Cómo mejorar la dignidad en las residencias de la Comunidad de Madrid

Raúl Camargo

Diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid

Las personas mayores son objeto de deseo electoral de los partidos políticos tradicionales, que inventan mensajes y soflamas para prometer medidas que luego no cumplen o para atemorizar con lo que otras formaciones pueden hacer. Pero luego las pensiones, de las que viven muchas familias además de los propios pensionistas, están en riesgo y no se revalorizan desde hace años.

Las ayudas para la dependencia llegan tarde y en muchas ocasiones cuando la persona solicitante ya ha fallecido. Y en las residencias la situación es aún más lamentable: carencia enorme de personal, instalaciones inadecuadas, modelo de gestión obsoleto y privatización generalizada. En tanto que sería una prestación en diferido para personas que cotizaron durante muchos años, y muchas de ellas después

de haber pasado periodos de grandes penurias, la insolidaridad es manifiesta.

Desde hace dos años, y en virtud de mi responsabilidad como Portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos en la Comisión de Políticas Sociales de la Asamblea de Madrid, he venido trabajando sobre la situación de las Residencias en la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Cristina Cifuentes y en concreto el consejero del ramo, Carlos Izquierdo, no podrían estar haciéndolo peor. Su modelo se basa en improvisar medidas cuando algún escándalo salta a los medios de comunicación, como ocurrió con los casos de los fallecimientos de un hombre y una mujer en las residencias de Alcorcón y Arganda del Rey.

Primero se niegan los problemas y luego se toman medidas totalmente insuficientes para poner parches hasta que suceda la siguiente desgracia. Un modelo lamentable que, unido a otras políticas nefastas de la Consejería de Políticas Sociales, ha motivado que presentemos una reprobación en la cámara madrileña contra este Consejero.

En este periodo he podido visitar decenas de residencias públicas y privadas, siempre a petición de familiares o trabajadoras (en femenino pues la mayor parte de quienes prestan sus servicios en estos centros son mujeres). Allí me he encontrado un panorama desolador, incluso a pesar de que estas visitas están previamente concertadas y las direcciones de los centros tienen especial cuidado en que ese día esté todo impoluto. Pero al menos en las residencias que aún son públicas o tienen algún tipo de control público aún existe el derecho a protestar. Aquellas que son totalmente privadas son auténticos cotos vedados y las condiciones que se sufren dentro (por parte del personal o de los que residen allí) esconden ejemplos cotidianos de explotación.

Para hacernos una idea, en la Comunidad de Madrid hay aproximadamente 580 residencias para personas mayores. De estas, solo 25 son enteramente públicas, 17 públicas de gestión privada y existen conciertos con otras 150 residencias. Por tanto, casi el 60% de las residencias en esta región son totalmente privadas. El hecho de que el número de residencias haya aumentado exponencialmente en los últimos años se debe a dos factores: al aumento de la esperanza de vida por un lado y la oportunidad de negocio en el sector de los cuidados que esta situación abre.

Las sociedades financieras, más coloquialmente conocidas como fondos buitre, no iban a dejar pasar esta oportunidad de aumentar sus beneficios. Y en ese contexto se explican las compras y ventas de grandes grupos residenciales que han tenido lugar en los últimos años. Un ejemplo muy gráfico lo tenemos en la venta sucesiva del Grupo Geriatros a varios fondos buitre. Este grupo de residencias tiene su origen en la Obra Social de Caixa Galicia. Cuando el primer Gobierno de Rajoy decide en 2012 estudiar la posible liquidación de las cajas de ahorro, nombra un grupo de expertos para que hicieran un informe sobre el futuro de estas entidades. Al frente de este equipo pusieron a Ángel Corcóstegui, ex Consejero Delegado del Banco Santander, cuya indemnización cuando dejó de serlo fue la mayor cobrada hasta la fecha por un banquero. La conclusión del informe elaborado por este grupo fue, obviamente, que había que desmontar las cajas y vender su obra social. Terminada la tarea que le encomendó Rajoy, el Fondo Buitre de Corcóstegui, Magnum Capital, compró el Grupo Geriatros en la liquidación de Caixa Galicia. Negocio redondo para el banquero: recomienda la venta de la obra social de las cajas y él mismo se beneficia de su compra a un precio bajísimo: 45 millones de euros. A los dos años, vendió el grupo Geriatros a otro fondo, Pay Partners, por 300 millones. Como diría Rodrigo Rato “Esto es el mercado, amigos”.

Comprobar que el cuidado de las personas mayores es un negocio más para los poderes financieros explica que los gobiernos a su servicio no quieran que haya recursos públicos para residencias y que el personal esté en condiciones deplorables. Igual que hacen con la educación y la sanidad, deteriorar lo público es una buena vía para que mucha gente tenga que optar por lo privado.

Tras un largo periodo de reuniones con trabajadoras, familiares, asociaciones de mayores y personas relacionadas de alguna manera con el mundo de los centros residenciales, hace unos días he presentado una Proposición de Ley de Residencias en la Asamblea de Madrid. Por un lado, la legislación vigente en la región sobre estos centros estaba dispersa en muchos decretos que los gobiernos de turno han ido dictando desde el año 1990. Ninguno de estos decretos, no obstante, recogía de forma clara y precisa las categorías laborales que debían existir en cada residencia y el ratio de número de trabajadores por residente que tiene que haber. El modelo ha cambiado por completo desde entonces: de uno de residentes con autonomía personal se ha pasado a otro de dependientes o grandes dependientes, que requieren mayor atención y más personalizada y, por tanto, mayor número de personal en los diferentes turnos.

La proposición de ley incorpora demandas históricas de las trabajadoras en cuanto a los ratios de personal por turno, categoría laboral y grado de dependencia del residente. De aprobarse, supondría una evidente mejora en las condiciones en las que se presta este servicio porque se repartiría el trabajo en mucho mayor medida que actualmente. Además, sería una fuente de creación de empleo en este sector.

En cuanto a las familias, el texto incorpora una de sus reivindicaciones más importantes: que ell@s mism@s puedan formar parte del Consejo de Residentes, al que ahora solo pueden pertenecer los propios residentes. Dado que la gran mayoría no está ya en condiciones de cumplir con esta labor de control y seguimiento de lo que pasa en la residencia, el hecho de que sus familiares sí puedan hacerlo ayudará a que la coordinación y vigilancia aumente. Además, se introduce la figura de la persona de referencia para cada uno de los ancianos, se regulan las características que deben tener las habitaciones y zonas comunes y se enumeran los programas de acompañamiento y ocio para que estos centros no se conviertan en meros aparcamientos de ancianos.

En definitiva, se trata de una ley realizada de forma participativa, que recoge las principales demandas de las personas que viven o trabajan en las residencias y que ordena y da coherencia a toda la legislación dispersa que había. Una norma para que la dignidad se convierta en Ley en las residencias de la Comunidad de Madrid.