Estos han sido unos días muy tristes. El 9 de mayo moría Inmaculada Hernández Beltrán, médica de familia y compañera nuestra en el centro de salud Pavones en Madrid. Era trabajadora incansable, comprometida con el bienestar y buen cuidado de sus pacientes y, defensora a ultranza de la Sanidad Pública y de la dignidad de sus trabajadores.

Nos sentimos en deuda con ella y nos preguntamos si su muerte pudo ser evitada. Pensamos que ha sido una “víctima colateral” más de la batalla desigual de los sanitarios frente a este virus maldito. Desigual porque las plantillas ya escasas, ahora aún más justas por la enfermedad, sobrellevamos una sobrecarga laboral física y emocionalmente extenuante y, además, luchamos con “balas caducadas”: insuficientes equipos de protección y ausencia de un protocolo de cribado periódico de positivos asintomáticos entre el personal sanitario.

Además, pensamos que con la puesta en marcha de un sistema de telemedicina se podría haber protegido más a personas vulnerables y, de esta forma, evitar su presencia en los centros de salud donde las posibilidades de contagiarse eran, y son, mucho mayores que si lo hicieran desde sus domicilios. Este último motivo fue una de las razones por las que nuestra compañera volvió para ayudarnos en la organización del centro y para atender telefónicamente a los pacientes. Y nos sentimos en deuda con ella porque estaba de baja laboral preventiva por ser trabajadora vulnerable y, por un exceso de responsabilidad moral, decidió darse el alta y asumir el riesgo de volver para colaborar en el centro de salud; desde el 14 de marzo las bajas de trabajadores de todos los estamentos eran numerosas y era difícil hacer un seguimiento adecuado de los pacientes.

Ser médica y mantenerse durante la pandemia en situación de baja laboral preventiva, viendo que tu plaza no es suplida, con el sobreesfuerzo que supone para tus compañeros y la desatención que conlleva para tus pacientes, supone un dilema ético de difícil resolución para muchos profesionales sanitarios que finalmente deciden darse el alta y regresar al trabajo, protegiéndose con el escaso material disponible (una mascarilla quirúrgica cuando no se hace asistencia presencial), pero poniendo en riesgo su vida.

La telemedicina, que implica la posibilidad de teletrabajar facilitando que el profesional sanitario pueda acceder en remoto a las historias clínicas de los pacientes desde su propio ordenador (siempre manteniéndose en un entorno seguro y asegurando el cumplimiento de la LOPD-GDD), bien porque esté haciendo una cuarentena, por factores de vulnerabilidad, para conciliar su vida familiar o por cualquier otro motivo, permitiría que más personal hubiese podido trabajar en el pico de la pandemia y, lo que es más importante, lo hubieran hecho protegidos. Con la actual falta de recursos humanos de estas dos categorías laborales no podemos permitirnos el lujo de perder esta fuerza de trabajo en un sector que ha demostrado que es y sigue siendo esencial.

Tampoco dejamos de preguntarnos qué es lo que hubiera sucedido si en vez de COVID-19, la pandemia fuese producida por un virus de mayor letalidad: Madrid hubiera perdido al menos a más del 50 % de los trabajadores de Atención Primaria que han sido testados mediante PCR COVID-19 por presentar síntomas compatibles (según datos publicados por la propia consejería de Sanidad a fecha 10 de mayo de 2020, de los 3.620 trabajadores de la Atención Primaria madrileña que habían sido sometidos a la prueba del coronavirus, 1.668 habían dado positivo, frente a los 1.666 en los que el covid-19 se había descartado). Por desgracia, el oscurantismo en la presentación de los datos no permite saber qué centros se han visto más afectados. Permitiría conocer si en algún centro ha existido un foco de contagio, estudiar cuáles han podido ser sus causas y, de este modo, realizar mejoras que eviten que en el próximo rebrote se vuelvan a infectar tantos sanitarios y se puedan activar medidas de control de forma precoz.

También nos resulta incomprensible que aún no se haya establecido un protocolo de cribado periódico para detectar positivos asintomáticos entre el personal sanitario para disminuir la tasa de contagio entre los propios trabajadores. Pensamos que el sistema sanitario puede asumir esta carga porque se ha aumentado la capacidad de los laboratorios y en términos económicos resulta claramente coste-efectiva. Creemos que esta medida hubiera podido contribuir a que en nuestro centro de salud hubiese habido menos personal infectado.

Nos gustaría que estas peticiones, que también lo han sido de los colegios profesionales y de las sociedades científicas de medicina de familia, fueran un grito que llegase a los responsables que pueden decidir que las condiciones laborales de todos los trabajadores de la Sanidad Pública madrileña sean mejores y dignas, para que no haya más muertes ni infecciones evitables entre todos los que cuidamos pero que no nos sentimos cuidados ni respetados por nuestros superiores de la Comunidad de Madrid. Inmaculada, te seguimos recordando. Nos gustaría que tu recuerdo sirva para que nadie olvide que hay un margen de mejora para evitar infecciones y cuidar adecuadamente a todas las personas que desempeñan trabajos esenciales para la sociedad. ¡Hasta siempre!