JOAQUIM SEMPERE

El aumento de apoyo ciudadano a Evo Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), se puede explicar por muchos factores. Se han destacado desde las páginas de Público algunos de los más importantes, que se pueden resumir en su política valiente de recuperación del control de los recursos del subsuelo y la adopción de políticas sociales de protección a los más desfavorecidos. Las rentas del petróleo han sido esenciales para financiar esas medidas sociales.

Pero la popularidad de Evo Morales seguramente tiene que ver con otros factores que han facilitado un cambio sensible de percepción de la vida política por la gente de la calle gracias a medidas que le llegan al corazón.

Al acceder por vez primera a la Presidencia del país, en diciembre de 2005, Evo Morales aplicó de inmediato una promesa electoral: reducir su salario de presidente en un 57%. Esta medida acarreó la reducción de los ingresos de otros muchos altos funcionarios, porque en Bolivia la ley prohíbe que ningún miembro de la organización de Estado y de la función pública cobre más que el presidente de la República. La gente quiere hechos más que palabras. Y agradece que un gobernante haga gestos que permitan pensar que no aspira a lucrarse con su carrera política, sino a servir al pueblo.

Otro logro de su primer mandato es haber promocionado a personas con un historial en los movimientos populares y ciudadanos, en organizaciones sindicales y vecinales. El propio partido del presidente se había constituido en gran medida a partir de activistas de esos movimientos, que no arrastran los vicios frecuentes entre quienes se han dedicado largos años a la política institucional. El nuevo personal gobernante tiene así un crédito que, a juzgar por los resultados electorales, goza de buena salud.

Una tercera baza de Morales es haber tomado medidas que representan para la mayoría indígena del país el final de su marginación histórica. Esto es visible no sólo con la presencia de muchos quechuas y aymaras en cargos públicos, sino también con una mayor presencia de la filosofía y de los valores indígenas en la vida del país.

Esto se puede ilustrar con un ejemplo. La ministra de Justicia del primer Gobierno de Morales, Casimira Rodríguez, explicaba con las siguientes palabras la incorporación de los “usos y costumbres” tradicionales al mundo de la justicia formal: “De pronto dos hermanos tienen un contencioso, cada uno un lotecito, cada uno con llamas, ovejas y vacas; van a la justicia ordinaria y las vacas van pagando la justicia, así pasan cinco años sin que ninguno ceda. Finalmente en la comunidad se enteran de que ya han perdido sus vacas y no han resuelto el problema. La autoridad de la comunidad les pregunta si quieren resolverlo. En un día se parte la mitad del terreno y sin gastos. Así, muchas veces, los problemas se pueden resolver transparentemente, tan sólo escuchando”. He aquí una buena herencia de la tradición autóctona. “Otra diferencia

–añadía la ministra– es que en la Justicia comunitaria la sanción no incluye la cárcel (generalmente se opta por el trabajo comunitario o la expulsión de la comunidad), mientras que en la Justicia ordinaria normalmente el conflicto se agranda con la cárcel”.

El Gobierno, según la ministra, no pretende instalar la justicia ancestral, sino lograr la convivencia de esta con el derecho moderno. En Europa estamos ensayando la justicia de proximidad, los juicios rápidos, los procedimientos de mediación entre víctima y agresor. En Bolivia, buscando también fórmulas más ágiles, baratas y transparentes, recuperan a la vez su identidad cultural y tratan de insertarla en los esquemas modernos de organización social y política, cosa muy distinta de un simple retorno al pasado sobre bases tradicionalistas e identitarias. En Europa no se acaba de entender el potencial de renovación social y política de los movimientos llamados de la “autonomía indígena”, que tendemos a ver sólo en clave identitaria y llenos de peligros particularistas y comunitaristas. De hecho, la izquierda boliviana ha sido un crisol de sindicalismo obrero moderno e indigenismo, facilitado por la composición prácticamente indígena en su totalidad de los movimientos populares. La Constitución, por otra parte, declara su adhesión a la Carta Universal de Derechos Humanos, que excluye la tortura y el trato degradante, y por tanto rechaza las prácticas tradicionales que puedan violar la Carta.

Obsérvese, pues, que el proyecto del MAS no se ancla en valores tradicionales. Su reivindicación del protagonismo indígena no es un retorno al pasado, sino un salto hacia delante que incorpora valores democráticos de progreso social. Una señal

inequívoca de ello es la fuerte presencia femenina en cargos públicos, incluido el Gobierno de la nación, en clara ruptura con el machismo tradicional de la sociedad boliviana. En el primer Gobierno de Evo Morales hubo cuatro mujeres, y la tónica se ha mantenido. Casimira Rodríguez, una de ellas, era de familia quechua pobre. Desde los 13 años fue trabajadora doméstica, a veces sólo a cambio de techo y comida. Promovió la Organización de Trabajadoras Domésticas de Bolivia, desde la que impulsó la primera ley, en 2003, que reguló el horario y otros derechos de estas trabajadoras.

La voluntad pedagógica de los dirigentes del MAS –muy alejada del populismo que a veces se le achaca– es evidente en este caso, como lo es en la autorreducción del sueldo del presidente. De momento, este país supuestamente atrasado está dando lecciones –a quien quiera aprovecharlas– para renovar la política y acercarla a la ciudadanía. Su Gobierno está mostrando con medidas valientes que la población trabajadora, marginada, pobre y étnicamente ninguneada puede sentirse protagonista de sus destinos y lograr conquistas sociopolíticas impensables hace tan solo unos años.

Joaquim Sempere es profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona

Ilustración de Mikel Casal