No sé si fue Foucault o algún otro estructuralista el que, como hacen los grandes filósofos, no hizo sino destacar lo obvio: la importancia de los relatos como explicación previa sobre la que construimos nuestras aparentes explicaciones o racionalizaciones. Digo obvio porque, desde que los seres humanos nos podemos llamar así, hemos construido mitos, leyendas, relatos al fin, para ello, y en ellos reside nuestra forma de ver el mundo, nuestras ideologías y prejuicios, como una organización inconsciente de miedos, culpas, intereses y afanes que pocas veces llegamos a hacer explícitos o incluso a explicarnos a nosotros mismos, y que llegan a formar, peligrosamente, parte de la identidad en que nos reconocemos.

Desde tamaña perspectiva, la identificación de esos relatos que están detrás de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, se convierte en un instrumento imprescindible de análisis. Contaré mi abordaje de lo que pretendo, asimismo, desde un relato histórico, es decir, no mítico, sino vivido y real; los juristas que nos dedicamos a pleitear contra la Administración, y especialmente los que defendemos a ese colectivo unánimemente calificado de vulnerable como son los inmigrantes, recibimos con alborozo una reforma legal que debía poner orden en el auténtico caos que suponía el tener diecisiete tribunales, cada uno con un criterio propio, en asuntos de relevancia enormemente trascendente para la vida de los inmigrantes en nuestro país y para nuestros connacionales que con ellos conviven, trabajan, o interactúan de cualquier manera.

El caso es que nos las prometimos muy felices pensando que con la nueva regulación del recurso de casación el Tribunal Supremo iba, no sólo a unificar doctrina y poner orden, sino a poner coto en determinados excesos interpretativos preocupantemente proclives a las tesis e intereses de la Administración pública y en contra de los derechos de las personas, lo que es casi como decir que en contra de la función misma de la Jurisdicción, que no es otra que impedir los abusos del gran leviatán administrativo sobre los derechos de las pequeños y siempre poco defendidos seres humanos (esas “personas humanas” del gracejo por pleonasmo), igual da extranjeros o nacionales. Algunos incluso soñamos con que el alto Tribunal resucitara la doctrina del Tribunal Constitucional de que entre varias interpretaciones posibles de la ley debe prevalecer siempre la más favorable a los derechos fundamentales de la persona.

Nuestro gozo en un pozo. Ya un compañero en su momento nos advirtió, señalando la composición del Tribunal, que no esperáramos gran cosa, pero nuestro deseo era tal que hicimos oídos sordos, y nuestra ilusión esperó, y esperó, y empezó a recibir un mazazo tras otro. La Jurisprudencia que el Tribunal Supremo ha venido dictando en estos apenas tres años de vigencia de la nueva casación no sólo ha sido decepcionante, sino que resulta exponente de una concepción casi ultraconservadora del Derecho y sobre todo de los derechos de las personas frente a la Administración: restricción de derechos sanitarios recuperados, retorno a la vieja doctrina de que el único “ilegal” bueno es el expulsado, justificación de denegaciones o extinciones de permiso casi por cualquier motivo, interpretación restrictiva de las fórmulas de regularización, de las exigencias de medios de vida, denegación de documentación a familiares de españoles, automaticidad de expulsiones por motivo de antecedentes penales saltando por encima incluso de la sacrosanta necesidad de motivación, eliminación del silencio positivo… y así con tan sólo dos o tres contadas excepciones, toda una doctrina que viene a avalar las posturas más duras de la Administración de extranjería.

Se ha cerrado un círculo que viene a ser una perversión de la separación de poderes: un ejecutivo restrictivo impulsa reformas legales a conveniencia de sus intereses y consigue que los Tribunales le aplaudan, no ya en aplicación de esa Ley, sino con una interpretación que les es acríticamente favorable por encima de su función tutelar.

Surge ineludible la pregunta. ¿Es que el Supremo necesita que una doctrina del Tribunal Constitucional se plasme en el artículo 3 del Código Civil para que se le empiece a hacer algún caso? ¿Es que se han olvidado de para qué están ahí, de su función de tutela judicial de los derechos de las personas? O es que, simplemente, son humanos, y como tales parten de un relato, tristemente común a todos ellos, por equivocado que este sea.

La explicación “ideológica”, la atribución maniquea entre conservadores y progresistas, resulta en este punto insuficiente, y se requiere un análisis que atienda a motivaciones más transversales, sin pretender entrar en el debate sobre el sesgo que da a nuestra magistratura un sistema de selección que prima determinado extracto social, pero dejando constancia de ello.

