VICENÇ NAVARRO

En cualquier país del mundo hay personas que se mueren como consecuencia de enfermedades de origen laboral, es decir, que adquieren su enfermedad como resultado de las condiciones existentes en su lugar de trabajo. No así en España. Según las cifras oficiales de enfermedades profesionales que publica el Estado español, en España nadie muere como consecuencia de una enfermedad laboral. Según tales estadísticas, ninguna persona murió por este motivo en 2000, en 2001, en 2002, en 2003, en 2004, y fue sólo en 2005 cuando sólo tres personas murieron debido a enfermedades adquiridas en su trabajo. ¡Algo realmente sorprendente!

Las causas de este hecho extraordinario pueden ser dos. Una es que aquí, en España, las condiciones de trabajo son tan excelentes que nadie muere debido a una enfermedad laboral. La otra razón es que haya un subregistro enorme de este tipo de mortalidad. Y esto es lo que ocurre. Los expertos del Observatorio Laboral de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), uno de los centros científicos en Salud Laboral más creíbles en el país, han estimado que atendiendo a la estructura laboral de España fallecen nada menos que alrededor de 14.000 hombres y más de 2.000 mujeres por enfermedades contraídas en su lugar de trabajo. Estas cifras son fáciles de calcular, pues hay un conocimiento científico muy avanzado sobre la incidencia, prevalencia y tasas de mortalidad de las distintas enfermedades laborales que esperaríamos encontrar entre los trabajadores según su tipo de trabajo y según sus condiciones laborales. De esta manera el Observatorio Laboral ha calculado que hay 9.400 muertes de cáncer al año de origen laboral, más 3.600 muertes de enfermedades cardiovasculares también de origen laboral, y algo más de 1.700 muertes de enfermedades respiratorias también de causa laboral. Pues bien, ninguna de ellas aparece en aquel registro oficial de muertes por causa laboral.

Este subregistro ocurre también en el registro de enfermedades laborales, incluyendo las muy graves; subregistro que ha ido aumentando en los últimos años. Mientras que la población laboral ha aumentado de 15 a 17 millones en los últimos seis años, el número de casos graves de enfermedad profesional se ha reducido, según tal registro, de 191 en el año 2000 a 120 en 2005, lo cual es imposible que se deba a una disminución de las enfermedades laborales o al descenso de su gravedad. La causa de esta situación es también un escandaloso subregistro. Según las estimaciones publicadas del mismo Observatorio Laboral de la UPF, el subregistro alcanza un 64% de todas las enfermedades laborales, porcentaje que alcanza un 100% en las enfermedades más graves, como es el cáncer de origen ocupacional. En realidad las cifras oficiales reconocen sólo 30.000 casos anuales de enfermedades profesionales, la inmensa mayoría de ellas leves y sin baja. Las cifras reales, sin embargo, son mucho mayores. Se estima que un 9% de trabajadores y un 13% de trabajadoras (un total de 2 millones de personas) padecen alguna enfermedad o dolencia resultado de su trabajo.

Después de leer estos datos, el lector se preguntará: ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo puede ser que en España haya trabajadores que mueren y se enferman constantemente y diariamente sin que se registren las causas de sus muertes?

Para responder a aquellas preguntas, tenemos que mirar quién se beneficia y quién sufre de esta situación. Comencemos con los que se benefician. Y muy en primer lugar, aparecen las Mutuas Patronales de Accidentes y Enfermedades Laborales, que hacen todo lo posible e imposible para que tales enfermedades y causas de muerte no se reconozcan y se registren, evitándose así pagar a los familiares, en caso de muerte, la pensión que les correspondería por ley, o abonar los costes de atender a tales enfermos a las instituciones sanitarias que cuidan a los pacientes que tienen enfermedades laborales. Tales Mutuas llegan a enormes extremos con toda la batería de abogados, profesionales llamados expertos, políticos próximos a ellos (la mayoría de derechas, pero también algunos de izquierdas) para que la verdad no se conozca y se haga algo sobre ello. El análisis de cómo actúan debería ser materia de más de una película o documental televisivo. Ninguno se ha hecho. Hoy tales Mutuas están entre los fondos de dinero privado más importantes existentes en España. Su poder económico y político es enorme.

¿Quiénes pierden? Ahí la lista es larga. En primer lugar los trabajadores y sus familiares. Las Mutuas no pagan la pensión laboral (que es mayor que la pensión normal de la Seguridad Social) a los familiares, viudas o viudos o dependientes del trabajador muerto y que les corresponde por ley. El hecho de que haya tal subregistro significa un enorme ahorro a las Mutuas Patronales. Tal ahorro es el origen de sus enormes beneficios, que se basan en el sacrificio de los familiares de los muertos. Pero otra víctima del subregistro es el Servicio Nacional de Salud y las CCAA que pagan por los servicios sanitarios de tales enfermos cuando, por ley, tales servicios sanitarios debieran ser pagados por las Mutuas laborales. El coste para las CCAA es enorme, alcanzando casi el 14% del coste total del servicio público sanitario.

¿Por qué no hace algo el Gobierno central, que es el que puede hacer algo? La respuesta es la misma que la respuesta a la pregunta de ¿por qué el Estado no hace algo sobre el fraude fiscal que alcanza a ser 82.000 millones de euros al año? La respuesta es la enorme influencia económica y política de tales grandes grupos económicos y de las clases más pudientes de nuestra Sociedad. Es lo que solía llamarse “poder de clase”, del que nadie habla en nuestro país. Pero les aseguro que continúa existiendo.

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra

Ilustración de Javier Olivares