es una incoherencia evidente exigir que en Cataluña se hable y escriba en castellano porque es lengua oficial y no hacer lo mismo respecto del catalán, la otra lengua oficial o ¿es que la primera es más oficial que la segunda?

En el punto cuarto se afirma que el hecho de que las lenguas de las comunidades autónomas hayan dejado de estar prohibidas o restringidas es suficiente para el pleno cumplimento del apartado tres del artículo tercero de la Constitución. Pero lo que dice la ley es que las lenguas nacionales de las comunidades autónomas son oficiales y, por tanto, exigir esas lenguas a sus ciudadanos no es acto de discriminación respecto de la otra lengua oficial, el castellano. Lo que sí es un acto de discriminación es no exigir a todos los ciudadanos de las Comunidades sus lenguas nacionales, como lenguas oficiales de pleno derecho que son, o que deberían ser.

A continuación, se hace una serie de solicitudes al Parlamento español. La segunda de ellas consiste en la petición de que “las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio […] pero nunca como lengua vehicular exclusiva”. Esto equivale a pedir, por ejemplo, que en Cataluña ha de exigirse por ley que no se enseñe en catalán. Pero ¿cómo se puede conciliar esto con la idea de que el catalán es lengua oficial de Cataluña? Creo que no hay manera sensata de hacerlo.

En el punto tercero se insiste en la idea de que no todos los funcionarios de las comunidades cutónomas tienen que conocer la lengua oficial de su comunidad. Esto vuelve a entrar en contradicción con su carácter oficial. ¿Es posible ser funcionario de la Administración del Estado sin conocer el español? Si esto no es posible ¿por qué habría de serlo que un funcionario de la Generalitat no sepa catalán?

En conclusión, lo que parece pedirse en este manifiesto es que las lenguas de las diversas comunidades cutónomas dejen de ser de facto oficiales en ellas para volver a una situación en la que el castellano sea la única lengua realmente oficial en todo el territorio del Estado español.

Estamos, pues, ante un manifiesto a favor de la supremacía y dominio absolutos de la lengua española sobre todos los demás idiomas de España. Por esa razón, es un claro exponente de la ideología del nacionalismo lingüístico español en una de sus formas más radicales y megalómanas. Según esta ideología, el español, lengua oficial del Estado, es superior en algunos aspectos a la práctica totalidad de las lenguas del mundo. En el preámbulo del manifiesto se menciona que sólo hay dos lenguas con mayor pujanza que el español (el chino y el inglés) y que esta lengua se asocia por derecho propio a la comunicación democrática y a los derechos educativos y cívicos. Con premisas como estas no es de extrañar la actitud altanera e intolerante que informa el manifiesto en todos sus puntos.

Juan Carlos Moreno Cabrera es catedrático de Lingüística General en la UAM y autor de El nacionalismo lingüístico. Una ideología destructiva

Ilustración de Gallardo