Sin ánimo de caer en la caricatura, pero sí con conciencia de los límites metodológicos, intentaré explicar la preocupante situación en la que domina en nuestros poderes públicos un relato que paradójicamente está siendo destruido sistemáticamente por toda la literatura científica y académica, y cómo existe otro relato, lamentablemente minoritario, que no consigue salir – por mucho que venga avalado en esa enorme carga de estudios y tratados – de la sospecha descalificadora de “buenismo”.

El primer relato cuenta cómo una persona, si tuvo que abandonar su país, su lugar natural, probablemente fue porque algo malo habría hecho, dado que nadie abandona su patria por gusto, y sin embargo otros se quedan. Su persecución – si es política por meterse en follones, si económica por vago, si social por raro – es su responsabilidad, y el hecho mismo de que venga huyendo justifica nuestra precaución y resquemor. Es, además, “extranjero”, lo que le asocia a todas las categorías históricas negativas, desde bárbaro a invasor. Huye por tanto y llega a nuestro sagrado suelo, patria y patrimonio privado de los que lo ocupamos, exigiendo un trato favorable al que no tiene derecho, sino como mucho, la graciosa concesión de los que aquí le vamos a aguantar, o no, según nos convenga y sólo si nos conviene y mientras nos convenga. Este es nuestro dominio, ganado por derecho divino, de conquista, y de sangre. Cuando llega aquí está obligado a adaptarse, a portarse mejor que nadie, a no molestar y ceder el paso, a pedir permiso para todo, y si así no lo hace, justo es que se le expulse, se le elimine y nos olvidemos de él. Su presencia aquí, como mucho tolerada, debe impedirse antes (contención de flujos), debe castigarse si se produce (represión) y en caso de que llegue a ser tolerada, sólo en cuanto y por cuanto nos suponga molestia alguna (discriminación). La integración, sólo si cumplen esas condiciones, será cosa y esfuerzo suyo. La Administración, pobrecita ella, debe lidiar con un difícil problema, y merece toda la comprensión y facilidades.

Este, sin duda, con todos los matices y moderaciones que se quieran introducir, es el relato del que parte la política de todos los partidos de la derecha y de una buena parte del partido socialista; de la legislación vigente, tanto la procedente de Europa como la genuinamente nacional; es el relato que ha ido calando desde ese estrato hacia una buena parte de la población, a pesar de la vacuna natural que ha supuesto para nuestro país su reciente pasado de emigración y exilio. Y lo más curioso es que sus postulados ya sólo se defienden explícitamente por la resurrecta ultraderecha – aquello de “los españoles primero”—mientras el resto por un lado hace cruces contra tal discurso, en tanto lo practica con entusiasmo.

Nuestra legislación, concebida y pensada en unas muy concretas circunstancias, allá por el año 85, se hizo sobre un perfil sociológico del inmigrante que no tiene nada que ver con el actual, pero paradójicamente sigue asentada sobre lo que en ese momento, también, fue ese relato, que tristemente perdura y peligrosamente se consolida. Y digámoslo con claridad, ese relato no es erróneo, equivocado, confundido: es falso.

Ahora viene lo de que “y no lo digo yo”, sino que lo dice…. Y nos encontramos un sinfín de tratados, estudios, análisis, informes, prospecciones, datos, hechos, compendios, recopilaciones…. La comunidad académica en general, de todas las disciplinas posibles, está clamando por un relato al que conducen elementales nociones de Justicia, derechos humanos de todos (porque o son de todos o no son de nadie), Historia, economía, demografía, psicología, sociología, antropología, teología… todo el elenco de las llamadas ciencias humanas:

Razones históricas de peso han conducido a que en este momento un primer mundo opulento se haya construido sobre el expolio de las riquezas – sobre todo humanas y culturales – de otros pueblos, formados por personas que hoy se ven forzadas, sin ninguna responsabilidad más allá de una personalidad valiente como para no conformarse en la miseria y la falta de futuro, a acudir a un espacio opulento, mundialmente publicitado en una aldea global, que proclama que todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad y derechos. Endurecidos, están dispuestos a luchar y trabajar a cambio de que se les respete un mínimo de dignidad que pasa por nuestra propia coherencia, y en lugar de ello se encuentran muros construidos desde un relato de falsa superioridad y miedo a perder nuestras propiedades. Su presencia entre nosotros no sólo será saludable para ellos, sino que nos es necesaria o muy conveniente, para resolver gran parte de nuestros problemas y para mejorar nuestras expectativas. La Administración, obcecada con un relato falso, se empeña desde su prepotente posición de poder, en hacer la vida imposible a los inmigrantes, con la esperanza de que se cansen y terminen yéndose por su propio pie, ya que no se les puede expulsar.

