Las fiestas patrias en Perú nos han dejado imágenes que duelen en su contraste. Por un lado, la cabecilla del régimen, Dina Boluarte, se paseaba en descapotable entre las unidades de uniformados durante el tradicional desfile militar del pasado 28 de julio y daba discursos sobre su condición de presidenta concertadora y mujer de paz en el colmo del cinismo; mientras la policía, por órdenes suyas, reprimía con violencia a las mujeres indígenas llegadas de las regiones andinas para exigir la renuncia de la usurpadora, la restitución del presidente Pedro Castillo y justicia para sus hermanos muertos.

No hay independencia que celebrar en un país capturado por una mafia que atraviesa todos los niveles del Estado con la concupiscencia de los medios de comunicación y el poder económico. Un gobierno y un congreso sin legitimidad popular empeñados en atacar el concepto mismo de ciudadanía, negando el derecho a la protesta. La situación del Perú es hoy la del colapso político. El saldo de esta catástrofe democrática son ya meses de movilizaciones, represión y el duelo de pueblos y familias por medio centenar de asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad como ha sido ampliamente documentado.

El sistema se ha agotado pero se aferra con uñas y dientes y tiene cara de mujer. Otras peruanas, sin embargo, se han levantado contra ese empoderamiento de gases y balas, contra este feminismo de la guerra y el decreto. La participación política de las mujeres, en su mayoría de indígenas de zonas rurales, tanto en sus territorios como en sus desplazamientos a Lima, ha provocado una reacción virulenta reflejada en persecuciones, detenciones arbitrarias y más criminalización. Como ya lo decía la dirigente campesina Lourdes Huanca, quien sigue fuera del país a causa de ello, lo que hay en el Perú es un golpe de Estado contra los pueblos indígenas.

Un informe realizado por la Delegación Feminista Plurinacional, articulación de compañeras de varios países de la región, recoge muchísima información sobre las condiciones en que hoy se lucha en Perú y cómo están siendo amenazadas mujeres, lesbianas, travestis, trans, disidencias sexuales, comunidades originarias, negras, campesinas y urbanas, jóvenes, deudos, masacradas, heridas y presas.

Aunque hay una mayoría abrumadora de hombres entre los asesinados por la represión, al menos dos mujeres fueron víctimas de crímenes selectivos pues eran dirigentes de las rondas campesinas. Sin embargo, como señala el informe, la violencia no deja de ser patriarcal, racista y colonial porque se ejerce contra miembros clave de la comunidad con el fin de desarticularla y debilitar su organización. Entre los muertos hay muchos menores de edad. Aunque el feminismo hegemónico no lo reconozca, a través del asesinato, maltrato y detención de hombres, jóvenes y niños de la comunidad, se violenta también a las mujeres.

A la violencia policial que vienen sufriendo las mujeres aymaras durante las protestas en Lima se le ha sumado el ensañamiento y estigma. De boca del propio ministro de educación, replicado por los medios, se les ha comparado con animales, asegurando que estos saben criar mejor a sus hijos que ellas que los usan como escudos humanos. Las dirigentes han defendido su derecho a manifestarse pacíficamente con sus bebés sin ser golpeadas y gaseadas. La artista peruana Daniela Ortiz escribió: “Les parece fascinante ver a una mujer con su bebé a la espalda cosechando la papa que luego se van a comer en un restaurante cinco estrellas de la nueva gastronomía peruana en Lima, pero cuando esa mujer hace una actividad política con su hija lo que se hace es cuestionar esa maternidad”.

Como respuesta a las detenciones de madres con sus hijos, se inventan protocolos desde el Estado para plantear estrategias de protección de esos menores en caso de detención de la madre, como si quien los pusiera en riesgo no fuera el propio Estado policial sino ellas. Esto abre la puerta a posibles procesos de quita de custodia. La activista feminista María Ysabel Cedano afirmaba hace poco que a las quechuas durante la dictadura de Fujimori les impidieron que sigan reproduciéndose mediante las miles de esterilizaciones forzadas y ahora durante el gobierno de Boluarte se demoniza a las madres que protestan.

La criminalización pasa por perseguir a mujeres que llevan las cajas de resistencia para sus estancias en Lima. Por llevar cierta cantidad de dinero pueden ser detenidas, encarceladas e incluso condenadas. También contra las mujeres que históricamente han llevado las ollas comunes y el cuidado de la vida para alimentar a quienes protestan. Hemos vuelto a ver, como en los 80s y 90s, a mujeres yendo a los cuarteles a preguntar por sus familiares, recogiendo sus cadáveres sin que nadie asuma la responsabilidad. A las maestras en las escuelas las han criminalizado por dejar que sus niños y niñas canten lemas contra Boluarte y se les abre investigaciones si hablan de lo que ocurre a sus estudiantes. Durante la intervención y allanamiento de la universidad pública San Marcos se abusó sexualmente de las mujeres detenidas. Reporteras de medios feministas como Wayka son todos los días amedrentadas por hacer su trabajo.

Tras una pandemia que dejó hambruna, enfermedad y muerte a su paso, son estas las condiciones en que deben luchar las mujeres en Latinoamérica y en el Perú. Desde hace años todo el que disiente de las elites oligárquicas, de sus operarios mediáticos y transnacionales, en suma toda persona de izquierda, toda persona que quiere un cambio social, sobre todo si es indígena, quechua o aymara, es tachado de terrorista. Pero lo que hay en mi país tiene un nombre clarísimo: se llama terrorismo de Estado. Y hay que combatirlo.