Es un rumor que, de tan extendido, adquiere tintes de verdad: el Congreso está plagado de fantasmas que cada madrugada recorren sus estancias y pasillos. Así lo han atestiguado en reiteradas ocasiones quienes prestan servicio en el turno de noche de la magna institución. Hay quien afirma además que estos hechos paranormales se deben a la existencia de un cementerio, ubicado en el antiguo convento del Espíritu Santo, que, construido en las postrimerías del siglo XVI, fue devastado por el fuego más de doscientos años después, en 1823. Sobre aquellas cenizas se levantó el actual Palacio.

También corren rumores en el actual Senado, edificado sobre un colegio religioso perteneciente en su día a la Orden de Ermitaños de San Agustín, acerca de la existencia de seres espectrales. En este caso conviven además con fantasmas de carne y hueso, que encuentran en la denostada institución su plácido retiro en las sombras. Sus fantasmagóricas señorías fueron quienes decidieron construir, allá por 1987, una piscina/sauna en el sótano del edificio, un aljibe antiincendios tal y como se le denominó en los planes urbanísticos. En octubre de 1992, curiosamente, en ese aljibe se desató un incendio fortuito cuando la última persona en utilizarlo, un cargo electo que representaba la soberanía de la nación, olvidó desconectar el sistema de calor del jacuzzi. Corrieron rumores respecto a su identidad y las malas lenguas de la época afirmaron que no estaba solo cuando acaecieron estos fantásticos hechos hoy ya olvidados.

Yo afirmo con plena convicción que nuestras Cortes Generales, Congreso y Senado, mantienen aún ese carácter claramente fantasmagórico. Esa es mi opinión al menos respecto a los trabajos que se realizan para alcanzar un gran Pacto Educativo, al que continuamente apelan públicamente quiénes menos interés tienen en dotar a la Educación de los recursos que urgentemente necesita. En la subcomisión del Congreso que aborda los trabajos para alcanzar el mencionado Pacto, sus señorías se reúnen a puerta cerrada y apenas conceden declaraciones a la prensa para afirmar que los trabajos están bastante avanzados. Por sus palabras sutilmente podemos intuir sus posiciones. Y se muestran absolutamente ofendidos cuando desde Unidos Podemos informamos sobre los avances de la subcomisión y mostramos sin tapujos cuáles son nuestras propuestas para el Pacto Educativo que nuestro país requiere. Los fantasmas, como de sobra es conocido, temen la luz y la claridad.

En el Senado también se trabaja sobre el Pacto Educativo. Aquí, a la comisión se le llama Ponencia de Educación. En una primera fase, que concluyó el pasado 19 de febrero, comparecieron los consejeros y consejeras de todas las comunidades autónomas. Faltó Catalunya, eso sí. Algunas esperábamos la comparecencia de Íñigo Méndez de Vigo, ministro y conseller al mismo tiempo gracias a la aplicación del artículo 155. Pero, como hemos dicho antes, las presencias espectrales huyen siempre de la luz y solo entre las sombras encuentran su particular razón de ser. Los representantes de los diferentes territorios habían de responder a un cuestionario organizado en dos bloques. Por un lado, balance y diagnóstico de la situación actual del sistema educativo. Por otro, nueva organización de nuestro modelo. De sus respuestas, nada nuevo bajo el sol. Aquellas comunidades gestionadas por el PP reproducían en el cuestionario fielmente el argumentario de su partido, mientras que las gobernadas por el PSOE hacían más de lo mismo.

No obstante, en el turno de preguntas y respuestas intercambiadas entre representantes autonómicos y senadores, sí tuvimos la oportunidad de vislumbrar cuáles son los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo en materia de Educación que involucre a las cuatro principales fuerzas del actual paisaje político.

En primer lugar, hay quiénes ponemos el acento en la necesidad de superar la segregación escolar existente no sólo por razones étnicas, migratorias y de alumnado con necesidades educativas especiales, sino también por razones fundamentalmente económicas. En todos y cada uno de nuestros territorios, y esto es una realidad objetiva, se está imponiendo un doble modelo educativo: un modelo público infrafinanciado y una escuela privada y concertada que, por otra parte, recibe cada vez más fondos públicos. Y en este escenario, el PP es incapaz siquiera de aceptar que la solución a esta cuestión central pasa necesariamente por aceptar que el eje vertebrador de nuestro sistema educativo sea la escuela pública.

Mientras desde Unidos Podemos queremos dar un papel protagonista a la sociedad en su conjunto, y a la comunidad educativa en especial, para implementar los cambios que son necesarios, PP, PSOE y Ciudadanos prefieren un acuerdo tejido en las sombras. Así es, porque mientras madres, padres, estudiantes y profesorado, que son quienes viven cotidianamente la realidad de nuestro sistema educativo, tienen ya las recetas para garantizar el éxito escolar en un futuro inmediato, hay quien prefiere un pacto por arriba ignorando las reivindicaciones de la comunidad educativa. En España no es posible soñar la escuela que se quiere, porque espectros trasnochados una y otra vez quieren cortar las alas a soñadores y soñadoras.

Hay un consenso generalizado respecto a la necesidad de mejorar la financiación de nuestro sistema educativo, pero nadie se moja. Todas las autonomías, al igual que el gobierno central, por más que se empeñen en negarlo, han recortado las partidas presupuestarias destinadas a Educación durante la época de vacas flacas que aún vivimos. Hay quienes prefieren circunscribir su política educativa al lanzamiento de proclamas y, por otro lado, estamos aquellas que preferimos reivindicar la necesidad de cimentar nuestro futuro como pueblo en la Educación, alcanzando los niveles de financiación de países como Dinamarca y Finlandia, a los que algunos partidos se refieren frecuentemente y que, sin embargo, no aspiran a imitar por ejemplo en inversión educativa. Un ejemplo claro lo constituye la gratuidad de la etapa que va desde los 0 hasta los 3 años de edad. Aunque es coincidencia común reclamar su necesidad, algunos afirman sin rubor alguno que es una apuesta a materializar dentro de 15 años.

En Educación también PP y Ciudadanos compiten en una pulsión recentralizadora. Asustan algunos planteamientos que confunden la necesidad de dar una igualdad de oportunidades real a nuestros jóvenes con homogeneizar nuestro sistema educativo. Minuto a minuto, día a día, la “España, una, grande y libre” que parecen pretender niega la diversidad territorial del propio Estado Español. Se ríen, en este sentido, de la mismísima Constitución y avanzan como elefantes en una cacharrería, con una visión de nuestro modelo educativo que pretende recortar competencias autonómicas, retrocediendo décadas y dejando atrás no los errores de nuestro actual modelo, sino los avances más importantes que se han producido.

La última perla del Ministerio de Educación ha sido su propuesta para un MIR educativo. Todos y todas coincidimos en la necesidad de mejorar desde la Universidad la preparación de los futuros docentes. El PP, sin embargo, cree que la solución es introducir la variable de las prácticas precarias, devaluando las condiciones de nuestro profesorado, de esos hombres y mujeres que gracias a su esfuerzo diario se han convertido en el pilar para que nuestro sistema educativo no se derrumbe ante el huracán de recortes que lleva sufriendo ya una década.

Tenemos ante nosotros y ante nosotras la obligación de dar un salto educativo que nos conduzca desde un modelo del siglo XX a uno que permita afrontar los retos del siglo XXI. Hay quién propone recetas más propias del siglo XIX: precariedad, desigualdad y homogeneización. Clavi in altum.