Vicenç Navarro

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas por la Universidad Pompeu Fabra

Una de las respuestas que los partidarios de mantener la Monarquía en España dan frecuentemente al argumento de aquellos que proponen el establecimiento de una República es que en este momento de enorme crisis financiera y económica tal tema es secundario frente a las enormes dificultades que el país tiene para salir del enorme bache económico en el que se encuentra. En mis discusiones con algunos amigos dirigentes de partidos políticos, sobre todo de sensibilidad socialista, esta respuesta es una constante. Aunque simpatizan con el proyecto republicano, creen que éste es un tema de interés muy secundario en este momento.

Entiendo que tales amigos piensen así, pero creo que se equivocan porque hay una relación clara entre la enorme crisis económica, financiera y política del país y el dominio del establishment conservador sobre los aparados del Estado, liderado por el Monarca. Veamos los datos.

A la vuelta de mi largo exilio indiqué que la transición de la dictadura a la democracia no había sido “modélica” tal como la sabiduría convencional la había definido. Antes al contrario, aunque hubo cambios muy significativos permitiendo el establecimiento de una democracia, el enorme dominio que las fuerzas conservadoras tenían sobre los aparatos del Estado (y la mayoría de los mayores medios de información tanto públicos como privados), la limitó enormemente, dando como resultado una democracia enormemente empobrecida. Indicadores de ello hay miles. Por citar sólo uno: no existe hoy en España ni un solo rotativo de izquierdas a nivel nacional. Ni que decir tiene que existen voces de izquierda en los medios de mayor difusión, pero siempre en una situación muy minoritaria y prácticamente marginal.

Una consecuencia de este enorme dominio conservador en la vida mediática y política del país es el enorme retraso social de España y la subfinanciación de su Estado del Bienestar. Treinta y cuatro años después de establecerse democracia, España continúa a la cola de la Europa Social. El gasto público social por habitante continúa siendo el más bajo de la UE-15 (el grupo de países de la UE que tienen semejante nivel de desarrollo económico al nuestro). Y los recortes actuales acentuarán todavía más este retraso social. He documentado extensamente (ver mi libro El Subdesarrollo Social de España: Causas y Consecuencias. Anagrama. 2006) que este subdesarrollo social se debe al enorme poder que las fuerzas conservadoras (bien en su versión cristianodemócrata, bien en su versión liberal, es decir, neoliberal) tienen sobre la vida política y mediática en España. Es cierto que el partido socialdemócrata ha gobernado España por amplios periodos de tiempo, conllevando cambios substanciales en España. Pero su potencial de cambio ha venido muy marcado por las limitaciones impuestas por los poderes fácticos económicos y financieros a los cuales frecuentemente se ha adaptado, convirtiéndose, paradójicamente, en su defensor.

¿Quiénes causaron la crisis económica y financiera?

Para responder a esta pregunta hay que observar que España comparte con otros dos países del sur de Europa –Grecia y Portugal- este enorme retraso social. Estos países, junto con España, son también países que están en una profunda recesión (en realidad, como bien acentuó el Financial Times, en una Gran Depresión). El hecho de que estos tres países sufran una gran crisis económica y financiera no es por casualidad, pues todos ellos tienen en común que en su historia las fuerzas ultraconservadoras han dominado los espacios financieros, económicos y políticos del país. Su influencia sobre sus Estados ha sido enorme. Esta enorme influencia explica que todos ellos tengan Estados muy represivos (tienen el mayor número de policías por 10.000 habitantes de la UE-15), con muy escasa sensibilidad social (tienen el porcentaje de la población adulta que trabaja en el Estado del Bienestar más bajo de la UE-15), y con limitadísimo impacto redistributivo. Son también los países que tienen mayor fraude fiscal, la mayoría del cual es realizado por las grandes fortunas, las grandes empresas (como Repsol) que facturan más de 150 millones de euros al año, y la banca (como el Banco Santander, cuyo presidente Emilio Botín ha evitado ser juzgado por fraude fiscal con la complicidad de los gobiernos de turno, incluido el socialista). Los ingresos al Estado son los más bajos de la UE-15, con la mayoría de ellos procedentes de la gravación de las rentas del trabajo, que al disminuir, resultado de la explosión de desempleo, ha creado un enorme agujero en las cuentas del Estado, llamado déficit público.

Las soluciones a la enorme crisis son relativamente fáciles de ver (ver el libro que Juan Torres, Alberto Garzón y yo hemos escrito, Hay alternativas: Propuestas para crear empleo y bienestar social en España). Todas ellas consisten en dar un giro de 180 grados a las políticas que se han aplicado. Se requieren políticas expansivas en lugar de restrictivas de gasto público con el intento de crear empleo, y estimular la demanda y el crecimiento económico. La financiación de tal estímulo debe basarse, no en los flujos de los famosos mercados financieros, sino en una reforma fiscal profunda que genere tales recursos. Si, por ejemplo, el fraude fiscal de las grandes fortunas, grandes empresas y la banca (que cometen el 72% de todo el fraude fiscal en España) se corrigiera, el Estado ingresaría 66.000 millones de euros, con los cuales, entre otras medidas, se podrían crear cinco millones de puestos de trabajo, eliminando el paro en España. Si España tuviera un adulto de cada cuatro trabajando en sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios de atención a la dependencia y otros (tal como tiene Suecia), en lugar de uno de cada diez (como tenemos ahora), España no tendría desempleo. El argumento de que no podríamos financiar tal expansión ignora u oculta deliberadamente que si los impuestos como porcentaje del PIB en España fueran los mismos que Suecia, España ingresaría 200.000 millones de euros más, cantidad más que suficiente para reducir el déficit y crear aquellos cinco millones de nuevos puestos de trabajo.

