IGNACIO JURADO

Investigador en la Universidad de Oxford

SEBASTIÁN LAVEZZOLO

Politólogo e investigador

en la Universidad de Nueva York

Ilustración de Jordi Duró

Según muchos analistas, la crisis ha puesto en evidencia los estrechos márgenes de maniobra del poder político frente al poder económico. Existe la sensación de que los gobiernos lo tienen cada vez más difícil a la hora de atender las preferencias de la mayoría de los ciudadanos, dadas las presiones de “los mercados”. En España, dicha

preocupación no es de extrañar, pues el mercado de deuda sacudió al país durante semanas y obligó al Gobierno socialista a dar un giro de 180 grados en su concepción sobre cómo sortear la crisis. Zapatero pasó del discurso de la “salida social de la crisis” y el “proteger a los que menos tienen” a la aplicación de medidas más propias de un gobierno conservador con el fin de trasmitir confianza.

Estos hechos dan cuenta de que, en un mundo globalizado, las fricciones entre democracia y mercado se han acentuado. No obstante, esto no debería implicar que el poder político se crea sin instrumentos para gobernar, ni que el mercado no pueda ser una fuente de información para identificar los excesos de nuestros gobernantes, así como guiar a los actores económicos y sociales en sus decisiones. El problema reside en que frecuentemente obviamos que dichas fricciones surgen debido a la existencia de mercados imperfectos.

El caso del mercado de deuda es un claro ejemplo de esto último. Un mercado se define como la suma de las transacciones económicas de vendedores y de compradores de un bien o servicio. Se supone que este funciona bien cuando: 1) ningún comprador o vendedor por sí mismo tiene capacidad de modificar los precios, 2) los participantes no actúan de modo coordinado, y 3) el precio se fija basado en información transparente y pública. Ninguna de estas tres condiciones se cumple en los mercados de deuda soberana que tanto desvelan a nuestros gobernantes.

En primer lugar, en los mercados de deuda la magnitud relativa de algunos compradores es a veces muy grande, por lo que existen algunos inversores que tienen la capacidad de influir por sí mismos en los precios y mover el mercado en su interés. Las consecuencias del poder de estos actores en este y otros mercados han quedado reflejadas, por ejemplo, en la histórica especulación de George Soros en el mercado de divisas en 1992, cuando doblegó al Banco de Inglaterra a devaluar la libra obteniendo beneficios astronómicos en apenas una jornada. Para entonces, el húngaro declaraba que su fondo había sido “el mayor factor individual del mercado”. Este tipo de factores individuales pesan mucho en el mercado de deuda.

En segundo lugar, los mercados deberían estar formados por un conjunto de compradores que actúan individual y no coordinadamente. No es dar pábulo a ninguna teoría conspirativa afirmar que los fondos de inversión, en sus distintas formas, se organizan para alcanzar sus objetivos particulares en los mercados de deuda. Algunos de los recientes ataques especulativos han sido coordinados para conseguir la devaluación del euro. En el momento en que un mercado se convierte en instrumental para otros objetivos, difícilmente podemos hablar de un mercado eficiente.

En tercer lugar, el proceso de fijación del precio de la deuda se basa en información poco transparente. Resulta algo incómodo que las decisiones sobre la deuda vengan determinadas por los informes de las agencias de rating cuando no conocemos bien los modelos bajo los que realizan sus calificaciones. Además, estas agencias tienen la capacidad de generar y moldear la información que circulará en el mercado de deuda, lo cual les concede un gran poder de influencia. Asimismo, no deja de ser paradójico que las lecciones sobre qué deben hacer los gobiernos para satisfacer las demandas de los mercados provengan de un mercado dominado por sólo tres empresas –Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch– con un historial de errores (otorgaron la máxima calificación a productos financieros basura) y sospechas (conflicto de intereses).

En definitiva, todas aquellas condiciones que esperaríamos de un mercado eficiente distan mucho de darse en los mercados de deuda. Estas imperfecciones explican en cierta medida las exageradas oscilaciones en la percepción de riesgo por parte de los inversores. No se explica que la solidez de nuestra economía se

deshaga en un abrir y cerrar de ojos por ciertas dudas sobre un test en Irlanda o por movimientos en Portugal. Cuesta entender que esto se interprete como un reflejo de los fundamentales de nuestra economía.

Por lo tanto, el problema no es que los mercados sean necesariamente incompatibles con la democracia, sino la existencia de mercados imperfectos y la incongruencia política de los gobiernos que no los regulan convenientemente. En el pasado, en aquellos países donde se han desarrollado modelos de concertación social, como los escandinavos o centroeuropeos, se han alcanzado niveles máximos de satisfacción con la democracia o de calidad en las políticas sociales. Así, en un nuevo contexto de globalización, es necesario que los gobiernos se decidan a coordinar sus acciones en busca de una regulación trasnacional. De lo contrario, las condiciones actuales sólo seguirán generando incentivos para promover reformas en modo de “señal” a los mercados, incluso en contra de los intereses de la mayoría política. Quizás, este es el lugar a partir del cual los partidos socialdemócratas deberían reivindicar su identidad, con hechos y no sólo con palabras.