Ambos relatos, descriptivos de forma extrema de una misma situación, no son en absoluto compatibles, y desde luego, no existe un tercer relato intermedio. Los intentos de mixtificación terminan por rendirse ante la fuerza negativa del primer relato, y la comodidad de no tener que emprender las acciones que exige el segundo relato.

Ante esta dicotomía, las publicaciones se suceden y amontonan, las reflexiones se complementan, los datos sobreabundan desde prácticamente todos los puntos de vista en la necesidad y positividad de encontrar un tratamiento a la inmigración coherente con nuestros propios valores, y aun avisan - leyendo los libros de Historia - de las consecuencias que nos amenazan a nosotros mismos por practicar ese discurso. Sin embargo los investigadores giran una y otra vez alrededor de la paradoja de una evidencia invisible, se topan contra un muro de cerrazón en el que puede más el intento de evitar lo inevitable que la inteligencia de acoger lo necesario.

Somos responsables de las reacciones que provoquemos. Sin ánimo de justificar me resulta casi inexplicable que no nos enfrentemos a explosiones de rabia, lo cual dice mucho en favor de la civilizada autocontención de los protagonistas de nuestro relato. Clamar por la integración sin reconocer un igual derecho a la dignidad, y un digno derecho a la igualdad, no es sino profundizar hasta la estupidez en la contradicción intrínseca del falso relato. El trato que se da a los inmigrantes avergüenza a diario, aunque sólo algunos medios de comunicación destacan sólo algunos extremos, enfrentándonos a fronteras ensangrentadas, atropellos sin garantías, campos de concentración a los que ponemos bonitos nombres, ignorancia de las consecuencias que puedan acarrear expulsiones que se ejecutan con pasmosa indiferencia, criminalización sistemática, discriminación sostenida. Y una aplastante complicidad entre poderes públicos, en la que una necesaria tutela efectiva de los derechos humanos queda huérfana.

¿Cómo hemos llegado a tamaña disfunción sistémica de dominio de un relato falso? ¿Es, quizá, una nueva edición más de las dificultades por imponer un relato racional frente al irracional? ¿Es la propia dificultad intrínseca de que se desarrolle una oposición de relatos, en lugar de un diálogo entre discursos? No voy a entrar en odiosas comparaciones con otros conflictos contemporáneos que seguro nos vienen a la cabeza. Lo que me interesa es buscar soluciones a un problema que me provoca, sobre todo, una permanente perplejidad.

Alemania, gobernada por una de las pocas derechas europeas que no casualmente ejerce el cordón sanitario a la ultraderecha, acaba de empezar a revertir el discurso con una reforma de sus leyes migratorias que abandona la sacrosanta cláusula de protección del empleo nacional, y demuestra de paso que el relato científicamente avalado puede ser ideológicamente transversal – recuerdo cuando en España un ministro de la derecha construyó una reforma tristemente defenestrada poco después por sus propios compañeros de partido – y no necesariamente la pancarta de unos rojos irredentos. Europa, otra fuente de moderación y apertura, ha sido tomada al asalto por el grupo de Visegrado y tiembla en un rincón ante la amenaza del populismo ultra, aunque sus ciudades se rebelan contra reediciones de la maledicencia pueblerina de casino y sacristía.

En España seguimos sosteniendo políticas basadas en el triduo siniestro de contención/represión/discriminación (la integración ni está ni se le espera). Sobre leyes que no hacen sino reproducir ese relato desautorizado y sobre las que mejor no abrir demasiados debates – Virgencita que me quede como estoy –, con una Secretaría de Estado y un omnipresente Ministerio de Interior que enarbolan ese relato como dogma de fe, con unos tribunales despistados que desde su torre de marfil no se enteran de una realidad que empieza a ser sangrante, tropezando una y otra vez en el maldito relato falso, y esperando – ya saben lo último que se pierde – que el futuro gobierno progresista se atreva a hacer algo en un sentido coherente con esa autodefinición.

Sin embargo, nada haremos si no conseguimos revertir la profunda anomalía en que vivimos, y si no se empieza a sostener el relato avalado por las ciencias sociales frente al ya desautorizado como mero prejuicio falso. Recientemente acudí a un encuentro de periodistas de inmigración organizado por la Fundación “porCausa” donde se defendía una nueva narrativa, pero coincido con Pepa Bueno, allí ponente, en que cambiar las formas, poner el foco en lo humano, destacar el drama que estamos creando, no basta si queremos superar la objeción de acusarnos de “buenismo”: hay que resaltar, reivindicar, argumentar, imponer, un relato racional y fundado. Responder, quizá, con el siguiente “zasca”: no es “buenismo”, es inteligencia.