FRANCISCO DE LA TORRE DÍAZ

Ya se preveía que se iban a vivir momentos difíciles durante el debate de la reforma fiscal en curso celebrado el pasado martes, si bien, y como viene ocurriendo en los últimos tiempos con los asuntos económicos y en el debate político, la realidad superó cualquier previsión inicial.

El trueno, que avisa de la tormenta, llegó este martes con la polémica sobre el drástico recorte de la deducción de 400 euros, que finalmente no ha sido eliminada sino mantenida para las rentas inferiores a los 8.000 euros y reducida para las rentas entre 8.000 y 12.000 euros. Ha sido la decisión más importante cuantitativamente, pero esta cuestión ha quedado oscurecida por la decisión de modificar la denominada ley Beckham, el Régimen de Impatriados.

Este régimen permite por el momento a los no residentes que vengan a incorporarse a un trabajo, en determinadas condiciones, tributar como un no residente. La primera implicación para personas con elevados ingresos es que pagan un 24% y no un 43%. La segunda, menos conocida, es que pagan sólo por la renta obtenida en España y no, como los demás contribuyentes, por toda la renta mundial. Esta segunda cuestión no tiene importancia para la inmensa mayoría, que sólo obtiene ingresos en España, pero es de importancia capital para empresarios, artistas y deportistas que obtienen rentas en diferentes países y que, acogidos a este régimen, no pagan nada en España porque el Estado ha renunciado a estos impuestos.

No hay que tener grandes conocimientos de fiscalidad para llegar a la conclusión de que este régimen pugna con la igualdad y generalidad que se predican de cualquier sistema fiscal y, en consecuencia, es percibido como injusto por muchos contribuyentes. La justificación de este tipo de régimen sólo puede venir porque consiga atraer talento y, por tanto, generar crecimiento económico. De hecho, la idea original era atraer grandes directivos, importantes científicos y fomentar, por tanto, la llegada de empresas e innovación a España.

En la medida en que estos objetivos no se han cumplido, la enmienda propuesta por ICV y apoyada por el PSOE limita el régimen de impatriados a personas “cuyos ingresos previsibles” no superen los 600.000 euros. Existen pocos directivos de filiales que ganen más de 600.000 euros y prácticamente ningún científico. En consecuencia, la modificación no parece que vaya a torpedear el objetivo inicial, el de atraer talento intelectual.

Sin embargo, en la práctica, la enmienda Beckham ha sido utilizada fundamentalmente por los clubes de fútbol para adquirir “talento futbolístico” con salarios menores de los que hubiesen tenido que pagar si estos futbolistas tributasen al 43%. Así, según el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, el “ahorro fiscal” ascendía a cien millones de euros y la modificación hará que la Liga Española pierda competitividad, al no poder contar con los mejores jugadores. Además, amenazaba con un posible plante de los clubes de fútbol debido a esta limitación del incentivo fiscal.

Esta amenaza sorprende, porque la modificación no es retroactiva y aquí el concepto de retroactividad resulta ciertamente curioso. La modificación fiscal no afectará a los contratos firmados antes del 31 de diciembre de 2009, aunque los salarios se perciban después. A todos los demás nos modifican el régimen fiscal para 2010 como, por ejemplo, la supresión de los 400 euros, aunque tengamos un contrato anterior al 1 de enero de 2010. Si un club de fútbol ha pactado salarios netos con un jugador, asume el riesgo de que le cambie el régimen fiscal y los demás empresarios no tienen un seguro frente a estos cambios.

Las declaraciones del vicepresidente de la Liga resultan incluso más interesantes; en su opinión, los futbolistas van a pagar lo que deberían pagar las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable). En nuestra opinión, esta comparación, aunque algo demagógica, resulta oportuna. No tanto por el rechazo, el martes tormentoso, de las propuestas de los partidos de izquierda de modificación del régimen de SICAV, sino porque parece que los españoles nos empezamos a dar cuenta de que los beneficios fiscales los acabamos pagando los demás vía mayores impuestos.

En resumen, teniendo en cuenta que existe un límite elevado (600.000 euros) para excluir del régimen, que se respetan los contratos ya firmados y, sobre todo, que no se puede pretender mantener la competitividad basándose en ventajas fiscales (porque es injusto, puede ser contrario a la normativa comunitaria, discrimina a nuestros jugadores nacionales y, de rebote, a la selección), la medida parece razonable, incluso demasiado benévola, sobre todo cuando un residente empieza a pagar el 43% con 53.000 euros de renta.

Por estas razones, muchos piensan que se debía haber sido más radical en la reforma del régimen de impatriados. En nuestra opinión, tiene más importancia incluir en la reforma fiscal la revisión de otros beneficios fiscales que tampoco están justificados y, sobre todo, una mayor efectividad en la lucha contra el fraude fiscal. Estas dos cuestiones son esenciales tanto para obtener una mayor recaudación como para mejorar la justicia en el pago de impuestos. Además, están íntimamente relacionadas, porque para luchar contra el fraude fiscal es absolutamente esencial que los ciudadanos perciban el sistema como mínimamente justo, lo que es incompatible con beneficios fiscales escandalosos.

Hasta aquí la crónica del martes, pero habrá que ver cómo evolucionan los temas comentados, porque la tormenta fiscal no es previsible que se calme a corto plazo.

Francisco de la Torre Díaz es secretario general de Inspectores de Hacienda del Estado.

Ilustración de Patrick Thomas