JUAN ABARCA CIDÓN

Hace pocos meses se constituyó el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS). Esta fundación –que, por el momento, aglutina a más del 80% de los operadores sanitarios privados– tiene como objetivo poner en valor la aportación de este sector dentro del marco sanitario nacional y dotarlo de una representación acorde con su peso real en un contexto de colaboración y complementariedad con la sanidad pública. La sanidad privada, que da servicio a 8,5 millones de usuarios y sus familias, ha de contemplar en ocasiones el ataque deliberado por parte de quienes, sin ningún dato objetivo, consideran que la sanidad privada, la sanidad que deciden elegir libremente tantos usuarios, es, per se, de mala calidad.

En el artículo titulado “La sanidad española”, publicado a finales de julio en este periódico, su autor trataba de justificar la falta de inversión en sanidad pública denunciando que se estaba prodigando lo que él denominaba “la polarización de la sanidad” en privada y pública, destacando la primera por cuestiones fundamentalmente hosteleras y la segunda, y cito textualmente, porque “es mucho mejor en la calidad del personal y apoyo científico tecnológico que la sanidad privada”.

En ocasiones, el desconocimiento o la falta de información sobre el funcionamiento del sector sanitario en nuestro país hace que se lancen mensajes que en nada favorecen al sistema en su conjunto y que están muy lejos de la realidad. En muchos casos son opiniones fácilmente refutables que, sin menospreciar en ningún caso a la sanidad pública, podrían rebatirse haciendo un listado pormenorizado sobre dónde se encuentran los principales avances tecnológicos de este país a nivel sanitario. No voy a entrar en ello en este artículo, aunque quiero dejar claro que la calidad del sector sanitario privado está fuera de toda duda, como lo demuestra por ejemplo el hecho de que, año tras año, más del 85% de los funcionarios, a través de Muface, eligen libremente el sistema de sanidad privada frente al sistema sanitario público. Tomando este ejemplo como referencia, o el simple hecho de que hay millones de usuarios que mantienen un doble aseguramiento, me pregunto: ¿en base a qué se llegan a esas conclusiones respecto de la sanidad privada?

Lo único que es válido y objetivo para determinar la calidad en sanidad son los resultados sanitarios y, hoy por hoy, no hay ninguna institución pública, sí las hay privadas, que los exponga públicamente. Ni siquiera sirve como indicador el índice de satisfacción de los usuarios precisamente por su subjetividad. El único análisis válido que se puede hacer es por especialidades, por la morbilidad y la mortalidad de los procesos y por el pronóstico y la evolución de las enfermedades. Todo lo demás y las comparaciones que se puedan realizar –que, por cierto, siempre vienen desde el mismo lado y demuestran una gran animadversión hacia el sector privado– lo único que contribuyen es a aportar confusión a los ciudadanos, producir el desaprovechamiento de los recursos sanitarios y empeorar en general la oferta sanitaria de este país.

Se da la circunstancia de que la sanidad privada, a diferencia de lo que ocurre en los países de nuestro entorno, no está integrada, sino que es complementaria al sistema público, ya de por sí universal y gratuito. Además, la sanidad privada está sufragada principalmente de forma voluntaria por unos cuantos millones de usuarios a través de mutuas y aseguradoras a las que realizan unos pagos que contribuyen directamente a descargar el gasto sanitario público, ya que lo que se realice en el sector privado se lo ahorran las arcas públicas. Se estima que este ahorro supone 1.300 euros por persona y año. Por tanto, parece bastante ina-

decuado, sobre todo en tiempos de crisis, echar tierra sobre un sector que contribuye de forma directa a la sostenibilidad del sistema.

Aunque existiera una sanidad privada con escasos medios y recursos –que no es el caso, afortunadamente–, la actitud debería ser muy diferente. No hay que olvidar, además, que el sector privado está sometido a la legislación vigente y que las autoridades ya se encargan de velar por que se cumplan unos mínimos en la calidad de los medios y servicios que se dispensan.

Por tanto, insisto, ¿cuál es el fundamento que hace que se concluya que la sanidad privada es peor que la sanidad pública? Y ¿qué pensaran los 300.000 trabajadores del sector cuando se está poniendo permanentemente en tela de juicio su profesionalidad y su dedicación?

En este país, afortunadamente, disponemos de uno de los mejores sistemas sanitarios públicos que existen en el mundo. Y dadas las dificultades que se plantean en la cada vez más compleja asistencia sanitaria, tener un sistema público universal y gratuito es un auténtico lujo que no comparte casi ningún ciudadano de los países de nuestro entorno. Pero esto no hace que sea admisible que se critique de la forma que se hace, con tan poca base y de forma gratuita, un sistema sanitario privado que también es un lujo y un éxito para nuestra sociedad, precisamente porque compite con un sistema sanitario público de cobertura universal y gratuito.

Lo único que debería ser válido en un tema tan serio y sensible como la salud son los resultados sanitarios. Con lo que realmente habría que acabar es con la polarización sanidad pública-sanidad privada, porque hay hospitales públicos y privados que son referencias nacionales e internacionales y también hay otros centros, tanto en un sector como en el otro, que habría que replantear.

Por eso habría que abogar, entre todos, por hacer exigibles los resultados sanitarios. Lo demás es demagogia.

Juan Abarca Cidón es medico y abogado. Secretario General del IDIS

Ilustración de Alberto Aragón