Hay alternativas a las políticas de austeridad

No es cierto que tales políticas no puedan realizarse y que no se puedan hacer porque el Consejo Europeo, la Comisión Europea o el Banco Central Europeo no lo tolerarían. Corregir el fraude fiscal o aumentar los impuestos del capital, por ejemplo, no está prohibido en la Eurozona. La externalización de responsabilidades a fin de imponer políticas altamente impopulares es la práctica más frecuente utilizada por el establishment financiero, económico y político español para promover el argumento de que no hay alternativas, consiguiendo con ello lo que siempre han deseado: disminuir la protección social y debilitar al mundo del trabajo. Hay que romper con la visión generalizada, incluso entre las izquierdas, de que, a no ser que Europa cambie (solía antes decirse a no ser que el capitalismo colapse), no hay nada que pueda hacerse en España. He escrito extensamente criticando la manera como las instituciones europeas citadas han dificultado el crecimiento económico español. Pero no es cierto que España, incluso en la situación actual, no pudiera seguir otras políticas, incluyendo políticas fiscales redistributivas y creación de empleo.

Sabemos, por lo tanto, como se puede salir del agujero. Pero su falta de consideración de tales posturas (cuando no su marginación en los debates) se debe a causas políticas que tienen que ver con el enorme dominio de aquel establishment ultra-conservador heredado del régimen dictatorial anterior, establishment liderado por el Monarca. Véanse los continuos votos de lealtad al Monarca por parte de la banca, de la gran patronal, de los mayores medios, de la Iglesia, de la derecha política y un largo etcétera. Y este Monarca es el Jefe del Ejército, de donde deriva en última instancia la garantía de continuidad del sistema. Es un poder enorme que dificulta la puesta en marcha de medidas que nos permitirían salir de la crisis. Ahora bien, España no podrá salir de ella y corregir su enorme retraso social sin cambios muy sustanciales en tal estructura de poder y el establishment que genera.

De ahí que en un momento como el actual, donde se ve con tanta claridad que las instituciones llamadas representativas están captadas por los intereses financieros y empresariales que imponen unas políticas que no estaban en los programas electorales de los partidos gobernantes y que están causando un enorme daño a las clases populares, España esté experimentando una crisis no sólo financiera y económica, sino también política. La legitimidad del sistema político español nunca ha sido tan baja. Y de ahí el enorme temor de tal establishment, que explica su enorme represión, criminalizando la resistencia, incluso pasiva, de la población que protesta, con razón, por la imposición de tales políticas.

Pero el temor de las fuerzas conservadoras debería ser la oportunidad de las fuerzas progresistas. Hay que cambiar este establishment financiero, económico, político y mediático a fin de desarrollar la segunda transición de una democracia incompleta a una democracia completa, que permita que se tomen las medidas que cambien las políticas públicas que se están desarrollando. Para ello es necesario cuestionar la pervivencia del centro de aquel establishment, la Monarquía, que es un elemento clave de la estrategia de permanencia de tal injusta distribución de poder. Sé que con un tono condescendiente, algunos de mis amigos, principalmente socialistas, me dirán que las posibilidades reales de que ello ocurra son casi nulas. Pero en esta actitud reflejan más su constante y frustrante moderación y adaptación a la estructura de poder que una lectura objetiva de la realidad. La Monarquía está perdiendo rápidamente su artificialmente creada popularidad. Los movimientos sociales de mayor composición juvenil están enarbolando más y más la bandera republicana. Véanse las fotografías de las manifestaciones de protesta. La historia, incluida la historia española, está llena de ejemplos de que cuando las clases populares se movilizan pueden conseguir lo que desean. Desde la caída del muro de Berlín hasta el fin de la dictadura en España (desde 1974 a 1976 España tuvo el mayor número de huelgas y movilizaciones políticas en Europa) se ve que las movilizaciones populares y las agitaciones sociales tienen impacto.

Una última observación. Algunos monárquicos utilizan el caso de los países escandinavos mostrando que el sistema monárquico puede ser compatible con sociedades avanzadas y progresistas. Tal argumento ignora, sin embargo, el contexto político que determinó la existencia del sistema monárquico en aquellos países y en el nuestro. Al Monarca español lo nombró el dictador, y la función de la Monarquía era precisamente dejar bien atado todo lo que pudiera haber quedado deshilachado. Y se consiguió. No debería olvidarse que la misión de las fuerzas progresistas es precisamente deshilacharlo para conseguir la democracia por la que millones de españoles lucharon sin nunca conseguirlo. Hoy, sin una segunda transición a una mayor democracia en España, no habrá salida de la horrible crisis que el país está viviendo. Un país en el que el 50% de la juventud no encuentra trabajo no puede aceptar la continuidad de unas instituciones tan poco representativas y sensibles a las necesidades de las clases populares. De ahí que la demanda de una mayor y mejor democracia y de resolución de los enormes problemas sociales sean idénticas hoy en nuestro país.