Las negociaciones han llegado a su fin. Después de más de tres meses y medio desde las elecciones del 23J que dieron el actual mapa político, todo parece indicar que, en la sesión de investidura convocada para este miércoles y jueves, Pedro Sánchez saldrá como presidente de un Gobierno de coalición con Sumar gracias al apoyo de las fuerzas periféricas, nacionalistas e independentistas. Feijóo, la gran apuesta del PP para extender su perímetro electoral, se queda sólo con Vox y su filial navarra, incapaz de sumar más apoyos a su candidatura.

Cabe decir que no ha faltado tensión en estos meses. El fracaso de Feijóo a finales de septiembre dejaba en bandeja a Sánchez la investidura, pero los pactos con las formaciones independentistas catalanas no han sido fáciles. Así como el nacionalismo vasco garantizó el apoyo al actual presidente del Gobierno desde un inicio, tanto ERC como Junts, han puesto las cosas más difíciles. ERC subió el listón de la negociación una vez comprobó que Junts giraba discursivamente y que también se abría a pactar con el PSOE. La eterna competición entre republicanos y posconvergentes es un factor clave para entender la política catalana en los últimos diez años y seguirá siendo así en un futuro. Ambas formaciones, no sin idas y venidas, han acordado con el PSOE una ley de amnistía para normalizar la situación social y política en Catalunya después de las consecuencias de años de judicialización del proceso independentista, medidas de fortalecimiento del autogobierno y mecanismos para seguir dialogando y buscar una salida democrática al conflicto territorial.

Sin embargo, más allá de las negociaciones y del contenido de estas, es interesante observar el tipo de coalición que conforman las fuerzas parlamentarias y políticas que investirán a Pedro Sánchez esta semana. No es una mayoría de izquierdas, como sí lo era la legislatura anterior. Al papel estabilizador que jugó el PNV la pasada legislatura se le suman los votos de Junts y de Coalición Canaria, que también ha entrado en la ecuación. Las tres formaciones se sitúan en el centroderecha y, por lo tanto, la agenda redistributiva que pudiese tener el actual gobierno de coalición podría verse frenada en su ambición. Es más, el PSOE, que siempre juega con la geometría variable, podrá equilibrar el pese de Sumar, ERC o Bildu al contar con PNV, Junts y CC dentro de esta nueva mayoría parlamentaria. Tampoco es una mayoría plurinacional al uso. Recordemos que el PSOE es un partido que apuesta por el Estado autonómico mientras que Sumar es una coalición de partidos regionalistas, autonomistas y federalistas con notables diferencias en cuanto a la articulación territorial. Como también existen diferencias entre el PNV y Bildu y el independentismo catalán. No existe un modelo territorial que sea del gusto de la mayoría de las formaciones políticas que integran esta mayoría de la investidura.

Lo que sí es esta mayoría política plural que dará apoyo a Sánchez en el Congreso de los Diputados es una mayoría democrática. Una mayoría contra la regresión democrática que España podría haber vivido después del 23 de julio y que estos días estamos viendo claramente con la actuación del PP y Vox en las calles. Desde la crisis de 2008, las democracias avanzadas viven un proceso de erosión interno del que parece difícil escapar. En multitud de ellas han ganado opciones de derecha radical que desde dentro han iniciado un proceso de demolición de derechos y libertades políticas y civiles y de desmontaje institucional para convertir los sistemas democráticos en un simple mecanismo de elección política. Han vaciado el contenido sustantivo de la democracia apoyándose en la polarización política, social, ideológica y afectiva.

Sucedió en EEUU y Brasil, también en Hungría y Polonia. Y aunque en algunos de estos países afortunadamente las fuerzas de derecha radical fueron derrotadas en las urnas, las consecuencias democráticas han sido terribles: radicalidad, violencia, inestabilidad y odio. Es lo mismo que está sucediendo en España estos días. Una vez comprobado que Sánchez tendrá mayoría para iniciar la legislatura, la derecha y la extrema derecha política, social y mediática se han lanzado en tromba y está vez recurriendo a la violencia política. Los discursos de Ayuso hablando de dictadura en España o los de Abascal llamando a la Policía Nacional a desobedecer ordenes de sus superiores y unirse a las protestas contra el PSOE en Ferraz son gasolina para la coalición de ultraderechistas, falangistas y nazis que incendian las calles en Madrid. Una gasolina que se une a la actuación de una parte de la judicatura, que se ha lanzado en tromba contra una ley de amnistía que ni siquiera ha visto a la luz, o de algunos sectores de la Guardia Civil que tienen fantasías golpistas.

Asistimos a un fortalecimiento del nacionalismo español como hacía tiempo que no se veía. Un nacionalismo excluyente, esencialista y violento que es capaz de usar la violencia política, ya sea discursiva o físicamente, y de intentar subvertir las reglas democráticas para mantener intacta su limitada visión de España. Es un nacionalismo que detesta la diversidad, especialmente la interior, la de su propio país, y que no soporta que está pueda ser políticamente reconocida. Un nacionalismo que ha pasado de gritar contra la amnistía a hacerlo contra la población LGTBI+ y contra los migrantes en poco menos de una semana. Si el nacionalismo exacerbado es siempre negativo, el español lo es más si cabe al ser profundamente reaccionario, antidemocrático y antipluralista. Un nacionalismo que aspira, en definitiva, a devolvernos a lo peor de nuestro propio pasado: a la negra noche de la reacción. Eso es lo que vemos estos días en las calles y que tienen en Vox, en el Ayusismo y en todos los influencers de extrema derecha su brazo político.

Esta nueva mayoría plural tiene que ser consciente de ello. De que el adversario no entiende de reglas democráticas y de convivencia política y social. Sólo entiende de atizar la llama de la crispación, del odio y del enfrentamiento; de activar las peores pasiones de su base y de tensionar la convivencia entre españoles; de sembrar dudas sobre el proceso político y de deslegitimar el sistema democrático. Sólo entiende, en definitiva, de conseguir ellos la victoria a toda costa, aunque esto signifique un deterior democrático sin precedentes.

Ante esto, todos los actores que la conforman deben ser ambiciosos y no retroceder en su agenda política, social, institucional y territorial. Para volver a meter al genio del nacionalismo español en la lámpara es necesario convencer a la mayoría social española de que las reformas económicas y sociales pueden coexistir con un fuerte impulso en la mejora del autogobierno y en la federalización del Estado. La izquierda y las fuerzas nacionalistas deben darse la mano y canalizar las demandas y reivindicaciones sociales y territoriales uniendo redistribución y mejora de la calidad de vida a una transformación territorial que acepte de una vez por todas que España es un país plurinacional. Del éxito de esta misión depende que España regrese a lo peor de su historia.