Jordi Muñoz

La casualidad ha querido que el anuncio del Ejecutivo escocés de su proyecto de ley para realizar un referéndum sobre la independencia de Escocia en 2010 coincida en el tiempo con el proyecto de una entidad ciudadana del municipio de Arenys de Munt (8.200 habitantes) para celebrar el próximo domingo una consulta a la ciudadanía sobre la independencia de Catalunya.

Este tipo de coincidencias temporales a menudo resultan útiles para el observador, pues facilitan la comparación. En esta ocasión, lo que llama más poderosamente la atención es, sin duda, el fuerte contraste existente entre las reacciones de los Gobiernos español y británico a dos iniciativas que, aunque semejantes en espíritu, resultan incomparables en entidad.

A pesar de que la posición de mayoría relativa del Partido Nacional Escocés (SNP) en el Parlamento de Edimburgo posiblemente impedirá al primer ministro, Alex Salmond, culminar su proyecto, a nadie se le escapa que la magnitud del desafío –considerablemente más explícito que el de Ibarretxe, por ejemplo– no tiene punto de comparación con el proyecto de una asociación local de un municipio de 8.000 habitantes. Sin embargo, mientras en el Reino Unido se debate estos días sobre la conveniencia y viabilidad de tal referéndum, en España el debate ni tan siquiera ha podido empezar. Voces autorizadas de Londres reconocían que, aunque el Gobierno escocés no tenga las competencias necesarias, de realizarse un referéndum y obtener un resultado favorable, el Gobierno británico se vería obligado a negociar con el Ejecutivo escocés.

En ningún caso parece haberse planteado una solución judicial y policial a una cuestión política. Medio en broma, alguien dijo que al día siguiente la reina de Inglaterra invitaría al nuevo embajador escocés a tomar el té en el Palacio de Buckingham.

En cambio, el Gobierno español, incomprensiblemente alarmado ante una iniciativa aparentemente tan inocua como la de una asociación que convoca una consulta popular, ha optado por judicializar la cuestión y, entre amenazas, recurrir mediante la Abogacía del Estado el acuerdo del Ayuntamiento de Arenys que, con el apoyo de 11 de los 13 concejales (el 85%) del pleno municipal, expresaba su apoyo a la iniciativa de la sociedad civil de su localidad.

Para completar el sainete, el abogado que representa al Estado en esta ocasión fue candidato de Falange Española Auténtica (sic) en las elecciones de 1996. Un abogado que, por cierto, en diciembre de 2007, en una concentración de los Peones Negros en Barcelona, llamaba a la “resistencia ante la ley injusta”, en referencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía. Difícilmente podría el ministerio haber encontrado alguien mejor para defender el orden constitucional. Un orden en el que, aparentemente, caben de manera mucho más cómoda los falangistas que los sectores de la sociedad catalana que abogan por la autodeterminación. Curiosa paradoja.

Más allá de la anécdota, la cuestión de fondo es el sorprendente pánico con que las instituciones españolas reciben cualquier iniciativa de esta naturaleza. Una consulta como la de Arenys, que tal y como está planteada tiene un valor fundamentalmente expresivo, no debería asustar a nadie. Ni tan siquiera si fuese organizada desde las administraciones públicas y realizada a nivel de Catalunya. Al fin y al cabo, la cuestión de la autodeterminación forma parte del debate político y social en Catalunya. ¿Que problema hay, entonces, con que se consulte a la población para conocer el grado de apoyo social al proyecto independentista? Si, como se repite a menudo, esta es una preocupación muy minoritaria en la sociedad catalana, la desmedida reacción ante esta consulta resulta aún más incomprensible.

El problema, tal y como se plantea, es fundamentalmente un problema de democracia y de inclusión. Un bloqueo absoluto, sea judicial o policial, a cualquier intento de permitir la expresión mediante consulta de las preferencias de la ciudadanía sobre una cuestión de evidente interés colectivo implica necesariamente dejar al margen del sistema a un amplio sector de la sociedad catalana. A propósito de la Ley de Partidos, se nos ha repetido con insistencia que todos los proyectos caben en democracia mientras se articulen por vías pacíficas y democráticas. El contraste entre esta insistencia y la actitud de bloqueo a cualquier intento de consultar a la población es evidente.

Este es, pues, un asunto que deja al descubierto un límite evidente de la democracia española. Una democracia de calidad debería de ser capaz de acomodar en su seno la más amplia pluralidad de proyectos políticos. Aunque desde algunos lugares cueste de entenderlo, este no es el caso de la España contemporánea. Alguna solución habrá que encontrar. Porque la situación actual nos lleva a un callejón sin salida. No hay que aventurarse en exceso para predecir que en el futuro este tipo de demandas y de iniciativas se van a multiplicar. Sobre todo después de que, con su intento de prohibición, el Gobierno español haya favorecido la proliferación de municipios que quieren imitar a Arenys de Munt.

¿Cómo se enfrentará ahora el Gobierno español a la previsible aparición de iniciativas semejantes en decenas de municipios catalanes? Lo razonable, desde el punto de vista democrático, sería escuchar a la ciudadanía en lugar de secuestrar las urnas. Lo deseable sería que la democracia española se pusiera al nivel de la canadiense o, al menos, de la británica. Pero parece, de momento, que esto sigue siendo una quimera. Y no es sólo una cuestión de flema británica.

Jordi Muñoz es politólogo. Profesor asociado de Ciencia Política en la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).

Ilustración de Juan Ossorio