JORDI SERRANO I BLANQUER

Que nadie se ponga nervioso. Cuando alguien plantea hacer un nuevo ministerio todo el mundo piensa que tendremos que pagar un nuevo edificio y luego lo llenaremos de nuevos funcionarios que estarán a la espera de no sé cuantas nuevas instrucciones para crear nueva burocracia. No, no se trata de eso, se trata de plantear cómo conseguir políticas para la emancipación juvenil que sean realidad en este mandato.

Cuando en los años ochenta uno de los mejores directores generales del Instituto de la Juventud, Magdy Martínez, quiso establecer por primera vez políticas serias, realizó un primer Plan Integral de Juventud. Se trataba de establecer un nuevo método de trabajo institucional que fuera transversal, es decir, que afectase a distintos ministerios. Se trataba de hacer política contra el paro juvenil –Ministerio de Trabajo–, sobre vivienda –Obras Públicas–, el servicio militar –Defensa–, etc. El Plan Integral fue un éxito técnico y político de dimensiones extraordinarias.

Nunca tanto ministro, ni tanto secretario de Estado, ni tanto director general –ni antes, ni después– ha tenido que dialogar con 200 personas de diversas instituciones y de la sociedad civil. Y éstas dieron la batalla en cada comparecencia. ¡Qué tiempos donde uno se levantaba y criticaba a un ministro! ¡Qué valentía del director general invitar a representantes de organizaciones juveniles tan combativas!

Sin embargo cuando se evaluó el plan, la conclusión fue agridulce; se había hecho un buen diagnóstico, se habían propuesto buenas soluciones, pero los responsables políticos no hacían el caso necesario a un simple director general. Por eso la última conclusión fue que las políticas de juventud necesitan de un nuevo instrumento político.

Pongamos un ejemplo. La gente con alguna sensibilidad hacia los jóvenes era consciente de que el servicio militar obligatorio en los años ochenta era una rémora para las políticas de izquierdas y seguramente el elemento de distanciamiento más claro de los jóvenes hacia las políticas progresistas. Pero si esto era muy claro para cualquier político cercano a los jóvenes, era muy diferente para Felipe González. Se necesitaba un ministro que velara por las políticas de juventud en el Consejo de Ministros. Por ello planteamos ya en el año 1999, de cara a las elecciones de 2000, la necesidad de realizar políticas para la emancipación juvenil acompañadas de la creación de un Ministerio de la Juventud.

Planteamos este Ministerio como símbolo del compromiso de la izquierda con los jóvenes. Ni nuevos edificios (Ortega y Gasset y Marqués de Riscal, son suficientes), ni más funcionarios.

Algo de todo esto ha pasado en estos cuatro años. Si bien la opción de la izquierda ha sido clarísima, el resultado para los jóvenes es limitado en cuanto a la precariedad laboral y el acceso a la vivienda. Es verdad que ahora hay menos paro juvenil (18%) que en el año 2004 (22%) y un poquito menos de precariedad laboral (53% en 2004 contra 51% ahora). También se ha construido más vivienda social que en la etapa anterior. Pero los cambios son demasiado tenues. Seguramente ha habido otras prioridades, pero esta legislatura tiene que ser la legislatura de la juventud. Pedro Solbes, a punto de la jubilación, tiene que ser un poco más sensible a la juventud en cuanto a su financiación y plantear becas razonables y no solo simbólicas.

El porcentaje que dedicamos a educación en relación al PIB en España es de los más reducidos de Europa. El porcentaje del gasto público en educación que se dedica a becas en España es del 7%, cuando la media europea es del 17% y en Suecia del 28%. Las becas deben estar suficientemente dotadas de manera que permitan, como a los suecos, la primera emancipación estudiando. Creemos que bajando los niveles de paro juvenil por debajo del 10% y los índices de precariedad laboral juvenil por debajo del 15%, es posible mejorar las posibilidades de emancipación juvenil. Ahora bien, la administración pública haría bien en predicar con el ejemplo. En el conjunto de las administraciones públicas españolas la precariedad laboral es del 20% y en los ayuntamientos del 32%. Ya es hora de plantearse un programa de actuación para reducirlo a los niveles razonables (un 5%). ¿Cómo, si no, un ministro puede dirigirse a los empresarios exigiéndoles compromiso y responsabilidad social, si en la administración pública se está haciendo lo mismo?

Si están pensando en cómo se paga todo esto, les diré que estoy planteándome hacer una acción de insumisión fiscal y no desgravarme los 400 euros, se los doy a Pedro Solbes para que –si todo el mundo hiciera lo mismo– con el billón de pesetas pueda hacer una política generosa de becas estudiantiles. ¿Alguien piensa sinceramente que un ciudadano se hace de izquierdas para pagar menos? Es más, ¿alguien piensa que alguien se hace de izquierdas para tenerlo más fácil en esta vida? Si alguien piensa así es que nunca ha sido de izquierdas y además tiene una visión mezquina de la vida. Soy de los que prefieren vivir en una sociedad con más presión fiscal y con mejores servicios públicos.

Crear un Ministerio de la Juventud puede favorecer que en el Consejo de Ministros los temas que preocupan a los jóvenes no queden relegados ante el ruido ensordecedor de la derecha.

Jordi Serrano i Blanquer es Director de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia

Ilustración de Mikel Casal