GUSTAVO DUCH

Como si fuera un matrimonio –de conveniencia–, durante estas semanas la Unión Europea y Marruecos tienen prevista la renovación de sus votos, o no. En concreto, se está dilucidando en mesas separadas si se mantienen los acuerdos pesqueros y agrícolas que tantas repercusiones tienen sobre los sectores rurales de Marruecos, del Sáhara Occidental y de algunos países europeos, fundamentalmente España.

Por un lado, a finales de mes finaliza el acuerdo vigente en pesca que permite a 119 licencias de pesca de barcos europeos faenar en las aguas de Marruecos. De entre ellas, cien le corresponden a la flota española. Europa, paga –pagamos– 36,1 millones de euros para que los buques puedan pescar en esos caladeros, incluyendo las aguas territoriales del Sáhara Occidental. Las últimas informaciones explican que la Comisión Europea ha propuesto formalmente prorrogar el acuerdo de pesca por un año, tiempo necesario para evaluar y analizar sus consecuencias. Ahora queda la ratificación de los 27 estados miembros y la del Parlamento Europeo para que un convenio más que dudoso continúe o no vigente.

Y digo dudoso porque son muchas las voces que apuntan hacia su ilegalidad. De entre todas las voces que lo cuestionan destaca el informe legal del propio Parlamento Europeo que determinó hace más de un año que el acuerdo vigente no respetaba el derecho internacional, porque la población saharaui, de cuyas aguas se extraen muchas riquezas, no se beneficiaba del mismo. Lo mismo expresan, lógicamente, los representantes del Frente Polisario ante la Unión Europea. Si existen dudas que atentan contra el derecho de un pueblo, y de una población muy empobrecida y castigada, ¿no tenemos otra postura que seguir por la senda de las incógnitas? Si el Parlamento está en lo cierto, me parecería más sensato paralizar el acuerdo mientras se analizan todas sus repercusiones, y no al revés.

Lo contrario ha sucedido con la revisión del acuerdo agrícola entre Marruecos y la Unión Europea que, a grandes rasgos, consiste en el aumento de la liberalización del comercio para que los productos agroalimentarios puedan fluir con más facilidad entre las dos regiones. La comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo decidió el pasado 8 de febrero atrasar los trámites para la ratificación de un nuevo marco, por considerar que Bruselas debe aclarar antes las dudas jurídicas que despierta el acuerdo sobre los territorios del Sáhara Occidental, si –como en el caso de la pesca– tanta liberalización comercial beneficia realmente a la población local y si esos son los intereses reales de la población del Sáhara Occidental.

En el caso de la agricultura, además del conflicto legal con las tierras saharauis –donde desde 1989 ya hay firmas extranjeras, como la francesa Azura, cultivando tomates bajo plástico que se comercializan en la Unión Europea–, los propios estudios de impacto elaborados por la Comisión Europea advierten de que más liberalización comercial en el área Euromediterránea tendrá unos grandes perdedores. En Europa, y especialmente las regiones del Sur especializadas en la producción de frutas y hortalizas, no podrán afrontar la competencia de los vecinos del Mediterráneo, y la ya mermada población agraria sufrirá un nuevo envite. Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ya ha hecho sus primeras estimaciones: “Los aranceles, por ejemplo, se reducirán un 30% en cítricos y la naranja de Marruecos tendrá un precio de entrada de 0,264 euros/kg, cuando el coste de producción del catalán es de 0,514 euros/kg”.

Por otra parte, en su especialización en estos productos para la exportación, países como Marruecos irán perdiendo su propia soberanía alimentaria ante el abandono progresivo de sus propias producciones, con lo que supone de vulnerabilidad frente al vaivén de los mercados, como hemos podido comprobar en las recientes crisis de Túnez y Egipto. Y de nuevo, tampoco estos acuerdos liberalizadores beneficiarán a la población campesina local. El falso mito de la exportación como fuente de riqueza se volverá a evidenciar. Marruecos ya exporta a Europa, pero no lo hacen los pequeños campesinos sino los hacendados, inversores y exportadores –tanto magrebíes como europeos– con modelos industrializados que abaratan costes a base de reducir puestos de trabajo, disponer de mano de obra en condiciones de miseria, con sobreexplotación de los recursos hídricos y sin respetar medidas medioambientales suficientes para garantizar la sostenibilidad del suelo. El 20% de la superficie fértil marroquí ya está orientada al cultivo industrial para la exportación, y en la medida que se fomente, como ya se está haciendo a través del Plan Marruecos Verde, supondrá más beneficios para sus dueños: miembros de la familia real, empresarios locales y compañías españolas y europeas que han deslocalizado sus producciones (por ejemplo, el 80% de la exportación fresera marroquí está en manos de empresarios españoles). Esto reducirá las oportunidades del gran número de pequeños agricultores y agricultoras que han garantizado hasta la fecha la seguridad

alimentaria de la población local.

Dice Abdellatif Laâbi que “Marruecos está gestionado como una multinacional cuya finalidad es el enriquecimiento ilimitado de sus principales accionistas (…)”. Si la sociedad civil, la que no se beneficia de estos negocios, sale a la calle como sus países vecinos, ¿qué argumentos manejará el Gobierno de España, desposado con esta multinacional?

Gustavo Duch es coordinador de la revista ‘Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas’.

Ilustración de Patrick Thomas