María Llanos Castellanos

Doctora en Energía Eólica, exconsejera de Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha y exdirectora de Política Local del ministerio de Política territorial.

Con ocasión de la abdicación de D. Juan Carlos se ha abierto en la sociedad española una discusión latente y que siempre había sido postergada con argumentos que solían incluir términos como pacífico, miedo, estabilidad, incluso agradecimiento. Era previsible que en un tiempo donde se cuestiona un sistema que elige a la mayoría de sus actores cada cuatro años se discutiera la admisibilidad de una institución que erige como razones de pervivencia el linaje y la herencia en el primogénito.

En este estado de cosas, como a perro flaco todo son pulgas, al PSOE le pilla el debate sin haber discutido en voz alta y entre todos sus integrantes que postura adoptar en esta tesitura (ya se sabe que ha abundado en la casa socialista el mensaje de “ahora-no-toca”). Así que en estos días, tras el sorpresón real, cada uno ha salido por donde ha podido: que si nuestra tradición tiene hondas raíces republicanas, que si referéndum y que si pacto del 78 que no hay que romper.

Todo es verdad, pero no todo vale para justificar que a estas alturas la institución monárquica tenga algún valor añadido que aportar al panorama político e institucional de España. Hablar ahora de lo hecho en el pasado solo tiene valor para quienes probablemente ya no estén dentro de 30 años y precisamente lo que demandan los que sí estarán, son razones y argumentos para defender la vigencia en el futuro. Esgrimir la hoja de servicios de Juan Carlos I no sirve ahora sino para hacerle merecedor de una cálida despedida y de un juicio social agradecido. Pero es evidente que no sirve para justificar por qué hay que pagarle el sueldo al hijo y preservar su papel institucional. Y tampoco sirve hablar de que la monarquía aparece recogida en la Constitución del 78 como si fuera palabra esculpida en piedra. Las Constituciones se cambian y lo sabemos bien nosotros que estamos postergando el cambiar la nuestra cuando es evidente para todo el mundo sensato que urge hacerlo.

No obstante, a mi juicio sí que hay razones hoy para optar por la conveniencia de que exista Rey mañana y que tienen mucho que ver con la naturaleza compuesta y diversa de nuestro Estado y con la viabilidad de una posible reforma constitucional que aborde estas diferencias. No voy a hacer aquí una defensa marcial de que el Rey es el garante de la unidad de España (voces de estas hay ya de sobra); muy por el contrario, me gustaría sugerir que la figura del Rey es la garantía de éxito en el reconocimiento constitucional de naciones diferentes bajo un símbolo de convivencia común y con un proyecto de futuro conjunto.

En una tesitura futura de reforma territorial y de forma del Estado al tiempo, al reparto de competencias entre gobierno autonómico y gobierno de España habría que añadirle el reparto entre la jefatura del gobierno (presidente del gobierno) y la jefatura del Estado (presidente de la República); así las cosas, y por expresarlo con rapidez nos encontraríamos con un Presidente de la República (supongamos que elegido indirectamente entre las filas del Partido Popular) que se situaría institucionalmente sobre dos iguales, presidente de la Generalitat (pongamos por caso) y Presidente del Gobierno, con atribuciones que por débiles y representativas que fueran, existirían y se ejercerían desde la disciplina de un partido político. Pues bien, si algún elemento faltaba a la tensión España-Cataluña (hablo de estos actores en este momento pero es evidente que pueden cambiar), este sería el detonante final. No habría árbitro, componedor ni mediador que rebajase tensión y diera a todas las partes la sensación de caber bajo su paraguas, como ocurre en Bélgica o en Reino Unido (y de hecho creo que esta reflexión está en el fondo de esa aceptación de Mas de acudir a la ceremonia de coronación).

En un país multinacional (le pese a quien le pese, pues como diría Serrat, no es triste la verdad lo que no tiene es remedio) la solución pasa por situar dos ejecutivos elegidos directamente con atribuciones claras y potentes y una Jefatura del Estado, simbólica, diplomática y que sirva de bisagra entre elementos que a veces rozan y chirrían. Decían ayer en un programa de entretenimiento: ¿qué prefieres a Felipe VI o a Aznar de Presidente de la República? Yo lo tengo claro. Para los que apostamos por encontrar fórmulas de conllevanza entre España y Cataluña, o entre España y País Vasco, la institución que mejor puede mantener este modelo de unión blanda, reconociendo diferencias y singularidades es hoy por hoy la Monarquía.