Cada 10 de octubre se celebra el día mundial contra la pena de muerte. Se trata de poner en común las acciones y trabajos de gobiernos y organizaciones no gubernamentales de todas partes en favor de la abolición de la pena capital.

Desde el año 2010 se manifiesta también la comunidad académica, pues el fundamento de la abolición se asienta también en sólidas bases y saberes científicos, jurídicos y sociales. Fue un año en el que bajo el impulso del presidente José Luis Rodríguez Zapatero se constituyó la comisión internacional integrada por los gobiernos de más de 15 países, que presidió el bioquímico Federico Mayor Zaragoza. A su vez, a fin de apoyar esa organización intergubernamental se creó con participación de instituciones científicas de cinco continentes una red académica internacional contra la pena de muerte.

El rechazo a la pena capital comienza a producirse tras los juicios y ejecuciones de Nuremberg y con la rebelión moral contra la crueldad humana manifestada en los campos de concentración y de exterminio del nacional-socialismo.

La Comisión de las Naciones Unidas que elaboró la declaración universal de derechos humanos, presidida por Eleonor Roosevelt, primera mujer al frente de una institución internacional, se planteó el tema al proclamar el derecho a la vida, pero no hubo consenso para hacer más precisiones.

Un gran avance se produce en 1966 con la aprobación del Pacto Internacional de derechos políticos cuyo texto sanciona el modelo de la abolición para los países que ya la han abolido, excluyendo la marcha atrás, y estableciendo severas restricciones a su empleo en los países que la siguieran aplicando. Son las llamadas “salvaguardias” del artículo 6 del pacto, que establece que “en los países en los que no se haya abolido la pena capital solo podrá imponerse por los más graves delitos”, y proclama la obligatoriedad de un juicio justo previo, la existencia de un sistema de indultos, la exclusión de los menores de 18 años y de las mujeres embarazadas.

Con estas salvaguardias se puede afirmar que vulneran el derecho internacional los países que imponen pena capital por delitos como la blasfemia, el adulterio, las prácticas homosexuales, o delitos de tráfico de drogas. La intervención de los académicos encabezados aquí por el catedrático emérito de Oxford Roger Hood es que solo cabe la pena capital por delitos capitales, es decir homicidio y asesinato.

A su vez, el artículo 7 proclama que “nadie puede ser sometido a torturas ni a penas ni tratos crueles inhumanos o degradantes” y desde que lo que acontece en las cámaras de ejecución en los Estados Unidos resulta conocido en todo su horror en tiempo real y en todo el mundo se ha venido asentando la opinión de que el precepto citado excluye los métodos de ejecución conocidos hasta hoy.

Métodos inhumanos

Desde que se suprimió la pena de horca, por su crueldad y efecto vergonzante, se ha pretendido sustituir por métodos “más humanos”. Así se presentó el garrote, llamado español a pesar de su origen chinesco, la “científica” guillotina, o la innovadora silla eléctrica, que reinó hasta que se supo que no poco reos morían con llamas saliéndoles por la cabeza. La cámara de gas fue rechazada también por su inseguridad cruel.

Hasta ahora ha venido siendo empleada la inyección letal con compuestos de laboratorio. Pero en esta aldea global se ha sabido hace poco más de 10 años que la mayoría de las ejecuciones son una chapuza que acaba con la vida humana entre grandes sufrimientos de más de media hora.

Cuando las protestas subieron de tono en los Estados Unidos alguno pretendió recurrir a la silla eléctrica y el Fiscal jefe tuvo que responder que solo quedaba una y estaba en un museo. Por cierto, fue una invención fruto de la competencia entre Thomas Edison y Nicolás Tesla, ofrecida por el primero como método de utilización de la corriente alterna para poder graduar la intensidad de las descargas.

Pablo Ibar y Joaquín José Martínez

Hoy a los ojos del público norteamericano se produce un movimiento que denuncia la crueldad de las ejecuciones, después de muchos años de despertar ante el horror de los numerosos inocentes que pudieron establecerse como tales con la novedosa aplicación del análisis de ADN de los aherrojados en los corredores de la muerte, como en el que estuvo nuestro Joaquín José Martínez, feliz hoy en Valencia, y donde estuvo 16 años Pablo Ibar, hoy cumpliendo cadena perpetua. El estudio de las emociones y de su transmisión es un gran reto que contribuirá a alejar a la humanidad de las prácticas crueles.

Acabar con la pena de muerte y el seguimiento de la declaración de Naciones Unidas en pro de la moratoria conducente a la abolición es una gran causa de la opinión pública mundial, fundada en el conocimiento de que es una pena siempre inhumana, cruel y que no sirve, además, como las ciencias sociales establecen, para conseguir reducir la criminalidad. Se sabe bien que son otros los factores determinantes.

Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation