Jesús G. Regidor

Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid

Ante la posibilidad de formar un nuevo gobierno de cambio, es necesario poner de relieve la situación del medio rural, para que recupere el puesto que le corresponde en la agenda política de este país. No se trata solo de denunciar las carencias económicas y sociales soportadas por amplios colectivos de su población, sino también de señalar los bloqueos políticos que impiden que llegue un cambio real a

este inmenso territorio.

Porque las elecciones se suceden, pero las opciones políticas más retrogradas siguen manteniendo en parte sus resultados. Se presume que el medio rural es políticamente conservador, lo cual ya no es tan cierto, aunque a menudo sus votos se utilizan como un freno para la adopción de políticas progresistas, con la estimable ayuda de la Ley Electoral vigente.

Situación del medio rural

De la situación económica, si bien el medio rural es muy diverso, cabe destacar ante todo el retroceso de una actividad agraria que ha dejado de ser mayoritaria. Ello a pesar de que es un sector fuertemente subsidiado (las subvenciones de la UE a la agricultura española supusieron 6.500 millones de € en 2015, cerca del 30% de su Renta Agraria).

Con las reformas de la PAC estos ingentes recursos se han ido concentrando en pocos beneficiarios (los grandes y muy grandes propietarios de tierras) y en algunas regiones y zonas rurales, lo que ha supuesto una pérdida creciente de cohesión social y territorial. La PAC actual es una política que facilita los beneficios de grandes corporaciones (energéticas, químicas, biotecnológicas…) y de la gran distribución alimentaria, que controlan los mercados de factores y productos fijando precios y pautas de comercialización.

Tiene sentido, por tanto, que los programas de los principales partidos de un posible gobierno progresista, reflejen medidas como “la revisión del modelo de aplicación de la PAC en España”. Asimismo, es coherente que se vea reflejado en sus propuestas promover la “reestructuración del sector agroalimentario”, para hacer frente al dominio de la ‘distribución alimentaria’, a la desaparición progresiva de ‘agroindustrias’ y al retroceso de la ‘renta agraria’ (una caída del 7,5% solo en 2014).

En cuanto a su situación social, nuestro medio rural se caracteriza por un grave retraso en su nivel de bienestar (una media de 30 puntos de diferencia en renta per cápita con las zonas urbanas), que se ha incrementado en los últimos años. Así, ha crecido el volumen de los colectivos rurales en riesgo de pobreza y de exclusión social (asalariados en paro recurrente, eventuales de salarios ínfimos, jóvenes sin acceso laboral, trabajadores autónomos con pocas rentas, jubilados de pensiones mínimas).

En realidad, la estructura económica y el empleo rural se asimilan cada vez más a los del medio urbano, con un peso mayoritario del sector servicios (públicos, como la sanidad, la educación y otros servicios sociales, o privados, como el comercio o el turismo), seguido por el sector industrial (en ramas como la alimentación, el textil, la madera, la construcción o la minería). Así pues, se ha diversificado el empleo rural, pero su acuciante ampliación requiere contar suficientemente con un conjunto de factores necesarios para el desarrollo (inversiones públicas y privadas, acceso a las TIC, mejores infraestructuras y equipamientos, innovación tecnológica…).

Además, la estructura poblacional sigue siendo adversa en numerosas zonas rurales, especialmente en aquellas donde predominan la falta de jóvenes y el envejecimiento, en particular en municipios de pequeño tamaño y en entidades locales menores. Pero en muchas zonas, especialmente en las más dinámicas, el modelo de desarrollo rural no es sostenible, sobre todo por la ausencia de una verdadera política de conservación ambiental, que frene y revierta el deterioro del medio natural y de los recursos culturales.

En este escenario de fragilidad económica y social son las políticas públicas las encargadas de rescatar de la crisis a los grupos sociales más vulnerables, manteniendo y ampliando los servicios sociales básicos y, en general, de fomentar el desarrollo económico rural. Sin embargo, las principales acciones y medidas que afectan al medio rural procedentes de la Unión Europea, con una cofinanciación 1.200 millones de € anuales durante 2014-2020, constituyen un apoyo muy deficiente.

Ello justifica la atención programática específica expresada por los partidos políticos de un futuro gobierno de cambio y de progreso. De sus programas electorales cabe resaltar su compromiso de “recuperar los niveles de cofinanciación estatal de los Programas de Desarrollo Rural de la UE”, y sus propuestas de “garantizar la aplicación de la actual Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de 2007, impulsando el concierto entre las Administraciones”.

Bloqueos políticos: democracia participativa y nuevo marco administrativo

Nuestro medio rural posee una importancia mucho mayor de la que se le da. Como objeto de atención política aparece relegado frente al medio urbano, si bien comprende la inmensa mayoría del territorio de nuestro país (el 80%), una parte muy significativa de la población (entre el 25% y el 35%, según criterios) y muchos de los recursos estratégicos para un desarrollo sostenible.

La atención prestada a este medio por las administraciones públicas siempre ha sido deficiente y escasa. Ante la gran dispersión de la población y su relativo peso político y electoral, se ha aplicado un modelo de atención jerarquizado y tutelado desde los Gobiernos autonómicos y las Diputaciones provinciales, en el que una débil Administración Local ha sido instrumentalizada mediante actuaciones y medidas

caciquiles, clientelares y a menudo corruptas.

El único modo de romper con este comportamiento tutelado y clientelar de atención pública al medio rural, es promover un nuevo modelo de atención política basado en el ejercicio de una democracia local más participativa. La Reforma Local de 2013, realizada en solitario por el gobierno del PP, no solo expropia las competencias y el patrimonio público de los municipios, sinoque constituye un impedimento para la aplicación de verdaderas políticas de desarrollo rural de base territorial).

Ciertamente, las Comunidades Autónomas poseen la mayoría de las competencias en la aplicación de unas políticas rurales europeas muy insuficientes, pero no pueden suplir la ausencia de una política rural propia de Estado. Además, es preciso crear unidades territoriales (comarcales) de representación y participación política, y de gestión eficiente de los servicios públicos y las políticas de desarrollo rural.

Por todo ello, es singularmente esperanzador que los partidos del cambio progresista coincidan en la denuncia de la “Reforma Local del PP, que ha supuesto un ataque frontal a la autonomía local”, y en su propósito de “derogar la Ley 27/2013, de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local”. Otro tanto ocurre con la pretensión de cuestionar el papel de las Diputaciones provinciales, y con el propósito de “impulsar la inter-municipalidad a través de mancomunidades y consorcios”, todo

ello ligado a la “aplicación de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural”.

En conclusión, no parece exagerado afirmar que el medio rural se juega en buena medida su futuro con la posibilidad de que se configure un nuevo Gobierno de cambio y de progreso. Existen motivos sobrados para atender más y mejor a este inmenso territorio. Y existen coincidencias programáticas suficientes en los partidos políticos protagonistas de un posible acuerdo, especialmente del PSOE y de PODEMOS, para garantizar la puesta en marcha de las medidas políticas y administrativas necesarias. No debería frustrarse esta oportunidad.