Esta semana en el Congreso se han aprobado iniciativas tan importantes como la Ley de las Startups o la Ley del Deporte, pero también se han tratado cuestiones menos mediáticas y que tienen la misma importancia.

En esta ocasión el Grupo Parlamentario Socialista presentaba una modificación penal para agravar las penas previstas por los delitos de trata de seres humanos desplazados por conflictos armados o catástrofes humanitarias, con imposición de sanción de hasta doce años. El objetivo es conseguir un efecto disuasorio, servirá para perseguir con mayor agilidad este delito y complementa cuestiones que el Gobierno ha puesto en marcha para los casos de trata.

Y es que muchas de las mujeres que huyen de la guerra en todo el mundo - en Nigeria, Somalia, el Sahel, la República Democrática del Congo, Libia, en Yemen, Afganistán, en Irán, Birmania o Colombia - están aturdidas por el shock de haber perdido su vida anterior, traumatizadas por lo que han vivido, por lo que han visto y oído, por el miedo que han pasado ellas y sus familias, por la ruptura brutal de su vida anterior, por la pérdida de lo poco o mucho que tenían pero sobre todo por la incertidumbre que les espera.

Y llegan a una frontera atestada de seres humanos igual de traumatizados que ellas pero donde les espera o un sistema humanitario internacional que les protege o una red de trata que les promete trabajo, les quita el pasaporte, las secuestra y las vende como mercancía sexual. Que aprovecha la confusión de ese éxodo masivo para añadir tragedia a la tragedia previa.

Y donde tenían que encontrar protección, seguridad, información y asesoramiento encuentran el horror añadido de convertirse en mercancía, porque así las consideran los proxenetas: mercancía. Y serán traficadas y prostituidas. La violencia sexual como arma de guerra. Y la prostitución, como destino.

Un país como el nuestro no debe tolerarlo. Y en el caso de la trata supone además una gran fuente de financiación para los grupos armados. Porque las drogas y las armas se venden una vez, pero el cuerpo de las mujeres víctimas de trata, captadas en frontera, se vende una y otra vez. Una y otra vez.

Mercancías cambiantes en prostíbulos al aire libre o en recintos cerrados. La misma lógica que cualquier otro mercado internacional. Vendedores y compradores.

España es uno de los países que más sexo de pago registra en Europa. 45.000 mujeres y niñas en situación de prostitución de las que se estima que el 95 % son víctimas de trata. Neoliberalismo en estado puro. Unos hacen negocio con ellas, y mucho negocio, y otros las “consumen”. Oferta y demanda.

Las mujeres captadas en frontera de un conflicto o una catástrofe natural para ser “tratadas” son mujeres despojadas de identidad y sometidas a la voluntad de muchos. De los tratantes y de los consumidores de prostitución. Como si estas mujeres no hubieran tenido bastante ya.

Y el Proyecto de Ley aprobado esta semana en el Parlamento es un paso más para que las mujeres en nuestro país sean más libres. No el único, pero uno más. Para que sus derechos de vida, dignidad y libertad sean atendidos desde las fronteras en las que escapan de otros horrores.

De tantos lugares del mundo donde ya no está el foco mediático. Para esto sirve también la acción legislativa. Seguimos.