JOAN GARÍ

Uno de los espectáculos más lamentables que han tenido lugar en los últimos tiempos en este país tiene que ver dolorosamente con la educación. Me refiero, en concreto, a de qué manera la clase política ha asistido –cuando no promovido directamente– a la conversión de las aulas en un campo de batalla para dirimir disensiones básicas, cuando de lo que se trataría es de aureolarlas con un consenso blindado. Desde 1980, ha habido nueve leyes orgánicas de educación y dos leyes modificativas, ninguna de las cuales ha contado con el beneplácito de la oposición de turno. Lo más grave del asunto es que la situación no parece importarle a nadie. Se quejan los profesores, desde luego, pero quién demonios son esos tipos para lamentarse. Su condición de víctimas secundarias del sistema –las principales son los alumnos y los padres, por ese orden– parece incapacitarlos para conquistar el derecho a ser escuchados. Y siempre resultará sospechoso cualquier prurito gremial –real o imaginado– a la hora del análisis objetivo de la situación.

El problema, por decirlo claramente, es cuál debe ser el futuro de la educación pública en España. La privada –concertada o no–, me preocupa más bien poco, si he de ser sincero. Es un negocio más, así que allá ellos con su beneficio. Donde nos lo jugamos todo, donde la democracia debe brillar o colapsarse, donde el informe Pisa ha de retratarnos con todas nuestras vergüenzas, es en el sector público. Se da la paradoja, sin embargo, de que en la actualidad la tendencia imparable de la clase media es a huir de la escuela pública y refugiarse en la concertada. Se busca, por supuesto, el aula ideal: sin inmigrantes, sin alumnos con necesidades educativas especiales, sin parias sociales. Madrid y Valencia (casualmente gobernadas por el Partido Popular) son la punta de lanza de esta nueva política donde se juntan el hambre y las ganas de comer: los Gobiernos de Esperanza Aguirre y de Francisco Camps están culminando sin ningún disimulo las políticas más convenientes para acabar de convertir la educación pública en un gueto sólo apto para todo aquel padre que no pueda cruzar la calle y llamar a la puerta de esos fastuosos colegios religiosos donde, por una módica limosna revolucionaria, salvarán a su hijo de presencias indeseadas y lo adoctrinarán convenientemente con flores a María. Para ello, Aguirre y Camps ya han dispuesto lo esencial, bien aumentando los fondos para la concertada y la privada o bien evitando el reparto equitativo del alumnado inmigrante.

En ese contexto, toda España merece conocer la genialidad suicida de Alejandro Font de Mora, conseller de Educación de la Generalitat Valenciana, consistente en obligar a impartir Educación para la Ciudadanía en inglés. La pérfida alienación de este forense –no es broma: ese es su auténtico oficio– radicalmente incapacitado para gestionar lo público se asienta en su formidable energía para destruir cualquier cosa que tenga que ver con un funcionamiento sensato de la red de institutos de secundaria del País Valenciano. Las clases en inglés no son para fomentar el plurilingüismo, sino simplemente para impedir la recepción de los contenidos, puesto que en segundo de ESO la competencia de los alumnos en la lengua de Shakespeare es nula. Como la libertad de cátedra impide controlar al profesorado de la escuela pública para que imparta la infecta doctrina oficial, sólo queda arbitrar las medidas para asegurarse de que cualquier posibilidad de educar a los alumnos en valores radicalmente democráticos sea cercenada de raíz. Bien está combatir la homofobia, o el racismo, o el machismo... pero en inglés. Serviría igual el árabe o el chino (esas magníficas “lenguas comunes”), porque con ello se conseguiría el mismo objetivo: truncar la transmisión del conocimiento. Antes de aprender –en inglés– que los homosexuales tienen los mismos derechos que los heterosexuales (o las mujeres que los hombres, o los negros que los blancos) ¡hay que saber inglés! Ese pequeño detalle es lo que convierte el plan de Font de Mora en el último cartucho que dinamitará la educación pública en el País Valenciano.

Todo ello, qué quieren que les diga, sería muy pero que muy gracioso si no llegara en un momento dramático para la educación secundaria. Todos los males del sistema se han concentrado en este tramo. Los colegios se han librado de los cursos problemáticos (primero y segundo de ESO) y la universidad continúa con sus privilegios inmemoriales. Sólo los institutos se han quedado estancados, cada vez con menos alumnos de bachillerato (certificado definitivo del fracaso del sistema) y sin opciones, por ejemplo, para que sus profesores accedan con facilidad a la educación superior (con la misma facilidad, al menos, con que los maestros han podido pasar de primaria a secundaria). Y sin ninguna otra posibilidad de promoción profesional.

Esta tierra de nadie, este circo, es donde nos jugamos el futuro. Se comprende que el PP no tenga el menor interés en solucionar el problema. En realidad, cuanto antes se complete la migración hacia la escuela concertada, mucho mejor para todos. Así, nos encontraremos con la lacerante paradoja de que el sistema público cuenta con los mejores profesores (los únicos que han aprobado unas oposiciones selectivas), mientras el privado se queda –inútilmente– con los mejores alumnos. Por supuesto, la rebelión de los agentes educativos contra el marasmo acaba de comenzar en Valencia. ¿Llegarán a tiempo de evitar el colapso definitivo?

Joan Garí es escritor. Su última novela es La balena blanca

Ilustración de Iker Atestaran